Periodista y editora internacional.
A 72 horas de la captura de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos, el chavismo ha comenzado una rápida reconfiguración interna. El nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y su acto simbólico de visitar la tumba de Hugo Chávez buscan proyectar una continuidad institucional, anclando su legitimidad en el legado bolivariano y tratando de llenar el vacío de liderazgo. Sin embargo, este proceso se desarrolla en un contexto de creciente tensión interna, marcado por dudas sobre el proceso de negociación, el papel de los hermanos Rodríguez, y la incertidumbre respecto a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y el aparato represivo del régimen que todavía se mantiene en el poder.
Paralelamente, Washington ha efectuado un sorprendente ajuste legal: el Departamento de Justicia ha presentado una nueva imputación contra Maduro que elimina gran parte de las menciones al ‘Cartel de los Soles’, reduciendo así la acusación a un ‘sistema de clientelismo’. Este cambio sugiere que la narrativa judicial sustentada en el narcotráfico podría ser difícil de sostener y revela una tensión entre la retórica agresiva de Trump y los requisitos probatorios del sistema legal, lo que podría debilitar la justificación pública para una intervención a medio plazo. Extraoficialmente, se señala que la reconocida María Corina Machado habría brindado información falsa a las autoridades estadounidenses, incluyendo a Trump, con la intención de forzar una intervención militar. Otras fuentes sugieren que Maduro habría sido ‘rehén’ de Cabello, el verdadero líder del sistema narcoterrorista perseguido por Estados Unidos, y que junto a los Rodríguez habrían manifestado telefónicamente al mandatario estadounidense y a Marco Rubio su solicitud de ser ‘extraídos’ a EE.UU. para colaborar con la Justicia desde allí.
La respuesta de América Latina a la intervención sigue tomando forma, mostrando un rechazo claro. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha adoptado una postura contundente, afirmando que su gobierno ‘nunca’ estará a favor del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, consolidando así a México como un crítico frontal de la acción estadounidense. En Colombia, la preocupación se centra en las consecuencias inmediatas para la seguridad. El gobierno ha activado un plan preventivo ante la incertidumbre sobre el futuro del ELN en Venezuela, temiendo que la desestabilización pueda derivar en un recrudecimiento del conflicto o en movimientos de esta guerrilla hacia territorio colombiano. Mientras tanto, Bolivia muestra que las crisis internas persisten independientemente del foco venezolano, con protestas y bloqueos continuos contra el decreto de eliminación del subsidio a combustibles, recordando la latente volatilidad social en varios países de la región.
La próxima sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA será un termómetro del aislamiento político de Washington en el hemisferio. Se anticipa una condena mayoritaria a la intervención, similar a la que se expresó en la ONU, lo cual dejaría a EE.UU. con el apoyo reducido a un pequeño grupo de aliados. Sin embargo, las sanciones reales y efectivas parecen lejanas. Asimismo, la crítica de Josep Borrell, ex Alto Representante de la UE, quien acusó a Europa de usar ‘eufemismos’ y de ignorar la realidad al seguir confiando en Washington como aliado, evidencia una creciente fractura estratégica en Occidente. Esta divergencia transatlántica, sumada al cambio en las acusaciones legales contra Maduro, comienza a revelar las fisuras y contradicciones en la operación estadounidense.
En un escenario en el que la gobernabilidad en Venezuela será excepcionalmente frágil, la presión diplomática sobre EE.UU. aumentará desde múltiples frentes, y la región deberá gestionar a la vez las repercusiones de seguridad de la crisis venezolana y sus profundas crisis internas. ¿Quién será el siguiente?
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