Neoliberalismo, trabajo y pobreza multidimensional: una crisis de la vida colectiva
La crisis actual en Chile no puede ser vista simplemente como un conjunto de cifras económicas o como un problema político aislado. Más bien, se trata de una crisis estructural del Estado bajo el neoliberalismo, que ha debilitado la legitimidad democrática al permitir que las dinámicas del mercado invadan la vida social. En este contexto, el trabajo pierde su función histórica de integración social, la precariedad se normaliza como un método de gobernanza y la pobreza multidimensional se manifiesta como una forma de alienación social.
El neoliberalismo en Chile no se caracteriza por la ausencia del Estado, sino por su reprogramación funcional. El Estado no se retira, sino que cambia su rol, pasando de ser garante de derechos universales a ser un administrador de acceso, constructor de mercados y gestor de riesgos individuales. Servicios como la salud, la educación, las pensiones y la vivienda se convierten en espacios de intercambio, sujetos a la capacidad de pago y el endeudamiento. Como resultado, no vivimos en una sociedad sin Estado, sino en una donde este protege reglas, pero no cursos de vida.
Este cambio tiene efectos profundos sobre la democracia. La legitimidad democrática no se basa únicamente en la legalidad de los procesos electorales, sino en la capacidad del poder político de organizar la vida colectiva de manera justa y digna. Cuando esta capacidad se debilita, la democracia puede continuar funcionando en términos formales, pero pierde su conexión con la sociedad. La política deja de ser el ámbito para construir un mundo compartido y se convierte en una simple gestión técnica de una sociedad dividida.
Los datos de la Encuesta CASEN 2024 evidencian este desplazamiento. A pesar de que la pobreza por ingresos es del 17,3% de la población, la pobreza multidimensional alcanza al 17,7%, y la pobreza severa —que combina la falta de ingresos con otras carencias— impacta al 6,1% de las personas. Esta convergencia es reveladora: incluso cuando los ingresos mejoran, permanecen carencias estructurales que no pueden explicarse solo por dinero, sino por condiciones de vida. La precariedad no es un simple residuo del sistema; es una de sus características esenciales.
El corazón de esta crisis radica en el mercado laboral. En las sociedades industriales tradicionales, el trabajo cumplía un papel esencial de integración: proporcionaba ingresos, previsión, identidad social y perspectivas de futuro. Sin embargo, en el Chile neoliberal, esta función se ha debilitado consistentemente. Aunque existe trabajo, ya no integra. Se trabaja más, con mayor incertidumbre, menor protección y con una creciente carga de responsabilidad individual ante riesgos estructurales.
La CASEN 2024 revela que la ocupación informal representa el 26,6% del total de personas empleadas. Pero esta cifra promedio oculta una profunda desigualdad: en los hogares en pobreza extrema, el 68,5% trabaja de forma informal; en la pobreza no extrema, el 48,6%; mientras que entre los no pobres, solo es del 23,6%. La informalidad, por tanto, no es una elección marginal o una preferencia por la flexibilidad, sino una condición estructural que se encuentra precisamente donde la vulnerabilidad es más alta.
La precariedad se agudiza al observar la seguridad social. Un 24,5% de los trabajadores no contribuye al sistema de pensiones, y entre los trabajadores dependientes, el 12,36% declara no tener contrato. Esto se agrava con el subempleo por insuficiencia de horas, que afecta al 10,1% del total de ocupados, pero se eleva al 29,63% en hogares en pobreza extrema. El mensaje es claro: una parte significativa de la fuerza laboral en Chile trabaja sin garantías de estabilidad, previsión ni el tiempo necesario para sostener su vida material y social.
Desde una interpretación basada en Karl Marx, esta situación puede concebirse como una forma contemporánea de alienación, no solo respecto al producto del trabajo, sino a la vida misma. El trabajo deja de ser un medio para la realización social y se convierte en una actividad meramente orientada a la supervivencia. Desde la perspectiva de Byung-Chul Han, esta precariedad se transforma en autoexigencia: el individuo asume la responsabilidad de su fracaso, se autoexplota y enfrenta su inseguridad como un asunto personal, no político.
Esta transformación del trabajo impacta directamente en la vida cotidiana y la cohesión social, aspectos que la pobreza multidimensional captura más efectivamente que la pobreza por ingresos. Según la CASEN 2024, las dimensiones que más aportan al Índice de Pobreza Multidimensional son Redes y cohesión social (28,0%) y Trabajo y seguridad social (24,3%). Esto significa que casi la mitad del fenómeno multidimensional se explica por la fragilidad de los vínculos sociales y la precariedad laboral.
La pobreza multidimensional no se reduce a hogares con carencias materiales; describe vidas estructuralmente tensionadas: personas que trabajan sin contribuir al sistema de pensiones; que generan ingresos, pero carecen de estabilidad; que cuidan de otros, pero sin apoyo; que están conectadas digitalmente, pero aisladas socialmente. En este sentido, la alienación deja de ser una categoría abstracta y se vuelve empíricamente observable. La vida se fragmenta en esferas mercantilizadas, donde cada necesidad debe resolverse de forma individual en el mercado o a través del endeudamiento.
Desde la óptica de Hannah Arendt, este proceso implica la pérdida de un mundo común. Cuando la vida social se ve absorbida por la gestión de necesidades, la política se despoja de contenido y se convierte en gestión. La democracia no desaparece, pero se transforma en un proceso procedimental, desconectándose de la experiencia cotidiana de la ciudadanía. La participación electoral puede mantenerse —incluso incrementarse bajo un sistema de voto obligatorio—, pero la adhesión y la confianza se erosionan.
Así surge con fuerza una crisis de legitimidad democrática. Siguiendo el planteamiento de Jürgen Habermas, no se trata de una crisis de legalidad, sino de una crisis de legitimación: el sistema político mantiene su forma, pero pierde la capacidad de justificar normativamente sus decisiones ante una sociedad que no ve sus necesidades reflejadas en derechos reales. La democracia se siente distante, lenta o irrelevante ante una vida marcada por urgencias materiales.
La precariedad laboral y la pobreza multidimensional generan, además, efectos subjetivos y políticos de larga duración. Una sociedad en la que amplios sectores enfrentan incertidumbre constante desarrolla una fatiga social intensa. El tiempo se vuelve escaso, la planificación se reduce y la deliberación se debilita. En este contexto, se entiende —aunque no es inevitable— la aparición de discursos que prometen orden, decisiones rápidas y simplificación de conflictos. No porque la ciudadanía rechace la democracia en términos generales, sino porque siente que la democracia actual no satisface la reproducción básica de la vida.
El estallido social de 2019 debe interpretarse, en este sentido, no como una anomalía histórica, sino como una advertencia estructural. La CASEN 2024 muestra progresos reales en la reducción de pobreza, pero también confirma la persistencia de un núcleo duro de precariedad multidimensional. Mientras el 17,7% de la población continúe enfrentando carencias estructurales en trabajo, seguridad social, redes y cuidados, la legitimidad democrática seguirá siendo débil, intermitente y susceptible a la desafección o al autoritarismo.
La resolución de esta crisis no depende exclusivamente del crecimiento económico ni de la eficiencia administrativa. Se necesita una reconfiguración del papel del Estado: de ser un gestor de mercados a convertirse en un garante efectivo de condiciones de vida. Esto requiere desmercantilizar mínimos sociales, potenciar el trabajo digno, reconstruir sistemas de cuidado, asegurar trayectorias laborales protegidas y restablecer redes de integración social. Solo de esta manera podrá la democracia recuperar profundidad, arraigo y significado.
En conclusión, la crisis chilena es una crisis de vida colectiva. Cuando el mercado organiza la sociedad, el Estado administra sin proteger y el trabajo precariza en lugar de integrar, la democracia sobrevive como una forma, pero se desdibuja como experiencia. La CASEN 2024 no solo mide pobreza: evalúa los límites de un modelo de organización social. Escuchar estos datos no es solo un ejercicio técnico, sino una exigencia democrática.
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