Nicolás Maduro, un dictador corrupto y abusador, ha anulado todas las libertades cívicas y políticas en Venezuela, llevando a su pueblo al hambre, la inseguridad y el exilio. Su legado es la falta de dignidad, ni siquiera intentó defenderse de quienes vinieron a secuestrarlo. Su derrocamiento, captura y juicio debían ser asuntos de un tribunal venezolano o, en su defecto, de un tribunal internacional. Esa es la verdadera legitimidad.
La operación de EE.UU. para sacarlo de Venezuela se considera un secuestro, contraviniendo la ley; incluso los criminales tienen derechos. Este secuestro, en un contexto de hostilidad bélica contra Venezuela, que incluye ataques indiscriminados a civiles supuestamente relacionados con el narcotráfico y el uso excesivo de la fuerza militar, constituye una serie de delitos y graves violaciones del derecho internacional.
Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el control del gobierno venezolano y el acceso a su petróleo demuestran que el objetivo no era restaurar la democracia, sino tomar control de los recursos petroleros. Esto constituye un acto de usurpación y piratería.
Las afirmaciones de altos funcionarios y del propio Trump sobre juzgar a Maduro y su esposa en tribunales estadounidenses, con «todo el peso de la ley», no garantizan un debido proceso, especialmente considerando que algunos de los delitos imputados conllevan la pena de muerte.
Maduro encabezó un régimen que simulaba la administración y gobierno en Venezuela. Al respaldar la continuidad de dicho régimen, salvo el cambio de Maduro o algún otro jerarca, EE.UU. ha decidido unilateralmente convertir a Venezuela en un Protectorado, manejando su gobierno como un títere bajo su control.
Excluir a Edmundo González y Corina Machado, líderes de la oposición, del proceso de normalización democrática es una humillación para el pueblo venezolano y su soberanía, especialmente tras el triunfo que obtuvieron en las elecciones de julio de 2025, que Maduro no reconoció.
En este contexto, la dignidad, la democracia y la soberanía deben defenderse con verdad y firmeza, sin excusas ni ambigüedades. La esencia del asunto es la DEMOCRACIA EN VENEZUELA, un tema que debe ser enfrentado con claridad. Los mecanismos del sistema interamericano y la comunidad internacional deben activarse para generar presión política y moral hacia la reinstalación de la democracia en Venezuela. Maduro y su red de funcionarios corruptos deben ser juzgados por tribunales independientes, y Estados Unidos debe cesar sus acciones bélicas en el Caribe y en el hemisferio, respetando el Derecho Internacional.
Con Información de desenfoque.cl
