Análisis sobre la posibilidad de subordinación en América Latina en 2026.

La integración de la región con los mercados globales avanza, mientras el contrato social interno se desintegra aceleradamente. Esa es la situación actual.

La relación entre Venezuela y Estados Unidos entra en un nuevo ciclo de consolidación económica gracias a la reforma petrolera y al levantamiento parcial de sanciones, estableciendo un «protectorado energético». Esta nueva etapa se celebra con la reanudación de vuelos internacionales, facilitando el acceso al crudo venezolano por parte de empresas extranjeras.

Sin embargo, esta apertura económica debe coexistir con las denuncias que comparan a las cárceles con «campos de concentración», lo que demuestra que aún hay una notable discrepancia entre los gestos internacionales y la represión interna. La participación de María Corina Machado en el evento «Hay Festival» actúa como un recordatorio simbólico de su limitada capacidad para cambiar la dinámica entre Caracas y Washington.

Las crisis internas siguen debilitando la estructura de los estados. Colombia enfrenta una crisis de salud pública manifestada en protestas, Brasil presenta indicadores clave que evaluarán su resistencia económica, y Nicaragua marca un año desde que se impuso una reforma constitucional que institucionaliza una dictadura familiar. Estos problemas, junto con las indagaciones sobre el gobierno interino en Perú, evidencian que la atención en eventos relevantes, como las reformas petroleras, desvía el foco del deterioro sistémico y la capacidad estatal para garantizar derechos y gobernabilidad.

Febrero dará inicio al período electoral en Latinoamérica con las elecciones generales en Costa Rica este domingo. La influencia del gobierno de Trump y del presidente salvadoreño Nayib Bukele pone de manifiesto la amenaza de un modelo populista autoritario que mezcla narrativas de seguridad con políticas neoliberales. Varios candidatos, como la oficialista Laura Fernández, protegida del presidente Rodrigo Chaves, han adoptado el eslogan de «mano dura» contra el crimen y su característico color azul turquesa.

Un cambio de paradigma significativo podría ser el desmantelamiento del liderazgo ambiental que había definido al país durante tres décadas. Bajo el lema «no sacrificar el desarrollo por unos árboles», la administración de Chaves canceló un préstamo para un tren eléctrico, avanza hacia la privatización de la empresa pública de energía, busca reautorización para la minería a gran escala y se opone a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Un triunfo de Fernández consolidaría esta orientación extractivista, alineando a Costa Rica con sus vecinos, donde la protección ambiental ha sido despriorizada.

El 1 de febrero, las posibilidades de mantener los avances democráticos y ecológicos dependerán de una ciudadanía informada y activa, capaz de equilibrar los intereses políticos, y de una oposición que, aunque fragmentada, puede formar un contrapeso crucial en el nuevo Legislativo para evitar la concentración total del poder.

Con Información de pagina19.cl

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