La extrema derecha no triunfa porque mienta mejor, sino porque se expresa en el lenguaje de una ciudadanía que busca certezas en lugar de debatir sobre derechos.
La revelación de los resultados de la Encuesta CASEN 2024, junto con informes recientes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), plantea una paradoja en la sociedad chilena:
el país cuenta con indicadores macroeconómicos relativamente estables, pero muchos sectores enfrentan fragilidad, cansancio e inseguridad. A pesar de que Chile presenta un crecimiento —aunque sea leve— no se traduce en bienestar social ni en una ciudadanía activa.
Esta desconexión no es solo técnica, sino política y, en un sentido más profundo, representa una crisis de la racionalidad pública. Mientras la economía puede mostrar cifras positivas, la vida social se ve afectada por la precariedad,
dado que el modelo de desarrollo en Chile ha logrado estabilizar balances, pero no ha logrado generar seguridad vital ni un sentido de pertenencia democrática.
Crecimiento económico y precariedad estructural
El BID ve a Chile como un actor confiable en la transición energética y en las inversiones regionales. Sin embargo, los datos de la Encuesta de Bienestar Social (EBS) y la CASEN 2024 presentan una realidad menos optimista:
el 74,1% de los hogares no podría enfrentar un choque económico inesperado, ya sea por una enfermedad grave o la pérdida de empleo.
Este resultado no se refiere a la pobreza clásica basada en ingresos, sino a una fragilidad estructural surgida tras el estallido social y la pandemia.
La economía puede funcionar, pero lo hace sobre una base social precaria, sustentada por el endeudamiento, la informalidad laboral y un mercado interno debilitado. Cerca del 26% de la fuerza laboral se encuentra en condiciones precarias o informales,
muchas veces vinculadas a plataformas digitales que trasladan el riesgo a los trabajadores. A esto se suma la estructura de empleo que ofrecen las micro y pequeñas empresas en Chile, que absorben cerca del 65% de la fuerza laboral.
Además, el crecimiento proyectado para 2026 —entre un 2% y un 3%— será insuficiente si no se modifica la matriz distributiva. Como mencionaba Zygmunt Bauman, en las sociedades modernas, la promesa de seguridad ha sido sustituida por una gestión constante de la incertidumbre.
El resultado es una población que consume sin sentir protección; que trabaja, pero vive en deuda; que vota, pero no delibera.
Este contexto ayuda a entender la transición descrita por Byung-Chul Han, de la “sociedad disciplinaria” a la sociedad del cansancio.
El individuo ya no es oprimido por una autoridad externa, sino que se siente agotado por la autoexigencia constante de sobrevivir en un entorno competitivo, inestable y sin una red de seguridad efectiva.
Así, la ciudadanía social —como planteaba Jürgen Habermas— se encuentra vaciándose progresivamente.
La democracia chilena se manifiesta como una democracia de baja intensidad: mantiene el proceso electoral, pero pierde riqueza como experiencia colectiva.
El ciudadano se convierte en un usuario de servicios y un consumidor endeudado. La política se transforma en una gestión técnica de carencias, alejándose de ser un espacio de deliberación sobre el bien común.
Inseguridad, castigo y soluciones simples
La encuesta CASEN 2024 revela un aumento en la percepción de inseguridad, especialmente en barrios populares afectados por balaceras, narcotráfico y la falta de presencia estatal, especialmente en términos de seguridad y control territorial.
Este fenómeno debe interpretarse no solo como un problema de seguridad, sino como una consecuencia de la erosión del tejido social y la retirada del Estado en áreas clave para la prevención y protección.
Cuando el Estado no puede garantizar servicios básicos como salud, educación o seguridad social, surge una demanda por soluciones de castigo.
Aquí, la contribución de George Lakoff se vuelve relevante: en contextos de fragilidad, el marco del “Padre Estricto” se vuelve políticamente atractivo, promoviendo orden, disciplina y sanción como respuestas rápidas a problemas complejos.
No es que la ciudadanía pierda su racionalidad. Como argumenta Pablo Stefanoni, estamos presenciando el auge de populismos de derecha que presentan soluciones simples a problemas complejos: endurecimiento de penas, cierre de fronteras y búsqueda de chivos expiatorios.
Estas narrativas no deslegitiman la democracia formal, sino que la reconfiguran emocionalmente, desplazando el conflicto social hacia marcos morales de obediencia y culpa.
El perdón funcional y la posverdad
Bajo este contexto, el uso político del perdón asume una función concreta. Esa cita de “padre, perdónalos, no saben lo que hacen”, analizada por Hannah Arendt, deja de ser una reflexión ética para convertirse en un dispositivo funcional:
se invita a la ciudadanía a perdonar la violencia estructural del sistema a cambio de una promesa de orden y libertad individual —emprender, competir, ser independiente.
Este reencuadre moral no se produce en un vacío: su verosimilitud se reforza cuando la institucionalidad judicial traduce el conflicto social en control, y disciplina, en lugar de garantizar derechos efectivos.
Casos de abuso policial, decisiones judiciales indulgentes y defensas públicas que desvían la responsabilidad hacia chivos expiatorios evidencian cómo la posverdad actúa como un marco defensivo, amplificado por algoritmos de redes sociales que no promueven la democracia.
No se niegan los hechos; se relativizan y subordinan a una narrativa de persecución. La responsabilidad pública se diluye en relatos.
Este desplazamiento tiene efectos profundos: debilita la racionalidad pública y refuerza la percepción de que las élites no rinden cuentas, sino que se justifican.
En un contexto de desigualdad persistente, esta percepción alimenta la adhesión a proyectos que prometen una gobernanza de orden inmediato.
Chile 2026: entre ciudadanía y desgaste
El dilema de Chile hacia 2026 no es únicamente económico o electoral. No se trata de crecer un poco más o gestionar mejor el mismo modelo, sino de reconstruir la ciudadanía social.
Superar el neoliberalismo implica, más que alcanzar metas macroeconómicas, garantizar condiciones que favorezcan la deliberación democrática.
Mientras el bienestar dependa de la caridad del mercado, y no de derechos reales, el crecimiento y la fragilidad coexistirán. Este vacío continuará siendo rellenado por populismos que ofrecen soluciones simplistas a problemas complejos.
La democracia chilena no está siendo abolida; está siendo despojada de su contenido. Cuando esto sucede, la democracia no desaparece de inmediato, se transforma en un mero procedimiento sin esencia.
Reconstruirla requiere más que buenas estadísticas; exige poner la vida social, la seguridad vital y el cuidado de lo común en el centro del proyecto democrático.
“Sin ciudadanía social, no hay democracia que perdure.”
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