Por Christian Slater, coronel (R) del Ejército
Durante años, en la cultura militar de las Fuerzas Armadas, se estableció una práctica reveladora. Las áreas consideradas “no centrales”—como logística, personal y bienestar—raras veces eran dirigidas por los mejores oficiales. Muchos preferían liderar unidades operativas, brigadas o direcciones directamente vinculadas a la acción militar. Los cargos menos visibles y menos épicos eran vistos como secundarios, lo que llevó a que dichas áreas no prosperaran, volviéndose burocráticas, reactivas y, en muchos casos, mediocres.
Esto no se debía a su irrelevancia, sino a la falta de comprensión de su verdadero valor estratégico.
Hoy, ese mismo patrón se repite a nivel nacional en la forma en que Chile conceptualiza ciertos ministerios y áreas clave del Estado. Se les trata como espacios administrativos o técnicos, en lugar de reconocerlos como verdaderas herramientas de conducción estratégica. La ausencia de liderazgo político de primer nivel en áreas fundamentales para el desarrollo a largo plazo conduce a una pérdida no solo de eficiencia, sino también de capacidad país.
Un claro ejemplo de esta confusión es la minería. Siendo Chile un país minero por excelencia, a menudo se considera la minería exclusivamente como una fuente de ingresos fiscales, y no como una potente herramienta de desarrollo, progreso y posicionamiento estratégico. Por lo tanto, el Ministerio de Minería se reduce a un papel meramente administrativo, cuando debería ser una de las carteras con mayor relevancia estratégica del Estado.
El reciente debate sobre las tierras raras ejemplifica perfectamente este problema. Es crucial aclarar que las “tierras raras” no se refieren a un territorio especial ni a un mineral escaso en sentido absoluto, sino a un conjunto de elementos químicos fundamentales para tecnologías avanzadas: desde teléfonos móviles y baterías, hasta turbinas eólicas, equipamiento médico y sistemas de defensa. Su importancia radica no en su volumen o valor inmediato, sino en su rol como insumos críticos para industrias estratégicas difícilmente sustituibles. Así, más que ser una riqueza convencional, representan un factor de autonomía y poder tecnológico.
Por un lado, se les ha sobredimensionado, describiéndolas como el “nuevo cobre”, algo que no son ni llegarán a ser. No generarán ingresos comparables, ni sostendrán el presupuesto nacional, ni reemplazarán el rol estructural del cobre en la economía chilena. Por otro lado, se les ha subestimado, tratándolas como un asunto marginal. Ambas perspectivas son erróneas. Las tierras raras no son riqueza inmediata, sino capacidad de decisión futura. No importa su volumen; su relevancia es estratégica. En un mundo cada vez más competitivo, la falta de una real autonomía en este tema es una forma silenciosa de vulnerabilidad.
Más allá del cobre, las tierras raras, el litio o el hidrógeno verde, el verdadero problema radica en la capacidad de gestionar estos recursos con visión estratégica. No se trata de confundir temas o mezclar agendas, sino de entender que todos ellos son expresiones de un mismo reto: transformar ventajas naturales en poder real de desarrollo, y no dejarlas atrapadas en la inercia administrativa o el cortoplacismo político.
Este desafío no es exclusivo de Chile. Surge de un cambio profundo en el orden regional e internacional. Más allá de la figura ocasional de Donald Trump, Estados Unidos ha comprendido que debe reducir su dependencia de adversarios geoestratégicos históricos como China o Rusia, asegurando acceso a recursos críticos en su propia región o en países políticamente confiables. La interdependencia total ha dejado de ser una virtud para convertirse en una vulnerabilidad.
En este rediseño global, ninguna potencia establece el desarrollo de otro país. Estados Unidos, como cualquier actor estratégico, buscará asegurar sus propios intereses. Si Chile no define los suyos, otros lo harán por él. No podemos esperar que una potencia extranjera nos dicte cómo, cuándo o en qué condiciones explotar nuestras tierras raras, litio o hidrógeno verde. Esta decisión no es técnica ni ideológica: es una cuestión de soberanía que requiere una visión de Estado.
Cuando un ministerio crucial en un país minero es percibido como una cartera secundaria, administrativa o sin proyección estratégica, no estamos ante una simple anécdota comunicacional, sino ante un fallo de enfoque. La minería—y actualmente el litio, las tierras raras o el hidrógeno verde—no es solo una actividad económica; es una herramienta de desarrollo, de posicionamiento internacional y de seguridad ampliada. Desestimar su importancia equivale a renunciar, por omisión, a una parte significativa del poder de un país.
Cuando el Estado carece de una dirección clara, se provoca algo más grave que una simple mala política sectorial: surge un vacío de liderazgo. Y esos vacíos, tanto en la política como en la sociedad, no permanecen vacíos. Son ocupados por teorías conspirativas, relatos simplificados y discursos estridentes que proliferan en las redes sociales.
Aquí aparece un punto importante: no se trata solo de un problema informativo, sino de poder blando. El concepto de poder blando, desarrollado por Joseph Nye, subraya que la influencia no depende solamente de la fuerza o los recursos, sino también de la credibilidad y la capacidad de liderazgo. Cuando el Estado renuncia a este aspecto, otros ocupan el espacio.
Las consecuencias de no reconocer esto se hicieron dolorosamente evidentes con el grave accidente ocurrido el año pasado en la División El Teniente. Más allá de las responsabilidades técnicas y operativas que deben ser investigadas rigurosamente, lo que se observó fue la falta de una conducción comunicacional clara. En realidad, no hubo un mal manejo de crisis; hubo una inexistencia de gestión de crisis, precisamente porque no hubo una comunicación estratégica capaz de ordenar la información, asumir liderazgo y anticipar los efectos públicos de lo sucedido.
El hecho de que el tema haya desaparecido del debate público no implica necesariamente que se gestionara adecuadamente la comunicación. Más bien refuerza la percepción de que el conflicto se resolvió por la vía de la negociación material, sin que se brindara una explicación clara que ayudara a reconstruir la confianza. Resolver un conflicto no es lo mismo que manejar una crisis; y cuando la crisis no se explica, queda latente.
En resumen, lo que ha faltado no son conocimientos técnicos ni recursos, sino algo más fundamental: sentido común. No como una intuición vulgar, sino como la capacidad básica de identificar prioridades, anticipar consecuencias y actuar con responsabilidad. En la gestión pública, ese sentido común es el primer paso hacia la ética: decidir no solo lo conveniente para el presente, sino lo razonable para el país a largo plazo.
El cobre sostiene el presente de Chile.
La estrategia, bien entendida, guiada por sentido común y liderada con responsabilidad, es lo que puede asegurar su futuro.
Con Información de www.elperiodista.cl
