Tras siete años en el Congreso, se ha aprobado la nueva Ley de Inteligencia del Estado. Esta legislación tiene como objetivo modernizar el marco legal vigente y potenciar el papel de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), alineándose con la agenda de seguridad del gobierno.
El proyecto fue presentado originalmente en noviembre de 2018 durante el segundo mandato de Sebastián Piñera y fue retomado por la administración actual con modificaciones en enero de 2023, lo que facilitó su avance hasta la aprobación final.
Amplio apoyo político en el Congreso
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados con 107 votos a favor y tres abstenciones, después de recibir un respaldo unánime en el Senado, quedando lista para su promulgación.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó el acuerdo y aseguró que se trata de una ley moderna que respeta los estándares democráticos y derechos humanos.
Fortalecimiento de la ANI y nuevas competencias
Uno de los enfoques centrales de la nueva ley es el refuerzo de la ANI, la cual asumirá un papel crucial dentro del Sistema de Inteligencia del Estado, incorporando nuevas funciones para anticipar riesgos y amenazas a la seguridad nacional.
Entre sus nuevas competencias se incluyen aspectos relacionados con ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas y acceso a información específica, así como la implementación de procedimientos especiales para la obtención de antecedentes, los cuales requerirán autorización judicial.
Coordinación, control y límites al sistema
La ley establece el Sistema de Inteligencia del Estado, definiendo su estructura, funcionamiento y los órganos de coordinación, destacando el Consejo Interministerial de Inteligencia, que será liderado por el ministro del Interior.
Además, se fortalecen los mecanismos de control externo, que incluirán la supervisión de la Contraloría General de la República, los tribunales de justicia y la Cámara de Diputados. La normativa especifica que las labores de inteligencia no podrán utilizarse para fines distintos a los establecidos por la ley.
Nuevas figuras penales y protección del Estado
El texto legal introduce nuevas figuras penales asociadas al uso indebido del sistema de inteligencia y a la protección de información secreta, destacando el delito de espionaje político.
Asimismo, se actualizan las atribuciones de las Fuerzas Armadas, proporcionándoles herramientas para prevenir delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
Con Información de chilelindo.org
