El gobierno de Gabriel Boric desestima la plurinacionalidad.

Andrés Kogan Valderrama, Sociólogo, Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable, Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea

Cuando Gabriel Boric asumió la presidencia en marzo de 2022, muchos de nosotros esperábamos que se rompiera con la tradición chilena de considerar a los pueblos indígenas, como el mapuche, simplemente como un «tema de seguridad», en vez de reconocerlos como naciones con derechos plenos y colectivos.

Esto es relevante porque durante su campaña, Boric se comprometió a eliminar el Estado de Excepción en el Wallmapu, restituir verdaderamente tierras ancestrales, reconocer un Estado plurinacional y abrir un diálogo político sin la lógica represiva que ha predominado. Su primera señal al respecto fue fuerte: apenas ganó la primera vuelta electoral en 2021, se reunió con Elisa Loncón.

Quienes lo apoyamos durante un proceso constituyente que prometía romper con siglos de colonialismo, creímos que finalmente podríamos dejar atrás un Estado monocultural y uninacional que ha perpetuado la desigualdad, el racismo estructural y la exclusión territorial.

De hecho, ingresé a militar en Convergencia Social en 2021, convencido de que el proceso constituyente y la construcción de un Estado plurinacional merecían el respaldo de un partido y un gobierno que se presentaban como agentes de cambio con un enfoque en las demandas indígenas.

Sin embargo, eso no se materializó. El gobierno de Boric no avanzó hacia una transformación estructural hacia lo plurinacional; más bien, se reprodujeron y endurecieron las viejas lógicas coloniales que tanto criticaba desde la oposición. Así, la militarización del Wallmapu continuó, con la renovación constante de estados de excepción y la presencia militar en carreteras y territorios.

Desde el gobierno se argumenta que se creó la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que propuso un nuevo sistema de tierras y una agencia de reparación y justicia. No obstante, no se abordaron las causas profundas: la colonialidad estructural, el extractivismo forestal y la militarización sistemática como política estatal.

Lo mismo ocurrió con el Plan Buen Vivir: aunque se destinaron recursos a obras e infraestructura en territorios indígenas, no se alteraron las relaciones de poder ni se cuestionó el modelo extractivista. La militarización persistió, sin avances en restitución territorial ni en autodeterminación.

Así, el modelo forestal —heredero directo de la «Pacificación de la Araucanía»— permaneció intacto, agravando la crisis hídrica, la pobreza en las comunidades y las tensiones territoriales. No hubo reformas significativas al Código de Aguas ni devolución masiva de tierras usurpadas; solo anuncios aislados, diálogos sin fuerza vinculante y gestos que diluyeron la autonomía.

La derrota del proceso constituyente de 2022 —con su plurinacionalidad explícita— dejó al gobierno sin herramientas reales. En lugar de impulsar mecanismos de participación indígena soberana o una agenda descolonizadora más allá de lo simbólico, Boric eligió un pragmatismo electoral: priorizar la «paz social» a través de la coerción en lugar de la justicia histórica.

El resultado fue una mayor desconfianza en las comunidades, la criminalización constante de la protesta mapuche y un legado que se suma a la larga lista de promesas incumplidas del Estado hacia los pueblos indígenas, quienes han tenido que enfrentar gobiernos irresponsables e incompetentes que los utilizan durante campañas electorales y luego los olvidan.

En consecuencia, el gobierno de Gabriel Boric no abordó el poder económico que sostiene el extractivismo en los territorios indígenas (forestal, hidroeléctrico, minero). No desmanteló la lógica racista que considera al mapuche un obstáculo al «desarrollo». Además, no estableció alianzas reales con movimientos indígenas, prefiriendo interlocutores institucionales que diluyen las demandas fundamentales.

No obstante, esto no justifica ni avala las prácticas violentas de ciertos sectores que reivindican el asesinato de civiles como acto político en nombre de la causa mapuche. Esa es una postura condenable que se opone a cualquier proyecto de justicia colectiva. Sin embargo, es crucial recordar que esos mismos sectores también rechazaron la plurinacionalidad como vía institucional y democrática.

En resumen, el gobierno de Gabriel Boric optó por mantener el Estado colonial en lugar de llevar a cabo una transformación profunda, que trascendiera las meras comisiones sin poder real, negando la posibilidad de construir una institucionalidad que reconociera la autodeterminación, restituyera las tierras usurpadas y dejara de responder con militarización ante un conflicto histórico.

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