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La figura de Maduro genera muy poca simpatía en la comunidad internacional. Su régimen es ampliamente considerado antidemocrático y represivo, y ha contribuido a la inestabilidad en el hemisferio occidental en los últimos años. La ONU publicó un informe que detalla más de una década de violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos y torturas, perpetradas por su administración contra opositores políticos. Además, el año pasado, Maduro manipuló las elecciones presidenciales y ha generado una crisis económica que ha llevado a casi ocho millones de venezolanos a emigrar.
No obstante, hay una lección importante en las relaciones internacionales de EE. UU. del siglo pasado: intentar derrocar a un régimen tan polémico puede resultar en efectos adversos. Estados Unidos pasó 20 años tratando de establecer un gobierno estable en Afganistán y reemplazó una dictadura en Libia con un estado dividido. Las consecuencias de la guerra en Irak, iniciada en 2003, siguen afectando a Estados Unidos y al Medio Oriente. Además, ha habido ocasiones en que la intervención estadounidense ha desestabilizado países latinoamericanos como Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua.
Trump no ha proporcionado una razón clara para sus acciones en Venezuela, empujando al país hacia una crisis internacional sin justificación adecuada. Si desea contradecir esto, la Constitución establece que debe buscar la aprobación del Congreso. Sin esa autorización, sus acciones son ilegales bajo la ley estadounidense.
La justificación superficial que da el gobierno para su aventurerismo militar es la eliminación de los “narcoterroristas”. Históricamente, los gobiernos han etiquetado a líderes de naciones rivales como terroristas para justificar incursiones militares. Esta afirmación es particularmente absurda en este caso, ya que Venezuela no es un productor significativo de fentanilo ni de otras drogas que han causado la reciente crisis de sobredosis en EE. UU; la cocaína que produce se dirige mayormente a Europa. Mientras Trump ha atacado embarcaciones venezolanas, indultó a Juan Orlando Hernández, quien lideró extensas operaciones de narcotráfico en Honduras.
Una explicación más plausible sobre los ataques a Venezuela puede encontrarse en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, donde se reafirma el derecho de Estados Unidos a dominar América Latina: “Tras años de abandono, volveremos a aplicar la Doctrina Monroe para restablecer la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental.” En lo que el documento llama “Corolario Trump”, se promete redesplegar fuerzas en la región, detener a los traficantes en el mar y potencialmente aumentar la presencia militar estadounidense en el área.
Venezuela parece ser el primer país víctima de este enfoque imperialista contemporáneo, lo que representa un camino peligroso e ilegal para el papel de Estados Unidos a nivel global. Actuando sin legitimidad internacional, autoridad legal o respaldo nacional, Trump podría dar razones a autoritarios en China, Rusia y otros lugares para justificar su propio imperialismo. A corto plazo, esto amenaza con reproducir la arrogancia estadounidense que condujo a la invasión de Irak en 2003.
Durante su campaña presidencial, Trump parecía reconocer los peligros de la intervención militar. En 2016, fue el único republicano que criticó la guerra de Irak del presidente George W. Bush. En 2024, afirmó: “No voy a iniciar una guerra. Voy a detener guerras.”
Los debates en el Congreso sobre acciones militares cumplen un rol democrático esencial, ya que frenan el aventurerismo militar obligando al presidente a justificar sus planes ante la opinión pública, y hacen que los miembros del Congreso vinculen su credibilidad a esos planes. Después de la votación sobre la guerra en Irak, los demócratas que apoyaron a Bush, como Hillary Clinton y John Kerry, enfrentaron un costo político, mientras que quienes criticaron la guerra, como Bernie Sanders y Barack Obama, fueron vistos como previsores.
En cuanto a Venezuela, un debate en el Congreso pondría de manifiesto la debilidad de los argumentos de Trump. Su administración ha defendido sus ataques contra pequeñas embarcaciones alegando que representan una amenaza inminente para EE. UU., pero expertos en derecho y asuntos militares han puesto en duda esta afirmación. Un intento de contrabando no implica un asalto al gobierno o al ejército.
Es probable que Trump evite solicitar la aprobación del Congreso porque algunos republicanos son escépticos respecto a sus acciones. Senadores como Rand Paul y Lisa Murkowski han respaldado legislaciones que limitarían las operaciones militares de Trump en Venezuela.
Además, es importante señalar que las acciones de Trump violan el derecho internacional. Al atacar embarcaciones que supuestamente trafican drogas, ha matado personas basándose en meras sospechas sin darles la oportunidad de defenderse. Los Convenios de Ginebra de 1949 y otros tratados de derechos humanos prohíben tales ejecuciones extrajudiciales, al igual que la legislación estadounidense.
Los argumentos legales en contra de las acciones de Trump son fundamentales, pero también existe una perspectiva realista desde un análisis crítico. La intervención no es congruente con los intereses de seguridad nacional de EE. UU. La invasión de Panamá por el presidente George H. W. Bush hace 36 años es la única analogía positiva, expulso al dictador Manuel Noriega y ayudó a democratizar el país. Sin embargo, Venezuela presenta diferencias significativas. Es mucho más grande y no ha sido un lugar donde las fuerzas estadounidenses hayan operado de manera tan histórica.
El potencial de caos en Venezuela es considerable. Aún con la caída de Maduro, los generales que sostienen su régimen no desaparecerán repentinamente y es poco probable que entreguen el poder a María Corina Machado, la líder de la oposición que ganó las últimas elecciones y fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz recientemente.
Entre las consecuencias negativas podría estar un aumento de la violencia de grupos como el ELN colombiano o de los colectivos paramilitares que han operado bajo el régimen de Maduro. Nuevos disturbios en Venezuela podrían desestabilizar los mercados globales de energía y alimentos, además de provocar más migración en el hemisferio.
Entonces, ¿cómo debe abordar Estados Unidos el desafío que representa Venezuela para la región y para sus propios intereses? Compartimos la desesperanza de los venezolanos, muchos de los cuales apoyan la intervención. Sin embargo, no hay respuestas fáciles. A estas alturas, el mundo debe recordar los peligros que conlleva un cambio de régimen.
Con Información de desenfoque.cl
