El Congreso avanza en la implementación de un plan antidrogas para 2026, que incluye pruebas de drogas obligatorias para funcionarios.

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La ley que se está revisando propone realizar exámenes anuales a alcaldes y concejales, y si estos salen positivos podrían perder su cargo.

La agenda legislativa que establece el test de drogas obligatorio para autoridades sigue avanzando en el Congreso, buscando que, desde 2026, diversas autoridades del país se sometan a controles periódicos.

Uno de los puntos más importantes es la Ley de Seguridad Municipal, actualmente en revisión en el Tribunal Constitucional, que incluye una indicación que obliga a alcaldes y concejales a hacerse estos exámenes.

Esta norma, impulsada por la senadora Yasna Provoste, establece que los alcaldes deben someterse al menos una vez al año a un examen de consumo de drogas ilícitas.

Si alguien da positivo y no tiene un tratamiento médico validado, podría ser motivo para cesar en su cargo. Esta medida también incluye a concejales, inspectores y directores de seguridad municipal.

Si se aprueba, sería la primera regulación legal permanente que obliga a las autoridades municipales a someterse a estos controles, dejando atrás iniciativas anteriores que eran solo temporales o limitadas a ajustes normativos.

Proyectos en trámite y presión al Senado

Por otro lado, en el Congreso hay otras propuestas que buscan extender esta obligación a parlamentarios y al Presidente de la República.

Los proyectos más avanzados son los que han unido las diputadas Paula Labra, Pamela Jiles y Yovana Ahumada, que ya fueron aprobados por la Cámara y están en la Comisión de Gobierno del Senado, liderada por Paulina Vodanovic.

La falta de avance ha llevado a la diputada Labra a pedir que se priorice su discusión, advirtiendo que iniciativas similares podrían retrasar un acuerdo común. Entre ellas está el proyecto del senador Esteban Velásquez, junto a otras propuestas de Ximena Rincón, Luz Ebensperger, Sergio Gahona y Francisco Chahuán.

Todas estas iniciativas tienen un objetivo claro: prevenir la infiltración del narcotráfico en la política a través de controles obligatorios y periódicos para quienes ocupan cargos públicos, reforzando así los estándares de probidad y confianza en nuestras instituciones.

CHH

Con Información de www.chicureohoy.cl

Con Información de chilelindo.org

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