Latinoamérica representa un pueblo situado al sur de Estados Unidos. Esta afirmación, popularizada por el grupo chileno Los Prisioneros, sigue siendo relevante y sirve como base para analizar las dinámicas geopolíticas actuales en la región.
Desde la Geografía Política se han desarrollado conceptos que trascienden la mera teoría, manifestándose en las prácticas de la política internacional. Entre estos, destacan los “códigos geopolíticos” y los “órdenes geopolíticos”, según el geógrafo británico Peter Taylor. Los primeros se refieren a marcos que los Estados nacionales establecen para guiar su conducta externa dentro del sistema internacional; constituyen, en términos generales, la base de su política exterior y son generalmente considerados como políticas de Estado. Por otro lado, los segundos se relacionan con la proyección y aplicación de esos códigos cuando son implementados por potencias de alcance global, que pueden movilizar recursos económicos, militares, institucionales y culturales, generando acuerdos e instituciones internacionales.
El caso de Venezuela ilustra la lucha entre un código geopolítico de ámbito nacional y otro con ambiciones globales, representado por Estados Unidos. El código geopolítico venezolano, que emergió con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia y fue seguido por Nicolás Maduro, buscó consolidar un liderazgo latinoamericano basado en la valorización estratégica del petróleo, a través de lo que se conoce como “diplomacia de los petrodólares”. Esta estrategia también tuvo como objetivo aumentar la autonomía respecto a Estados Unidos, desafiando explícitamente el código geopolítico estadounidense, tradicionalmente regido por la Doctrina Monroe y reconfigurado recientemente bajo la denominada Doctrina Donroe, vinculada a la política de seguridad de Donald Trump, anunciada en noviembre de 2025.
La respuesta de Estados Unidos hacia Venezuela durante el período chavista ha estado en línea con esta lógica de oposición: sanciones económicas, bloqueos, intentos de desestabilización política y reconocimiento de figuras paralelas como Juan Guaidó. Estas medidas se intensificaron en un contexto local marcado por tensiones y controversias, además de la influencia de factores externos, lo que llevó a una profunda crisis social y a una ola masiva de migración de venezolanos hacia otros países de Sudamérica. La situación ha sido objeto de observación por parte de organismos internacionales, en particular los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos bajo la dirección de Michelle Bachelet. A esto se suma la fragmentación de la oposición venezolana, incapaz de funcionar como un contrapeso político efectivo, lo que es fundamental para entender este complejo conflicto entre los dos códigos geopolíticos, uno nacional y otro global.
En este contexto, se manifiesta un predominio del realismo político sobre cualquier noción idealista. El intervencionismo estadounidense aparece claramente, no solo por el control de recursos estratégicos, sino también como un mecanismo para frenar la creciente influencia de China en Venezuela y, a su vez, en América Latina, que ha sido históricamente considerada como su “patio trasero”. La retórica aislacionista y unilateral en ciertos discursos políticos de Estados Unidos, particularmente durante la administración de Trump, contrasta con una práctica internacional caracterizada por la injerencia constante, visible en los conflictos de Medio Oriente y Europa del Este. El alejamiento de los principios del multilateralismo y del Derecho Internacional amplía el alcance de un código geopolítico que opera como un poder coercitivo a nivel global.
La geografía, especialmente la geografía política, es clave para entender el diseño y la aplicación de los códigos geopolíticos de los Estados. Aspectos como ubicación, recursos naturales, demografía, economía y cultura condicionan las estrategias de poder y sus proyecciones externas. En el caso del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, este forma parte de una red mayor de disputas globales que afectan directamente a América Latina, generando tensiones políticas, sociales y económicas en los países de la región. La persistencia de la Doctrina Donroe, sin contrapesos significativos, sugiere un futuro de asimetría prolongada en las relaciones de poder.
Sin duda, en esta transición hegemónica del primer cuarto del siglo XXI, observamos cómo Estados Unidos intenta despejar incertidumbres en lo que considera su zona de influencia. El antagonismo hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua no es solo ideológico, sino también de importancia geoestratégica, asegurando rutas y recursos críticos ante una posible confrontación entre naciones. Aunque el enfoque no esté en la democracia, es relevante que esos países disten de ser democracias verdaderas. América Latina necesita esforzarse por ser una región democrática y unida para moderar las asimetrías de poder. Democracias firmes como Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay son menos susceptibles a intervenciones directas que países más inestables como Perú o Bolivia, o aquellos con regímenes autoritarios. Esta realidad se vuelve más significativa ante el asedio que sufren las democracias actuales por el auge de populismos, particularmente de derecha, a nivel global.
Ante este panorama, la región cuenta con una alternativa que ha sido históricamente postergada: profundizar los procesos de cooperación, asociatividad e integración regional. Solo a través de una mayor articulación política, económica y estratégica, América Latina podrá mejorar su posición geopolítica y reducir su exposición frente a los códigos de poder globales que la han condicionado a lo largo del tiempo.
En este contexto, la evocación final de la canción “Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos” no es solo una expresión retórica, sino un reflejo cultural y político de una realidad que, lejos de desvanecerse, sigue marcando el rumbo geopolítico de la región.
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