Nicolás Maduro, un dictador corrupto y opresor, ha suprimido todas las libertades cívicas y políticas en Venezuela, llevando a su pueblo al hambre, la inseguridad y el exilio. Su último legado es la indignidad de no intentar defenderse de aquellos que vinieron a capturarlo. El derrocamiento, captura y enjuiciamiento de Maduro deberían ser decisiones de un tribunal venezolano o, si no fuera posible, de un tribunal internacional. Eso es lo que se considera legítimo.
La acción de Estados Unidos para sacarlo de Venezuela, de manera violenta, se configura como un secuestro que contraviene la ley, ya que incluso los peores criminales tienen derechos. Este secuestro, en un contexto de hostilidades bélicas contra Venezuela, que incluyen asesinatos indiscriminados de civiles supuestamente involucrados en el narcotráfico, representa una serie de delitos comunes y severas violaciones del derecho internacional.
Las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre hacerse cargo del gobierno de Venezuela y su necesidad de acceso total al petróleo del país evidencian que su verdadero objetivo no es la restauración de la democracia, sino el control de los recursos petroleros venezolanos, constituyendo así un acto de usurpación y piratería.
Las declaraciones de altos funcionarios del gobierno de EE. UU. y del presidente Trump sobre juzgar a Maduro y su esposa en tribunales norteamericanos, aplicando «todo el peso de la ley», dejan claro que no se garantiza un debido proceso para ellos, dentro de una legislación que incluso prevé la pena de muerte para algunos de los delitos que se les imputan.
Maduro lideró un régimen que simulaba la administración y el gobierno. Al apoyar la continuidad de ese mismo régimen, a excepción de Maduro o algún otro líder, Estados Unidos ha decidido unilateralmente convertir a Venezuela en un protectorado, tratando su gobierno como un títere que actúa bajo su control.
Ignorar el papel y los derechos de Edmundo González y Corina Machado, líderes morales y políticos de la oposición, para participar en la normalización democrática de Venezuela, es una humillación al pueblo venezolano y a su soberanía, que en las elecciones de julio de 2025 les otorgó el triunfo que Maduro desconoció.
En este contexto, la dignidad, la democracia y la soberanía de los pueblos deben defenderse con verdad, firmeza y sin ambigüedades. Lo fundamental es la DEMOCRACIA EN VENEZUELA, un tema que ninguno de los actores aborda con la claridad necesaria. El sistema interamericano y todos los mecanismos de paz internacional deben activarse para ejercer presión moral y política que reinstale la democracia en Venezuela. Maduro y su red de funcionarios corruptos deben ser juzgados por tribunales independientes, y los Estados Unidos deben cesar sus hostilidades bélicas en el Caribe y en todo el hemisferio occidental, cumpliendo estrictamente con el Derecho Internacional.
Con Información de desenfoque.cl
