Chile no se presentó a las elecciones municipales de 2024 en condiciones de normalidad democrática, sino más bien agotado. Este cansancio representa una experiencia social tangible: alta inflación reciente, inseguridad constante, percepciones de migración irregular descontrolada, una economía afectada por la pandemia y la frustración derivada de dos procesos constituyentes rechazados. Así, los ciudadanos se han vuelto más preocupados por regresar a certezas mínimas que por discutir grandes metas futuras.
Propongo lo siguiente: entre 2024 y 2025, una parte considerable del electorado chileno dejó de votar desde identidades ideológicas fijas y comenzó a hacerlo impulsado por una urgente necesidad de control. Este fenómeno no se trató de una despolitización, ni de una simple continuidad de la política tradicional; fue un cambio en la propia naturaleza del acto de votar.
El contexto es fundamental. En 2022, la inflación alcanzó el 14,1%, impactando directamente en el costo de vida. Aunque luego se moderó, la sensación de estabilidad se erosionó. Al mismo tiempo, la delincuencia emergió como la principal inquietud de más del 57% de la población, mientras que las tasas de homicidio se mantenían por encima de los niveles de la década anterior. La migración irregular, especialmente visible en el norte del país, acentuó la percepción de un Estado incapaz de ejercer control efectivo. La frustración generada por dos fracasos en plebiscitos constitucionales deterioró aún más la confianza en procesos prolongados y promesas estructurales.
Estos factores no solo hicieron de telón de fondo, sino que se convirtieron en una experiencia social concreta. Según el sociólogo Zygmunt Bauman, Chile se adentró en una modernidad líquida: vínculos frágiles, horizontes temporales cortos, decisiones impulsadas por la reducción de riesgos en lugar de por la adhesión a proyectos sostenibles. El acto de votar se transformó en una estrategia defensiva.
Los resultados de las elecciones municipales de 2024 lo evidencian. En la elección de alcaldes, los candidatos independientes lograron cerca del 50% de los votos, mientras que en concejales, su apoyo se redujo al alrededor del 28%. Esta discrepancia no es irrelevante: indica que la ciudadanía deseaba pluralidad para representar intereses y visiones diversas, pero exigía síntesis para la conducción. Disociaron intencionalmente la representación de la conducción.
Incluso dentro del tradicional eje izquierda-derecha, esta lógica persistió. Si consideramos solo los partidos, la derecha obtuvo alrededor del 52,5% de los votos en alcaldes en comparación con un 47,5% de la izquierda. En concejales, la brecha fue mayor. Esto no implica necesariamente una derechización ideológica profunda, sino una mayor capacidad de un bloque para traducir el malestar social en liderazgo ejecutivo claro, mientras que el otro mantuvo una fuerte representación, pero más fragmentada.
A este respecto, el aporte de Chantal Mouffe es clave. Para ella, el conflicto no desaparece en democracia; se transforma. Lo sucedido en 2024 no fue la extinción del antagonismo, sino su reordenamiento. El conflicto dejó de estructurarse en torno a grandes proyectos ideológicos y comenzó a organizarse en función de una frontera más inmediata y experiencial: orden versus desorden, control versus incertidumbre, capacidad versus dispersión. La política que logró ilustrar esta frontera fue electoralmente efectiva.
Sin embargo, también surge el límite y el riesgo de este desplazamiento. Cuando la política responde al agotamiento social centrándose casi exclusivamente en el control, puede terminar sustituyendo el conflicto democrático por una promesa de orden. Mouffe alerta que una democracia que busca neutralizar el conflicto en pos de la eficiencia se vacía de contenido. El antagonismo no desaparece; se desplaza y puede resurgir con mayor intensidad.
Bauman complementa esta advertencia al señalar que las sociedades líquidas son especialmente susceptibles a promesas de certezas inmediatas. Cuando la incertidumbre se convierte en algo permanente, la libertad puede comenzar a ser vista como una carga en lugar de un valor. En tal contexto, la promesa de orden puede resultar más seductora que la deliberación democrática. El autoritarismo, por lo tanto, no aparece como una ruptura abrupta, sino que se infiltra en medio del cansancio.
La elección presidencial de diciembre de 2025 fue, en este sentido, una nacionalización de la lógica ya practicada en 2024. A nivel nacional, el electorado replicó la lógica del alcalde: liderazgo claro, mensajes simples, promesa de control. Esto no se debió a la desaparición del deseo de transformación, sino porque ese deseo no encontró canales creíbles en una política fragmentada y desgastada.
Hoy, Chile no es una sociedad autoritaria. Sus instituciones funcionan y el pluralismo se mantiene. Sin embargo, el ciclo 2024-2025 dejó huellas que no pueden ser ignoradas: desconfianza hacia la intermediación política, una reducción del debate centrada en la gestión del orden y una preferencia por liderazgos que prometen control sin mucha explicación. Estos son indicios de un umbral democrático, no de un abismo, pero los umbrales son importantes.
La pregunta pendiente no es solo de carácter electoral, sino profundamente democrática: ¿cómo reconstruir un sentido colectivo sin ignorar la necesidad de control en una sociedad fatigada? ¿Cómo articular el conflicto sin caer en el caos, y ofrecer estabilidad sin clausurar el debate?
Si la política no encuentra respuesta a este dilema, corre el riesgo de ganar elecciones gestionando el miedo, pero perder la democracia en el proceso. Esa es una lección que Chile, después de todo, no debería permitirse ignorar.
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