Periodista y editora internacional.
La detención del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el anuncio de que Washington tomará el control de Venezuela durante una transición representan un temblor de gran magnitud en América Latina que altera drásticamente el modus operandi estadounidense en la región. Este acto, fundamentado en acusaciones de narcotráfico, es interpretado principalmente como un incremento de la tensión por motivos estratégicos (control de recursos petroleros y refuerzo de la influencia en el continente), así como una estrategia que busca ventajas políticas dentro de Estados Unidos (Maduro es actualmente un «trofeo» que Trump utiliza como herramienta de propaganda).
En el ámbito interno, el Tribunal Supremo de Justicia ha instruido a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, para que asuma el cargo interino, creando una dualidad de poder que enfrenta a las instituciones nacionales contra una administración extranjera de facto. Esta circunstancia coloca al país en un estado de incertidumbre extrema y potencial conflicto, donde la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las divisiones dentro del chavismo serán cruciales para la estabilidad inmediata.
La declaración del senador Marco Rubio, que descarta fríamente a la líder opositora María Corina Machado para liderar una transición «a corto plazo», forma parte de una estrategia para neutralizar cualquier otra fuerza alternativa que pueda reclamar legitimidad y complicar el control absoluto de esta «transición». La «fórmula Guaidó» deja en manos de Trump la creación del nuevo orden político en Venezuela. Washington establece las reglas del juego: la supervivencia política de cualquier actor interno dependerá de su colaboración total y efectiva con los objetivos estadounidenses para Venezuela, que van más allá de la mera captura de Maduro e incluyen el control del estado, sus recursos y la reconfiguración geopolítica del país.
Es evidente que Delcy Rodríguez, nombrada presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia y respaldada explícitamente por Trump -algo que ni Edmundo González ni María Corina Machado han recibido-, se encuentra en una complicada encrucijada. Su mandato choca directamente con la realidad de un poder ocupante que demanda obediencia: si Rodríguez se somete a las exigencias de Washington para mantener la apariencia de un gobierno local, será vista como una «marioneta ilegítima» tanto por las bases chavistas como por la comunidad internacional que se opone a la intervención, erosionando su autoridad; y si, por otro lado, intenta ejercer una mínima autonomía o liderar una resistencia pasiva, se arriesga a ser rechazada y destituida por las fuerzas estadounidenses, que han dejado claro que no tolerarán obstáculos.
Hay dos posibles caminos: uno lleva a que el gobierno interino de Delcy Rodríguez, con el apoyo de fracciones leales del chavismo y la FANB, busque ejercer una autoridad simbólica mientras organiza una resistencia política y social contra la administración estadounidense, lo que podría derivar en un conflicto interno generalizado. El segundo, si la FANB se fractura completamente, podría resultar en enfrentamientos entre facciones, el surgimiento de grupos armados y una crisis humanitaria agudizada, similar a lo que ocurrió en Libia.
A pesar de que la postura estadounidense, según el senador Marco Rubio, «juzgará por las acciones», y que ha descalificado a la principal líder opositora en el exilio para una transición a corto plazo, muestra claramente una preferencia por un gobierno tecnocrático transitorio de confianza en lugar de involucrar a las instituciones venezolanas. Esto generará un legado de ilegitimidad que dificultará cualquier estabilización futura, mientras enfrenta un costo diplomático y reputacional en el ámbito global. En otras palabras, la tan anticipada «transición» en Venezuela se llevará a cabo con un gobierno interino de Rodríguez que carecerá de legitimidad interna y efectividad operativa, condenándolo a la irrelevancia o a una breve vida política.
Estados Unidos se presenta como el único actor con capacidad de decisión, pero carece hoy de un socio local creíble para implementar su agenda, lo que aumenta la probabilidad de un gobierno transitorio tecnocrático impopular y distante. Sin embargo, esto es riesgoso: polarizará aún más el escenario interno. Al ignorar las estructuras políticas existentes en el país (tanto del oficialismo como de la oposición), Washington incrementa las chances de que la resistencia se aglutine alrededor de nuevos liderazgos (con tendencias radicales y células extremistas) o se fracture en conflictos descentralizados y difíciles de controlar, que incluso podrían repercutir dentro de Estados Unidos.
En el ámbito internacional, se está produciendo un ajuste rápido en alianzas, apoyos y condenas, lo que amenaza con profundizar aún más la polarización global. El respaldo explícito de líderes como Emmanuel Macron de Francia y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien celebró el retorno de América Latina al «eje estadounidense», contrasta con la firme condena proveniente de varios países latinoamericanos y la expectativa de «movimientos» estratégicos por parte de potencias como Rusia y China. La OPEP+, que recientemente evaluó ajustes ante la posible interrupción del crudo venezolano, subraya el impacto económico global de la crisis, que va más allá de lo regional.
A nivel hemisférico, esto profundizará aún más las divisiones existentes: mientras el bloque ALBA (Cuba, Nicaragua, Bolivia) y naciones como México y Brasil probablemente condenarán la violación de soberanía, los gobiernos alineados con Washington (Chile, Argentina, Ecuador) enfrentarán presión para apoyar la acción, legitimando un nuevo umbral de intervención sin la certeza de que no serán los próximos en la lista de Estados Unidos.
En conclusión, la «transición» no será un camino hacia la estabilidad democrática, sino un proceso de ingeniería política dirigido desde el exterior, cuyo éxito dependerá de la habilidad de Washington para mantener el control por la fuerza en un entorno de creciente resentimiento y falta de consenso interno, un desafío que históricamente ha resultado insostenible a mediano plazo. ¿Qué papel desempeñará la oposición en el exilio de ahora en adelante, en una «transición» que parece excluirles?
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