El informe oficial revela deficiencias en el control estatal y plantea dudas sobre la protección de niños, niñas y adolescentes.
Por Claudia Molina B.| FACTOS. Salud – Infancia
La Contraloría General de la República (CGR) reportó que en el año 2025 se detectaron 35 casos de individuos prohibidos completamente para trabajar con menores en funciones dentro de instituciones públicas, manteniendo una relación habitual con niños, niñas y adolescentes, en contravención a la normativa vigente.
Estos casos están contenidos en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°19, emitido el 6 de enero de 2026, documento que organiza la información recopilada a nivel nacional por el ente fiscalizador. Consulta el consolidado en el siguiente enlace:
https://www.contraloria.cl/web/cgr/-/cgr-detecta-35-casos-personas-inhabilitadas
164 casos entre 2020 y agosto de 2025
El informe también detalla que, entre 2020 y agosto de 2025, se identificaron 164 casos de personas legalmente inhabilitadas para trabajar con menores que ocuparon o están ocupando cargos públicos con contacto habitual con menores.
Un total de 72 instituciones del Estado han mantenido o mantienen vínculos contractuales con personas que están legalmente impedidas de desempeñar funciones con menores. La Contraloría advierte que una misma persona pudo haber sido contratada por más de una institución, lo que pone de manifiesto deficiencias en los sistemas de verificación y control.
Vulneración del marco legal
La legislación vigente, que incluye los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, estipula la inhabilitación absoluta, temporal o perpetua para aquellos que hayan sido condenados por delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes. Las entidades públicas están obligadas a verificar estas inhabilidades antes de cualquier contratación, utilizando el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones, un requerimiento que, según la CGR, no fue cumplido en los casos observados.
Instituciones que mantuvieron personas inhabilitadas en 2025
El CIC N°19 señala que las siguientes entidades públicas nacionales continuaron contratando personas inhabilitadas para trabajar con menores en 2025:
- Municipalidad de El Bosque
- Municipalidad de Puyehue
- Municipalidad de Constitución
- Servicio Local de Educación Pública Maule Costa
- Corporación Cultural de la Municipalidad de Pichidegua
- Municipalidad de Nancagua
- Municipalidad de Quinta de Tilcoco
- Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida
- Municipalidad de Valdivia
- Servicio Local de Educación Pública Valdivia
- Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa
- Municipalidad de Los Andes
- Municipalidad de Tomé
- Municipalidad de Puerto Montt
- Municipalidad de San Pedro de la Paz
- Servicio Local de Educación Pública de Atacama
- Municipalidad de El Monte
- Municipalidad de San Pedro de Atacama
- Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía
- Municipalidad de Vichuquén
- Municipalidad de Concepción
- Municipalidad de La Pintana
- Municipalidad de Lago Ranco
- Corporación Municipal de Deportes de La Pintana
- Municipalidad de San Javier
- Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins
- Municipalidad de Illapel
- Municipalidad de Mariquina
- Municipalidad de Lumaco
- Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota
- Municipalidad de Peralillo
- Hospital Clínico Metropolitano El Carmen
- Corporación Municipal San Miguel
La Contraloría aclara que las personas observadas pueden haber prestado servicios en varias instituciones.
Ámbitos con mayor prevalencia
El informe señala que la mayor concentración de estos casos se encuentra en el ámbito educativo, especialmente en roles como:
- Docentes
- Asistentes de la educación
- Auxiliares de aseo
Dichas funciones implican una presencia constante en los entornos escolares, aumentando dramáticamente el riesgo para la integridad y derechos de niños, niñas y adolescentes.
La omisión de hogares de acogida y residencias
A pesar de las serias irregularidades en el sector público, el informe no menciona hogares de acogida y residencias para niños, niñas y adolescentes bajo el amparo del Estado, a pesar de que muchos de estos lugares han sido señalados en denuncias públicas, administrativas y judiciales en los últimos años.
Esta falta de inclusión no implica que no existan estas situaciones, sino que se debe a limitaciones estructurales del informe.
En primer lugar, el CIC abarca vínculos laborales o contractuales directos con organismos del Estado. Sin embargo, la mayoría de los hogares de acogida y residencias operan mediante fundaciones o entidades colaboradoras privadas, que reciben financiamiento público pero no son parte orgánica del Estado.
Estos dispositivos están supervisados por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y, anteriormente, por el ex Servicio Nacional de Menores (SENAME). Sin embargo, la Contraloría no tiene control sobre las contrataciones internas de estas entidades privadas, salvo en aspectos específicos relacionados con el uso de recursos fiscales.
Además, el informe no considera denuncias ni investigaciones en curso, sino que se basa únicamente en condenas penales firmes registradas oficialmente. Por lo tanto, las personas denunciadas sin sentencia ejecutoria no están reflejadas, a pesar de tener antecedentes graves o reiterativos.
Esto pone de manifiesto un vacío importante en los mecanismos de prevención, especialmente crítico en contextos donde los niños, niñas y adolescentes están bajo el cuidado directo y constante del Estado, aunque sea a través de terceros.
Acciones de la Contraloría
El ente fiscalizador ha instruido a las entidades implicadas:
- Dar cumplimiento inmediato a la normativa y cesar vínculos con personas que tienen inhabilitación absoluta.
- Implementar lo estipulado en el artículo 63 de la Ley N°18.575, en relación a nombramientos inhábiles y revisión de sueldos pagados.
- Iniciar procesos disciplinarios para establecer responsabilidades administrativas de quienes intervinieron en dichas contrataciones.
- Reportar las medidas adoptadas en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas de la Contraloría en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Una falla sistémica que exige responsabilidad política
Los hechos presentados por la Contraloría General de la República no son eventos aislados, sino que evidencian una falla sistémica en los mecanismos de control del Estado, especialmente grave en lo que respecta a funciones que implican contacto directo con niños, niñas y adolescentes.
La existencia de instituciones públicas que incumplen con la ley, organismos colaboradores que escapan al control integral, y un sistema que solo reacciona ante condenas firmes, plantea un desafío estructural que no puede ser abordado solo desde la responsabilidad administrativa individual.
La efectiva protección de la infancia requiere decisiones políticas, fortalecimiento normativo, controles preventivos robustos y una visión integral del sistema de cuidado, que no distinga entre gestión directa o delegada, considerando que los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes están en juego.
Mientras estas brechas persistan, la garantía de protección dependerá más del azar institucional que de un Estado verdaderamente responsable de quienes están bajo su cuidado.
Con Información de factos.cl
