Chile no atraviesa actualmente una crisis económica en el sentido estricto. Aunque la inflación, que alcanzó casi un 14 % tras la pandemia, ha sido controlada, y ahora se sitúa alrededor del 3,4 %, uno de los logros macroeconómicos del último período. No hay indicios de hiperinflación, ni colapsos productivos, ni desorden fiscal significativo. Sin embargo, este orden se ha logrado a un alto costo social. La economía presenta un desempleo cercano al 8,4 % y un empleo informal que ronda el 26 % de la población ocupada, evidenciando un mercado laboral frágil y de poca calidad. Por lo tanto, no se trata de una crisis abierta, sino de una realidad más sutil: una recuperación frágil que, surgida de un duro ajuste ya soportado por la ciudadanía, depende casi exclusivamente de la demanda interna. Este es el aspecto clave que debe guiar cualquier debate serio sobre el futuro económico hacia 2026.
La Encuesta CASEN 2024 deja en evidencia las limitaciones de esta recuperación. El 17,0 % de los hogares en Chile vive en situación de pobreza por ingresos, lo que representa 1.213.201 hogares. De estos, 6,9 % se encuentran en pobreza extrema, es decir, cerca de 495 mil hogares que no logran even garantizar una canasta básica de subsistencia. En otras palabras, uno de cada seis hogares vive al borde, incluso en un contexto de inflación controlada y estabilidad macroeconómica.
Ampliando la perspectiva, el panorama es aún más desafiante. La pobreza multidimensional, que mide privaciones simultáneas en educación, salud, vivienda, trabajo y redes sociales, afecta al 13,4 % de los hogares y al 17,7 % de las personas, lo que equivale a más de 3,4 millones de personas con privaciones significativas en su vida cotidiana. Estos datos revelan una verdad incómoda: la estabilidad macroeconómica no se traduce automáticamente en bienestar social, y la vida sigue siendo frágil para una parte considerable de la población.
En este contexto, la demanda interna se destaca como el principal pilar del equilibrio económico. Según la CEPAL, el crecimiento del PIB chileno en 2024 fue de 2,3 %, de los cuales 1,8 puntos porcentuales provinieron del consumo privado. Sin embargo, en 2025, el aporte del consumo se redujo a 1,6 puntos, y para 2026 se espera que se ubique alrededor de 1,4 puntos, con un crecimiento total cercano al 2,3 %. La conclusión es clara: Chile está creciendo lentamente, impulsado por el consumo de los hogares, no por un boom exportador ni por un significativo aumento de la inversión privada, sino por el mercado interno.
Sin embargo, este mercado interno es débil. La CASEN 2024 indica que la mejora en los ingresos desde 2022 se debe, en gran medida, a transferencias estatales y al aumento del salario mínimo, más que a un fortalecimiento sostenible del empleo formal y de calidad. El mercado laboral sigue siendo el eslabón más frágil del modelo, y cualquier disminución de la demanda interna afecta primero el empleo precario.
Según datos del INE, alrededor del 26 % de los trabajadores opera en condiciones de informalidad, cifra que es más alta entre mujeres, jóvenes y trabajadores con baja calificación. Una parte importante del empleo generado en la recuperación post-pandemia corresponde a trabajos por cuenta propia de baja productividad, que existen, pero no aseguran estabilidad ni protección social. En este contexto, la reducción del consumo o del gasto público no “ajusta” la economía: precariza aún más el empleo y empuja a más personas hacia la informalidad o el desempleo.
Este aspecto es crucial para entender el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Las PYMES representan cerca del 65 % del empleo en Chile y dependen casi completamente del mercado interno. No tienen acceso a financiamiento internacional a bajo costo, no exportan materias primas estratégicas y no pueden resistir caídas prolongadas del consumo. Su principal activo es que las personas tengan ingresos y gasten.
Surge aquí una confusión deliberada en el debate público. Hoy en día, las pequeñas y medianas empresas ya disfrutan de una tasa reducida del Impuesto de Primera Categoría, que para 2025 se ha reducido temporalmente al 12,5 %, como medida de apoyo. Por otro lado, las grandes empresas tributan al 27 %. En otras palabras, el alivio tributario para las PYMES ya está en vigor. El problema fundamental que enfrentan no es el impuesto, sino la debilidad de la demanda.
Por lo tanto, una política que reduzca el gasto público, la inversión estatal o el empleo no “libera” a las PYMES: les quita clientes. Cada recorte se traduce en menos circulación de recursos en los territorios, menos ventas para el comercio local, menos contratos para servicios, y en última instancia, más informalidad y mayor cesantía. El ajuste no se queda en el ámbito fiscal: afecta directamente a las comunidades.
Aquí se hace relevante la advertencia presentada en el documento “Gobernar sin crisis: el riesgo de fabricar una crisis artificial II”. Ajustar en ausencia de crisis puede ser tan perjudicial como no hacerlo en tiempos de crisis. Actualmente, los datos sugieren que la economía se encuentra estable, pero socialmente tensa. Crear una crisis mediante ajustes innecesarios no fortalecería la confianza ni aceleraría el crecimiento: haría recaer el ajuste sobre los hogares que ya soportaron el costo del control inflacionario.
La CASEN 2024 confirma que no hay un colchón social que permita afrontar un nuevo ciclo de contracción. Los hogares con menor ingreso no poseen ahorros significativos, enfrentan altos niveles de endeudamiento y dependen del empleo y del gasto público para mantener su consumo. Con más de 3,4 millones de personas en pobreza multidimensional y uno de cada seis hogares por debajo de la línea de pobreza por ingresos, el margen de maniobra es mínimo.
Defender la demanda interna no es inmovilismo ni populismo, sino prudencia económica basada en la evidencia. En un país donde el desempleo se encuentra alrededor del 9,4 %, donde el 26 % del empleo es informal, donde las PYMES dependen del mercado interno, y donde la recuperación sigue siendo frágil, debilitar intencionadamente el principal motor disponible es una jugada de alto riesgo social, económico y político.
La estabilidad existe, pero es inestable. Y cuando se gobierna en un equilibrio frágil, el empleo es la primera variable que se ve afectada, y lo demás sigue.
Fuentes consultadas:
- Encuesta CASEN 2024, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
- Resultados de Ingresos, Pobreza por Ingresos, Pobreza Multidimensional y Pobreza Severa, CASEN 2024
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