El Gobierno había optado por nombrar a la ex Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz García, como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. Sin embargo, este nombramiento generó controversias políticas, administrativas y jurídicas, incluyendo cuestionamientos relacionados con un caso de violencia sexual infantil que había sido elevado al sistema interamericano de derechos humanos. Tras semanas de tensión, La Moneda decidió dar marcha atrás y nombró a la abogada Macarena Cortés Camus en su lugar.
Por Claudia Molina B.| FACTOS
La designación de Patricia Muñoz García al frente del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos generó grandes expectativas. Con una trayectoria como ex fiscal y primera Defensora de la Niñez, su nombramiento parecía alinearse con el objetivo de esta nueva institución: asegurar la representación de personas sin recursos y fortalecer la defensa de las víctimas dentro del sistema judicial.
No obstante, el nombramiento pronto se convirtió en un foco de conflicto, afectando al menos cuatro áreas: política, administrativa, jurídica y simbólica.
Desde la oposición, especialmente la bancada de Renovación Nacional (RN), se acusó al Gobierno de un intento de “amarre” institucional, al realizar esta nominación pocos meses antes del cambio de mando y bajo la situación de embarazo avanzado de Muñoz, lo que le aseguraba fuero maternal por un tiempo prolongado. La bancada presentó un oficio a la Contraloría General de la República cuestionando la legalidad y efectividad del nombramiento, señalando que el Servicio iniciaría con su máxima autoridad de licencia médica.
Aparte del debate sobre fuero y remuneraciones, había un punto crucial: el perfil de la persona que lideraría un organismo encargado de asegurar el acceso a la justicia en un país con desafíos relacionados con la infancia, la violencia sexual y la protección estatal.
El caso de F.P.M. y el sistema interamericano
La situación se complicó aún más con la reaparición de un caso de violencia sexual infantil, identificado como F.P.M. (una niña de 10 años) y P.A.M.R. (su madre). La familia había llevado su caso al sistema interamericano de derechos humanos, argumentando que el Estado chileno no garantizó un acceso efectivo a la justicia ante delitos de carácter sexual.
En este caso, la Defensoría de la Niñez, que en ese momento estaba bajo la dirección de Patricia Muñoz, inicialmente se constituyó como querellante. Sin embargo, en un momento crítico del proceso, la institución optó por desistirse de la querella, una decisión que, según el informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debilitó la posición de la víctima, ya que la efectividad de la persecución penal depende frecuentemente de la persistencia en la recolección de pruebas y en las decisiones judiciales.
Finalmente, la investigación penal fue cerrada sin que se llevara a cabo un juicio oral. Agotadas las instancias locales, la familia recurrió al sistema interamericano, denunciando falta de debida diligencia, revictimización institucional y la ausencia de garantías efectivas de protección y reparación.
El expediente interamericano, en el que el Estado chileno tuvo que presentar descargos, se convirtió en un antecedente delicado. Su relevancia aumentó cuando el Gobierno decidió nominar a una persona asociada a este proceso para liderar el organismo que tiene el mandato de proteger a las víctimas.
Un antiguo flanco en el sistema de protección
El debate sobre el nombramiento de Muñoz también reavivó un episodio crítico en el sistema de infancia: el caso del abogado Gastón Pinochet, colaborador del entonces SENAME y ministro del Tribunal Electoral del Maule, quien fue investigado por delitos sexuales hacia una menor.
En 2019, mientras existía una investigación penal en su contra, un tribunal de familia autorizó el traslado de menores institucionalizados desde una residencia bajo la gestión del abogado a una parcela de su propiedad. Esto generó un sumario y cuestionamientos sobre las fallas en los protocolos de protección de menores bajo el cuidado del Estado.
En este contexto, en 2025, el medio FACTOS había intentado contactar a Patricia Muñoz para conocer su opinión sobre este caso y la decisión institucional de no tomar acciones más contundentes. La ex Defensora de la Niñez se abstuvo de comentar. Durante la elaboración de este reportaje, FACTOS volvió a solicitar su versión; hasta el cierre de esta publicación, no se obtuvo respuesta, quedando abierta su posición para incluirla.
Presión política, riesgo jurídico y giro en La Moneda
Con el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia programado para iniciar funciones en enero de 2026, la situación se tornó más compleja para el Ejecutivo. Por un lado, la oposición mantenía vivo el cuestionamiento ante la Contraloría, planteando dudas sobre la eficacia del nombramiento, en términos de continuidad del servicio si la directora asumía formalmente, pero se ausentaba de inmediato por licencia.
Por otro lado, dentro del propio Ministerio de Justicia se alertó que el antecedente interamericano podía dañar la legitimidad del nuevo organismo desde su inicio. Nombrar a alguien vinculado a un caso donde el Estado había enfrentado cuestionamientos sobre su actuación dentro de la protección de una niña era percibido como un problema de coherencia institucional.
A esto se sumaba el contexto político, que incluía el debate sobre las conocidas “leyes de amarre”, la sensibilidad hacia nombramientos de último momento y la necesidad de que el nuevo servicio comenzara con un apoyo amplio. En ese escenario, insistir en el nombramiento original podría poner en entredicho la legitimidad del nuevo organismo tanto a nivel interno como internacional.
Finalmente, varias fuentes políticas y administrativas señalaron que La Moneda decidió dar marcha atrás. La nominación de Patricia Muñoz no se formalizó y el Gobierno comenzó a buscar en reserva una alternativa que combinará altas credenciales técnicas, experiencia en políticas de justicia y reinserción, así como menores costos políticos y jurídicos asociados.
El plan B: quién es Macarena Cortés
El 5 de enero de 2026, el Gobierno anunció la designación de Macarena Cortés Camus como la nueva directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Cortés cuenta con postgrados en justicia restaurativa (Universidad de Ginebra), gerencia social y políticas públicas (FLACSO), protección de derechos de niños, niñas y adolescentes (UNICEF – Universidad Diego Portales) y responsabilidad penal adolescente (Universidad de Chile).
Antes de su nombramiento, se desempeñaba como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con experiencia en la coordinación con Gendarmería, programas de reinserción y colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
Cortés asumió su nuevo cargo el 1 de enero de 2026, con la misión de establecer el nuevo servicio, definir su estructura organizativa y articular su funcionamiento con otros actores del sistema de justicia penal y de protección de víctimas.
Lo que revela este episodio sobre la institucionalidad chilena
La reversión del nombramiento no es meramente un hecho puntual. Revela varios elementos fundamentales:
- Peso creciente de los estándares internacionales
Los casos en el sistema interamericano ya no se limitan al ámbito diplomático; ahora tienen repercusiones directas en nombramientos, diseño de servicios y evaluación de trayectorias públicas. - Conexión entre política de infancia y política de víctimas
Las decisiones tomadas en el sistema de protección de niños y niñas —como el desistimiento de una querella o la falta de respuesta ante un caso con menores institucionalizados— pueden resurgir cuando se reconfigura la arquitectura de justicia y se buscan autoridades para nuevos organismos. - Riesgo de “amarres” vs. continuidad técnica
El debate sobre fuero maternal, la estabilidad en los nombramientos y el riesgo de amarras institucionales se cruzaron con la necesidad legítima de que nuevos servicios cuenten con una dirección efectiva y aceptada por diversos sectores. - Derecho a la crítica y derecho a la réplica
El debate en torno al nombramiento de Patricia Muñoz destaca la importancia de que las autoridades en cargos clave respondan públicamente a cuestionamientos sobre su trayectoria, especialmente en casos de alta sensibilidad como la violencia sexual infantil.
Lo que está en juego
Con Macarena Cortés al frente, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas comienza su andadura institucional sin el riesgo político y jurídico que habría conllevado insistir en el nombramiento de Patricia Muñoz. Sin embargo, las preguntas surgidas en torno a su candidatura permanecen: en efecto, queda abierta la discusión sobre cómo el Estado elige, evalúa y eventualmente descarta a sus autoridades cuando su trayectoria incluye decisiones sensibles en derechos humanos y protección infantil.
Este desenlace refleja algo más profundo que un simple “cambio de nombre”: evidencia que, cada vez más, la coherencia entre el discurso de protección y las trayectorias institucionales de quienes lideran organismos clave se está convirtiendo en una necesidad para la legitimidad en la política chilena.
Con Información de factos.cl
