La política internacional de la administración de Trump exhibe una lógica de escalamiento, que comienza con el cambio de nombre del Golfo de México a «Golfo de América». Este acto refleja una adaptación contemporánea de la doctrina Monroe, ahora conocida como Doctrina Trump-Monroe 2.0, que ha tomado un giro pragmático tras los eventos del 3 de enero de 2026. En esta fecha, la administración Trump lanzó ataques militares a gran escala en Venezuela, con explosiones en Caracas y otras regiones del país, seguidas de la captura y traslado del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fuera del país.
Hasta este momento, presenciábamos un continuum de sanciones y acciones cuestionables, sin debido proceso, vinculadas al narcotráfico en el Caribe, implicando a Venezuela y reclamando recursos petroleros como parte de un conflicto persistente. Estas acciones pueden interpretarse como una escalada en el uso de diplomacia coercitiva y operaciones encubiertas, sin llegar a transformar el discurso en intervención militar directa o cambio de liderazgo. Sin embargo, lo que se ha comunicado hoy por el presidente estadounidense marca un cruce hacia la intervención militar abierta y el desplazamiento forzoso de un jefe de Estado, mostrando que la administración Trump actúa con la certeza de que puede transgredir el derecho internacional y violar la soberanía de cualquier nación. Venezuela es solo el inicio; cualquier otra nación en el continente podría ser blanco de esta lógica, cuando se perciba como un obstáculo a sus intereses (Doctrina Trump-Monroe 2.0).
Este cambio de retórica a acción es significativo: cuando las palabras de Trump resultan en explosiones en una capital extranjera y la captura de su líder, la narrativa se convierte en realidad. La situación actual no solo revela una continuidad entre declaraciones agresivas y una política exterior intervencionista, sino que también representa un punto de inflexión donde la retórica de seguridad hemisférica se convierte en una fuerza militar directa sin precedentes en décadas. Incluso aliados y organismos internacionales han mostrado preocupación, enfatizando la gravedad del desvío respecto a episodios previos de sanciones. Este tipo de acciones se asemejan a las trágicas experiencias de las intervenciones imperialistas de los siglos XIX y XX, que llevaron a la humanidad a un ciclo de muerte, destrucción y genocidio. La Doctrina Trump-Monroe 2.0, evidenciada en Venezuela, inicia un proceso dramático que no solo socava el derecho internacional, sino que también desvirtúa la relevancia de organizaciones como la ONU o la OEA. Trump evidencia que el matón del barrio, con la pandilla más poderosa, impone su voluntad.
En este marco, la hipótesis de escalado se configura no solo como una lectura crítica de discursos y acciones pasadas, sino también como un patrón en el que las declaraciones de política —especialmente las de Trump— han presagiado y justificado actos militares concretos. El ataque reciente, que alega la captura de un presidente extranjero, representa un avance drástico en esa narrativa y redefine la relación entre la retórica estratégica y la política exterior real. Surge entonces la pregunta: ¿qué sucederá con Groenlandia? Recordemos la retórica de Trump sobre este territorio, perteneciente a Dinamarca. Ha expresado su deseo de que forme parte de EE. UU. por su valor estratégico: “Obtendremos Groenlandia… Hay una buena posibilidad de que podamos hacerlo sin fuerza militar, pero no descarto esta opción”, comentó a Kristen Welker de NBC News en marzo de 2025.
Asimismo, ¿qué sucederá con el cobre chileno? Reflexione sobre esto:
“La dependencia de fuentes externas de cobre representa una vulnerabilidad para la seguridad nacional que podría ser aprovechada por naciones extranjeras, comprometiendo la resiliencia industrial de EE. UU., exponiendo a su población a interrupciones en la cadena de suministro, inestabilidad económica y riesgos estratégicos, además de amenazar la base industrial de defensa de EE. UU.” (Adjusting Imports of Copper into the United States. By the President of the United States of America. Proclamation 10962, 30 de julio de 2025).
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