Por Paula Villalobos, abogada y ex jueza de Familia.
Imagina entrar a un tribunal con un problema serio—una estafa, un acto de agresión, una disputa familiar o una demanda laboral. Antes de que se pronuncie una palabra, sientes que el resultado ya está decidido, no por los hechos o la ley, sino por la identidad del otro: su apellido, puesto, contactos, capacidad para pagar un abogado competente, o si presenta un expediente bien estructurado, mientras tú solo cuentas con tu relato y algunos documentos.
En Chile, hay una crisis de confianza en el sistema judicial, especialmente en el Poder Judicial. Cuando la justicia se torna incierta, la convivencia social se ve afectada: la gente deja de denunciar, se resigna, se distancia del Estado y busca “solucionar” las cosas por su cuenta.
La crisis tiene nombres y hechos
Recientemente, hemos sido testigos de la destitución de varios ministros de Cortes, así como graves acusaciones y investigaciones penales. El caso de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada de cohecho y lavado de activos, refleja una realidad alarmante: muchas personas lo ven como un indicio de problemas profundos. Cuando se producen destituciones por acusaciones constitucionales, el mensaje es claro para la ciudadanía: “algo serio está sucediendo”.
La justicia se fundamenta en la imparcialidad, y al cuestionarse este principio, todo el sistema comienza a tambalearse.
La percepción ciudadana tiene fundamento.
Un dato alarmante es que, según un estudio reciente, el 78% de los participantes creen que las sentencias están influenciadas por poder y dinero. Además, un 57% identifica la corrupción como el mayor problema del Poder Judicial (Informe Claves Ipsos, enero 2026). Para muchos, la justicia parece no ser equitativa, sino que favorece a unos pocos desde el principio.
Asimismo, la Encuesta CEP (2025) señala que la confianza en los tribunales se sitúa en solo el 16%. Es decir, de cada 10 personas, apenas 1 o 2 confían.
La pregunta es: ¿cómo puede mantenerse un sistema en el que casi nadie confía?
La segunda herida: entramos al sistema “a ciegas”
A 20 años de la Reforma Procesal Penal, es preocupante que el 68% de la población afirma conocer “poco o nada” sobre sus derechos en el sistema de justicia penal, lo que significa que la mayoría ignora qué puede exigir, qué no debe aceptar, qué significan los plazos, qué hacer si no comprende una resolución, o a quién dirigirse.
Ingresar al sistema sin conocer tus derechos implica entrar en desventaja, incluso si se tiene razón.
Esta situación se agrava con otro dato: la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2022 revela que el 64,8% de la población cree que en Chile no existen garantías para un proceso judicial justo y sin discriminación. Esto indica que no solo es cuestión de corrupción, sino que también hay una percepción de que el trato varía según el apellido, la comunidad, el acento, la apariencia o el estado económico.
Esto crea una percepción social contundente. Y esta percepción influye en los comportamientos: si las personas creen que no recibirán un trato justo, evitan entrar; o lo hacen con miedo, frustración o se ven forzadas a aceptar acuerdos que consideran injustos. De esta manera, se desdibuja el concepto de justicia.
Chile ha expresado lo que necesita: orientación y difusión de derechos
Durante un proceso de participación para el Plan Nacional de Acceso a la Justicia, las prioridades de la ciudadanía se hicieron claras: orientación legal (61,1%) y difusión de derechos (36,7%).
Esto indica un mensaje concreto: la gente no busca más discursos, sino que necesita que alguien, de manera sencilla, les explique qué hacer, a dónde ir, qué documentos llevar, qué derechos tienen, qué recursos están disponibles, cuánto tiempo toma y qué es razonable exigir.
Pues cuando la justicia resulta incomprensible, se percibe como amenazante. Sin embargo, cuando se comprende, se convierte en protección.
Aun cuando el sistema judicial se esfuerce, puede ser percibido como inaccesible.
Medidas para recuperar la confianza: integridad, claridad y acceso
Como ex jueza de familia, puedo afirmarlo con claridad: la confianza no se recupera con comunicados o buenas intenciones. Regresa cuando el sistema se expone a la crítica y acepta controles efectivos; cuando explica sus decisiones en un lenguaje comprensible, sin tecnicismos; y cuando ofrece orientación jurídica de manera oportuna, porque nadie debería llegar a un tribunal sin saber y con miedo. Sin esto, no pidamos fe: es injusto esperar que los ciudadanos confíen en un sistema que muchas veces los hace sentir pequeños, confundidos y en desventaja. Y una justicia vivida de esta forma no protege; intimida.
Una reflexión final (incómoda, pero necesaria)
Si permitimos que la desconfianza prevalezca, todos perdemos: los honestos, las víctimas, los niños, las familias, los trabajadores, las personas mayores. La justicia se basa en una idea simple: que todos valen lo mismo ante la ley. Si esa idea se desvanece, el país se fractura. Pero si la cuidamos con cambios concretos, Chile se fortalece.
¿En qué momento dejó de confiar o qué experiencia le hizo confiar en la justicia chilena?
Paula Villalobos Molina
Abogada especializada en Infancia y Familia y ex Jueza de Familia de Linares; litigante, consultora y docente. Comparte análisis y herramientas prácticas sobre justicia y protección de derechos en Instagram.
Con Información de chilelindo.org
