Por Rodrigo Reyes Sangermani, periodista
Las declaraciones del Presidente de la República tienen un peso significativo, y es fundamental cuestionar sus recientes comentarios sobre la «impunidad» en el caso de Gustavo Gatica, a raíz de un fallo de los tribunales de justicia. Esto es válido, independientemente de la percepción que cada persona tenga sobre el fondo del asunto, el cual está enmarcado en lo jurídico y no en lo político.
El término «impunidad» en este contexto no debe tomarse a la ligera. Significa, en su sentido estricto, la falta de investigación, persecución penal o sanción ante un delito corroborado. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, ha habido un procedimiento judicial formal, que incluye la investigación del Ministerio Público, defensa legal, valoración de pruebas, y una sentencia fundamentada, además de la posibilidad de recurrir ante instancias superiores según el ordenamiento vigente. Esto, en una democracia, representa el debido proceso.
Es completamente válido, e incluso esperable, que existan críticas respecto a un fallo. Se puede estar en desacuerdo con su fundamentación, cuestionar la valoración de la evidencia o tener una interpretación jurídica diferente. El derecho no es exacto, y la crítica razonada a las sentencias es parte de un debate jurídico saludable. Sin embargo, es una confusión afirmar que, al no coincidir un fallo con las expectativas políticas o sociales de ciertos sectores, se está ante un escenario de «impunidad».
Es importante aclarar: un fallo que no cumple con una posición específica no se traduce automáticamente en impunidad. Confundir estos conceptos debilita la comprensión pública del Estado de Derecho y socava la confianza en las instituciones.
Es aún más preocupante que esta afirmación provenga del Presidente, quien lidera uno de los poderes del Estado. En una democracia constitucional, la separación de poderes es una garantía esencial para prevenir abusos. Cuando el Poder Ejecutivo desacredita públicamente una decisión del Poder Judicial, insinuando que se basa en impunidad, se cruza una línea delicada.
Pese a las críticas sobre la selección de jueces o la evidencia de actos de corrupción en tribunales, estos no operan en un vacío ni a partir de juicios ideológicos. En un proceso penal participan múltiples entidades estatales: la Fiscalía, que investiga y presenta cargos; la defensa, ya sea pública o privada; peritos, testigos, jueces y cortes superiores. Las decisiones se basan en pruebas y en el marco normativo vigente, no en percepciones políticas o presiones sociales.
Incluir criterios políticos o ideológicos en el juicio penal desvirtúa el derecho. El proceso judicial debe determinar, con rigurosidad probatoria, si un hecho constituye un delito y si hay responsabilidad penal individual, más allá de toda duda razonable.
De esta manera, el respeto al debido proceso no es un favor a los acusados, sino una garantía para todos. Lo que hoy puede resultar incómodo, puede proteger en el futuro a cualquiera del abuso del poder punitivo del Estado.
Por todo lo anterior, es inquietante que desde la más alta autoridad se insinúe que la justicia es válida solo cuando se alinea con ciertas expectativas políticas o morales. Esta mentalidad abre la puerta a la relativización del Estado de Derecho y a la subordinación del Poder Judicial a presiones externas, algo que no es compatible con una democracia saludable.
Defender la independencia judicial no significa ignorar el sufrimiento de las víctimas o restar importancia a la dimensión humana de los hechos. Significa entender que la justicia penal se rige por sus propias reglas, diseñadas para evitar que la emoción, la ideología o la coyuntura política prevalezcan sobre la evidencia y el derecho.
En tiempos de polarización, la responsabilidad de quienes gobiernan se incrementa. Es esencial cuidar el lenguaje, respetar los límites institucionales y fortalecer, en lugar de socavar, la confianza en los procedimientos democráticos, que son parte integral del mandato presidencial. Denominar «impunidad» a un fallo judicial desfavorable no ayuda a este propósito; en cambio, debilita uno de los pilares sobre los que se sustenta la República: la autonomía y legitimidad del Poder Judicial.
Con Información de www.elperiodista.cl
