El Informe Final N° 335 de la Contraloría General de la República reveló un endeudamiento real que supera los $32 mil millones en el Hospital Clínico San Borja Arriarán. Este monto se deriva de deudas no registradas, pagos vencidos, prácticas contables irregulares y serias fallas en el control interno. A pesar de estos hallazgos, el Estado optó por renovar, sin concurso público, al director del hospital por tres años adicionales.
Por Claudia Molina B.| FACTOS – Salud
La crisis del Hospital Clínico San Borja Arriarán no ocurrió de la noche a la mañana. Se fue acumulando lentamente, entre facturas no contabilizadas, pagos atrasados y controles que fallaron.
El Informe Final N° 335 de la Contraloría General de la República constató que al finalizar 2024, el hospital mantenía un endeudamiento real superior a $32 mil millones, resultado de más de $14 mil millones en deudas subregistradas, pagos masivamente pasados de plazo y prácticas contables que distorsionaron su situación financiera. Las repercusiones fueron más allá de la administración: se suspendieron prestaciones de salud, hubo una constante presión sobre el personal y las condiciones laborales deterioraron notablemente.
A pesar de estos hallazgos, el Estado decidió renovar por tres años al director del hospital, sin realizar un concurso público. La discrepancia entre lo documentado por la Contraloría y la decisión política que siguió es el eje central de esta narración.
Una larga gestión en un hospital al borde
El Hospital Clínico San Borja Arriarán enfrenta problemas históricos: infraestructura envejecida, presión asistencial constante, listas de espera y una creciente dependencia de proveedores externos. La situación no tuvo su inicio con la administración actual.
Sin embargo, la gestión de Wilhelm se extendió en un periodo especialmente complicado: pandemia, aumento constante de gastos en bienes y servicios y un notable incremento del endeudamiento hospitalario a nivel nacional.
Durante esos años, según testimonios de funcionarios de diversas áreas, la dirección del hospital elaboró una narrativa de excelencia, llegando al punto de denominar el establecimiento como “el mejor hospital de Santiago”.
El problema radica en que dicha narrativa no concuerda con la realidad operativa, ni con la documentación oficial del Estado.
Cierre de 2024: cuando los números no cuadran
Al 31 de diciembre de 2024, el hospital reportó al sistema financiero del Estado (SIGFE) una deuda de $18.062.599.784 en acreedores presupuestarios. Esta cifra era la oficial, la que “aparecía en los libros”.
Sin embargo, la auditoría de la Contraloría determinó que esa cifra no reflejaba la realidad del endeudamiento.
“La deuda del HCSBA estaba subregistrada en $14.370.512.194, ya que 3.764 documentos no fueron contabilizados, a pesar de que los bienes adquiridos y los servicios contratados fueron recibidos adecuadamente”.
La cifra crítica que transforma toda la historia
Al monto de $18.062 millones que el hospital reportó oficialmente como deuda, se suma un subregistro de $14.370 millones detectado por la Contraloría, que corresponde a obligaciones ya adquiridas, pero no contabilizadas.
Por lo tanto, el endeudamiento real del Hospital Clínico San Borja Arriarán al cierre de 2024 excede los $32.400 millones. No son dos deudas distintas; se trata de una única deuda dividida en dos partes: una visible y otra oculta.
2025 comenzó con compromisos financieros
La Contraloría fue clara sobre las repercusiones:
“Un 22.70% del presupuesto de gastos del año 2025 deberá destinarse a cubrir obligaciones del año anterior”.
En la práctica, el hospital inició 2025 con casi tres meses de presupuesto comprometido antes de afrontar nuevas demandas asistenciales.
Funcionarios relatan que esta situación resultó en: restricciones operativas, retrasos en compras esenciales, presión constante por «optimizar» recursos inexistentes y un sentimiento generalizado de agotamiento institucional.
La deuda se ocultó en el papel mientras la presión recaía sobre el personal.
Pagar tarde, una norma establecida
El informe describe otro patrón estructural:
“El 85.77% de la deuda exigible —$15.491.628.061— se encontraba fuera del plazo legal de 30 días”.
La Contraloría fue contundente en un aspecto fundamental: “el hospital no demostró que los atrasos se debieran a causas externas o a una falta de recursos no atribuible a su gestión”. Por lo tanto, ordenó incorporar estos hechos en procedimientos disciplinarios para establecer responsabilidades administrativas.
Este hallazgo desmantela otro relato común: no se trató solo de “falta de recursos”, sino de falta de control, planificación e irresponsabilidad.
Contabilidad retrasada: gastos registrados hasta 408 días después
Uno de los hallazgos más severos del informe es técnico, pero devastador:
“Devengos contables registrados con retrasos de hasta 408 días, imputando gastos a ejercicios diferentes a los que correspondían”.
Registrar gastos más de un año después no es un error menor; constituye una práctica que distorsiona la información financiera, retrasa decisiones y debilita la rendición de cuentas. Durante la gestión de Wilhelm, esta irregularidad fue documentada de manera reiterada por la Contraloría.
Un hospital sin mecanismos de control
La auditoría no señala un único problema, sino un sistema debilitado, resultado de manuales de procedimientos obsoletos, falta de separación de funciones, conciliaciones bancarias con discrepancias sin resolver, uso inapropiado de cheques a pesar de la prohibición legal, inventarios inadecuados de equipos médicos y designaciones sin respaldo administrativo ni cauciones rendidas.
Todo esto se produce en un hospital de alta complejidad, manejando miles de millones anualmente. No se trata de precariedad; se trata de desgobierno administrativo.
Cuando la crisis financiera afecta a los pacientes
El deterioro no se limitó a balances y reportes. La Contraloría verificó suspensiones de prestaciones de salud, incluyendo atenciones ambulatorias interrumpidas en endodoncia, retrasos en la entrega de audífonos a pacientes GES y otras prestaciones pospuestas por falta de recursos o problemas de infraestructura.
Aquí se traspasa un límite: la mala administración dejó de ser un problema interno y comenzó a impactar directamente a los pacientes. De hecho, ya no existe la UCI Pediátrica; antes de finalizar la primera quincena de diciembre, se despidieron a 4 residentes de esa unidad. En la noche del 24 de diciembre, un niño ingresó al Servicio de Urgencias Infantiles convulsionando y fue intubado con diagnóstico de “meningitis”, pero no había espacio para hospitalizarlo ni médicos especialistas para administrar los medicamentos. En lugar de mejorar la atención, lo que han hecho Jorge Wilhelm y el subdirector médico del hospital es precisamente lo opuesto, han debilitado un servicio de urgencias crucial, dejando a niños y adolescentes más vulnerables por falta de personal médico.
La infraestructura indeseable
Entre los funcionarios del HCSBA, hay episodios que ya no se narran con asombro, sino con resignación. Filtraciones frecuentes, colapsos en los sistemas sanitarios y la presencia de aguas residuales en distintas áreas del hospital, especialmente en épocas de intensas lluvias, son parte del relato diario de quienes laboran allí. “Cada cierto tiempo, el hospital se inunda con desechos”, expresan los trabajadores, y no se trata de anécdotas aisladas: son indicativos de infraestructura crítica que no se reflejan en los discursos de gestión ni en las presentaciones institucionales, pero sí en la cotidianeidad laboral.
Un ambiente laboral bajo presión constante
El informe de la Contraloría menciona un control interno fallido. Los funcionarios apuntan a un problema más profundo: la dirección improvisa constantemente, las órdenes, muchas veces, son contradictorias, además, la misma dirección presiona por resultados, pero sin recursos, lo que lleva al agotamiento emocional acumulado y a un entorno laboral que describen como cada vez más deteriorado.
Ambas narrativas no se contradicen; se complementan.
La señal política: continuidad
Ante este contexto, el hospital inició procedimientos disciplinarios, pero la autoridad sanitaria tomó una decisión diferente.
El 15 de diciembre de 2025, el Servicio de Salud Metropolitano Central comunicó la renovación por tres años de Wilhelm como director del hospital, comenzando el 22 de enero de 2026, bajo el amparo del artículo 57 de la Ley N° 19.882, que permite la renovación de cargos ADP sin concurso público.
El comunicado no menciona el informe de la Contraloría, no incluye evaluaciones de desempeño ni explica por qué la continuidad es preferible a un cambio. El relato oficial se mantuvo intacto.
Alta Dirección Pública sin memoria
El sistema de Alta Dirección Pública fue creado para profesionalizar la gestión del Estado, no para protegerla. Renovar a un director después de que el ente de control más alto del país documentara: $14 mil millones en deuda subregistrada, 85% de la deuda fuera del plazo legal, prácticas contables inapropiadas, prestaciones suspendidas, infraestructura crítica y control interno deficiente, no es una decisión neutra, es un mensaje.
Lo que el Estado normalizó
La Contraloría cumplió con su labor: auditó, cuantificó, documentó y ordenó medidas.
La autoridad sanitaria cumplió su papel: ratificó. Aunque no se puede considerar un acto ilegal, al menos sí señala la normalización del fracaso administrativo.
La pregunta que ya no es técnica
Después del Informe Final N° 335. Después de los $14 mil millones ocultos. Después de los pagos vencidos. Después de las prestaciones suspendidas. Después de las crisis de infraestructura. La pregunta ya no es si la ley lo permite. La pregunta es otra:¿Cuántas irregularidades más se necesitan para que la realidad prevalezca sobre el relato?
Transparencia y respaldo FACTOS
FACTOS pone a disposición pública los documentos utilizados en esta investigación. El objetivo es permitir la verificación independiente de los datos y fechas mencionados en este reportaje.
📂 Accede al Informe completo de la CGR aquí:
https://drive.google.com/drive/folders/1vf6gFQW3RLJBb_dRZpF4B6gWrpl1tDiw?usp=sharing
Con Información de factos.cl
