Después de su tramitación en la Comisión Mixta, el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas fue aprobado con 31 votos a favor por el Senado. Ahora, deberá ser analizado por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación como Ley de la República.
Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por el Congreso Nacional, se fundamenta en los crecientes desafíos que enfrenta el sistema educativo en el país, y tiene como objetivo garantizar ambientes seguros, inclusivos y respetuosos para niños, niñas, adolescentes y el personal educativo.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó la importancia de la aprobación de este proyecto, indicando que es una transformación esencial y de carácter estructural. “Chile necesita esta ley de convivencia. Es urgente para nuestro sistema educativo. La investigación demuestra que cuando los ambientes educativos no son apropiados, el aprendizaje se ve gravemente afectado. Este proyecto tiene un profundo sentido pedagógico, y no solo es una cuestión de derechos humanos, sino que también busca la excelencia en el sistema educativo”, afirmó Cataldo.
Además, enfatizó que este avance no solo trata sobre conflictos y violencia, sino que también promueve una visión formativa a largo plazo.
El ministro también mencionó que, a pesar de las mejoras en asistencia, aprendizaje y reactivación después de la pandemia, sigue existiendo una deuda en bienestar educativo, lo que hace necesaria la aprobación de esta ley: “El indicador que más retrasa el progreso es el de la convivencia educativa y el bienestar socioemocional. Esto representa una deuda que el Estado de Chile tiene con nuestros niños y niñas y con su futuro, que también es nuestro presente”, concluyó.
Aspectos claves del proyecto
La propuesta estipula un rol activo del Estado en la promoción del buen trato y la prevención del acoso, la violencia y la discriminación. Algunas de sus medidas son:
- Implementación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional que tendrá una vigencia de ocho años, coordinando esfuerzos con ministerios como Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género.
- Asignación de un Coordinador o Coordinadora de Convivencia con dedicación exclusiva en todos los establecimientos financiados por el Estado, para fortalecer la gestión interna y el apoyo preventivo de los equipos escolares.
- Reforma de los Reglamentos Internos y Planes de Gestión de Convivencia, incorporando medidas preventivas ante riesgos como violencia, consumo de drogas y protocolos para la detección y derivación de casos críticos.
- Fortalecimiento de la Superintendencia de Educación, otorgándole un rol más activo en la fiscalización y apoyo preventivo, además de establecer el Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad.
- Actualización de la Ley General de Educación y el Estatuto Docente, que incluirá protocolos obligatorios contra el acoso sexual y laboral, conforme a la Ley N.º 21.643, y procedimientos para el reconocimiento de enfermedades profesionales relacionadas con la salud mental.
Uno de los ejes principales del proyecto es el programa de bienestar socioemocional, que reorganiza la jornada escolar completa para fortalecer el vínculo, la participación y el desarrollo integral, devolviendo el sentido a la jornada escolar completa a través de talleres deportivos, culturales y recreativos propuestos por las propias comunidades educativas.
Este programa ya se encuentra en fase piloto en 176 establecimientos de SLEP Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur, recibiendo una respuesta positiva por parte de las comunidades educativas.
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