La significativa inversión en hidrógeno verde planificada en Taltal está generando un debate crucial sobre nuestra soberanía, el desarrollo industrial y la preservación de nuestros cielos, un recurso estratégico de gran importancia global.
El proyecto INNA, que contempla una inversión de US$10 mil millones para la producción de hidrógeno y amoníaco verde a través de electrólisis utilizando energía solar y eólica en Taltal, está desafiando dos de las metas más ambiciosas de Chile: liderar la descarbonización mundial y conservar nuestro estatus como la capital global de la astronomía.
Si bien el hidrógeno verde es fundamental para la transición energética y promete generar empleo y exportaciones en un mercado emergente, el costo que enfrentamos es elevado. El recurso en riesgo —la excepcional calidad de nuestros cielos en el norte— es irremplazable.
Los observatorios Paranal (VLT) y Armazones (ELT), gestionados por el Observatorio Europeo Austral (ESO), han facilitado ciertos hallazgos científicos cruciales, como la comprobación de la relatividad general y la primera imagen de un agujero negro en nuestra galaxia. Su valor, tanto científico como simbólico, es inmenso.
La comunidad científica internacional, incluyendo a destacados premios Nobel, ha señalado que la proximidad del proyecto INNA —a solo entre 5 y 11 kilómetros del VLT— generaría impactos mucho más severos que los provocados por la minería o los asentamientos urbanos. Esto incluye contaminación lumínica, emisiones de polvo y, críticamente, vibraciones de turbinas y obras de construcción que podrían deteriorar la calidad de la atmósfera local de manera irremediable.
A cambio de este “monopolio natural” que Chile ofrece al mundo, el país solo obtiene un 10% del tiempo de observación para sus propios astrónomos y algunos puestos técnicos, una compensación claramente insuficiente considerando el riesgo de perder una inversión científica de más de US$1.400 millones y décadas de liderazgo global.
Mover los observatorios no es viable, ya que implicaría la pérdida total de esta inversión, la interrupción de series históricas de datos y el deterioro de la confianza de nuestros socios internacionales. Sin embargo, el proyecto INNA podría reubicarse en otros lugares del norte que también son aptos para desarrollar hidrógeno verde, aunque sus evaluadores digan lo contrario.
Esto plantea una pregunta fundamental sobre soberanía y desarrollo: ¿por qué Chile debería sacrificar un activo estratégico único para que otros países se beneficien de nuestro cielo? La protección de nuestros cielos no puede ser un acto unilateral y sin costo.
Es el momento de exigir una renegociación con la comunidad internacional. La protección de este patrimonio debe ir acompañada de una compensación justa: un “peaje” por esta verdadera servidumbre de paso, que cubra el costo de renunciar a desarrollar proyectos industriales en estas zonas y cuyos beneficios regresen a todos los chilenos.
Por Manuel Reyes, académico de la Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello.
Con Información de chilelindo.org
