Judith Marín (Partido Social Cristiano) asume el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género con un recorrido político que despierta inquietudes. En 2025, sugirió la necesidad de «evaluar» el Ministerio, insinuando su posible disolución o fusión como parte de un recorte del gasto público.
Es crucial recordar que esta institución no es un símbolo ni un lujo: es una política de Estado forjada durante más de 35 años, respaldada por el esfuerzo de miles de mujeres, y por el impulso de organizaciones de la sociedad civil —feministas, comunitarias, sindicales y de derechos humanos— que han luchado por su creación y fortaleza ante la desigualdad y la violencia.
El desafío radica en su comprensión de «política para las mujeres», considerando que antes de asumir su cargo, cuestionó la existencia de la institución que ahora lidera. En Chile, el Ministerio no es solo un símbolo: es la vía de acceso para coordinar programas a nivel territorial (a través de SernamEG) que garantizan la autonomía y supervivencia de mujeres en situaciones críticas.
Cuando desde el poder se propaga la idea de que la institución «quizás no funcione» y se plantea su fusión o redirección, el mensaje que reciben los equipos en primera línea es devastador: su labor puede ser subordinada a la austeridad y a prioridades políticas que ignoran la realidad cotidiana.
Surge así una tensión ineludible. Marín ha adoptado una postura clara en contra del aborto, y su entorno político-religioso ha convertido este asunto en un terreno de movilización. Sin embargo, el aborto en tres causales es ley en Chile desde 2017 (riesgo vital, inviabilidad fetal letal y embarazo por violación). ¿Qué ocurre cuando la autoridad que debe garantizar «equidad de género» está alineada políticamente con la restricción de decisiones que afectan desproporcionadamente a mujeres vulnerables? Lo habitual: las que tienen recursos resuelven en silencio, mientras que las que no, sufren las consecuencias con salud y autonomía comprometidas.
Cabe destacar que socavar una institución no siempre implica un recorte claro. A veces, es más sencillo y perjudicial: despriorizar, dilatar, sustituir el enfoque de derechos por uno centrado en «familia» y «valores», o convertir un ministerio en un ente ornamental sin poder para coordinar esfuerzos intersectoriales (salud, justicia, educación, trabajo). Esto lleva a que la política pública ignore la desigualdad estructural para enfocarse en «conductas individuales». Y adivina quién es señalada: la mujer que «no denunció correctamente», «eligió mal», «no se cuidó», o «no se esforzó lo suficiente».
No debemos olvidar que el discurso de Marín ha estado impregnado de referencias a una «crisis moral» y ciertos enfoques religiosos. Esta visión no es neutral. Históricamente, los enfoques moralizantes han reforzado estereotipos de género que posicionan a las mujeres como responsables de la familia y el bienestar social, incluso en detrimento de su propia seguridad y autonomía.
Cuando estos principios se infiltran en la política pública, las estrategias de prevención de la violencia se debilitan, se minimiza la violencia psicológica y económica, y se desvía la responsabilidad del agresor y del Estado hacia el comportamiento individual de las mujeres. La experiencia demuestra que, en estos contextos, las mujeres denuncian menos, acceden a menos apoyo y permanecen más tiempo en relaciones abusivas.
Finalmente, es importante subrayar que el riesgo político de este nombramiento no recae únicamente en Judith Marín. Se manifiesta como un signo de época, que permite al Estado, en este caso bajo el gobierno de Kast, tratar los derechos de las mujeres como un tema discutible y prescindible. Y en un país donde miles buscan ayuda cada año, esto no es un debate técnico: es una decisión con implicaciones humanas profundas.
Por todo lo anterior, demandamos a la ministra y al gobierno compromisos claros y públicos, verificables y con plazos definidos para: (1) fortalecer, y no debilitar, la red territorial y los equipos que sostienen la respuesta estatal; (2) asegurar la continuidad de financiamiento y técnica de programas de prevención y atención; (3) resguardar el enfoque de derechos, la autonomía de las mujeres y la coordinación intersectorial; y (4) garantizar el pleno cumplimiento de la legislación vigente y los estándares de derechos humanos pertinentes.
Como directiva de la Asociación de Funcionarias y funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estaremos vigilantes, ya que en política pública los indicios son significativos. Cuando se cuestiona la institucionalidad que protege a quienes viven en mayor riesgo y desigualdad, no se ahorra: se pierde. Porque si el Estado se aparta, ese costo recae sobre las mujeres más vulnerables. Y ese costo se traduce en vidas, libertad y oportunidades para las futuras generaciones de niñas y adolescentes.
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