Periodista y editora internacional.
La política migratoria de la administración Trump está ocasionando un cambio profundo en los flujos migratorios en la región.
México ya no es solo un país de tránsito; se ha convertido en un destino final para miles de migrantes. Este fenómeno es una consecuencia directa de la agenda de «securitización» de la migración impulsada por Washington, que incluye presiones sobre otros países y severas restricciones en la frontera norte.
No obstante, el efecto es dual: por un lado, la crisis humanitaria se regionaliza, trasladando la presión de Estados Unidos hacia las ciudades latinoamericanas; por el otro, complica la gestión interna de países como México, que deberá enfrentar retos en la integración social, laboral y de servicios sin los recursos y marcos de cooperación adecuados, especialmente tras la eliminación del USAID. Este escenario estará consolidado para 2026, donde la movilidad humana se abordará principalmente como un problema de seguridad, en detrimento de enfoques centrados en derechos y desarrollo.
Simultáneamente, la crisis en Bolivia se reanuda tras la breve luna de miel del nuevo gobierno que finalizó con 20 años del MAS. La eliminación del subsidio a los combustibles ha llevado a una confrontación abierta entre el gobierno y los actores sociales organizados. La Central Obrera Boliviana (COB) ha adoptado una postura intransigente ante el diálogo previsto para el primer lunes de 2026, exigiendo no solo cambios al decreto, sino su total derogación y la creación de una nueva norma consensuada.
De este modo, el conflicto se desplaza del ámbito de las protestas hacia un plano político que afecta la gobernabilidad; Paz carece de margen fiscal para hacer concesiones. El resultado es la institucionalización del conflicto, con paros y movilizaciones recurrentes, provocando un deterioro acelerado de la autoridad presidencial. Este contexto confirma análisis previos que indicaban que ajustes económicos abruptos generarían una inestabilidad social prolongada en 2026, debilitando la capacidad de gobierno y creando nuevos focos de tensión interna.
Por último, Nicolás Maduro no ha validado el ataque con drones confirmado por EE.UU y Colombia contra instalaciones en Venezuela, limitándose a manifestar su disposición a establecer un acuerdo antinarcóticos con Washington.
Esta declaración, difundida por el canal estatal VTV, podría ser un intento por parte de Caracas de desactivar el principal casus belli esgrimido por la administración Trump para justificar su despliegue militar y las acciones unilaterales que han resultado en más de un centenar de muertes.
¿Está Caracas evaluando que la escalada militar directa es insostenible? Todo parece indicar que están intentando reorientar el conflicto hacia un marco diplomático, donde podrían buscar un alivio a la presión a cambio de concesiones en materia de seguridad. Sin embargo, la efectividad de esta oferta es bastante limitada, dado que EE.UU. ha catalogado al gobierno venezolano como parte de una «red de narcotráfico».
La propuesta de Maduro pone a prueba la voluntad de Washington: si el objetivo es el cambio de régimen, será rechazada; si existe espacio para un quid pro quo operativo, podría iniciarse una fase de negociación tensa e incierta.
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