El Gobierno presenta una Ley Marco de Suelos para abordar la crisis ambiental, proteger la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad del país.
Chile enfrenta una grave crisis ambiental: más del 60% de su suelo muestra algún grado de erosión, lo cual compromete la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la resiliencia climática. En este contexto, el Gobierno ha propuesto modificaciones al Proyecto de Ley Marco de Suelos (Boletín N.º 14.714-01), con el objetivo de reconocer el suelo como un elemento crucial de nuestro medio ambiente, más allá de ser solo un recurso productivo.
Esta iniciativa legislativa es fundamental en un ambiente repleto de denuncias por contaminación y los efectos de incendios forestales en la zona centro-sur. Casos como la demanda del Estado contra la minería en Puchuncaví por metales pesados han reavivado el debate, junto a la histórica falta de información científica y catastro actualizados que dificultan una planificación territorial eficiente y sostenible.
El eje central de esta propuesta es la creación de una Política Nacional para la Gestión Sostenible del Suelo, liderada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), que será responsable de coordinar los diferentes servicios públicos para la implementación efectiva de medidas de protección y recuperación.
De acuerdo a José Manuel Bellalta, gerente general de GB Cinco Ambiental, este avance legislativo es una señal significativa para el ámbito técnico y ambiental. “Chile posee pasivos ambientales históricos que requieren ser gestionados con fundamento en evidencia científica. La creación de un Catastro Nacional de Suelos, como sugiere la ley, facilitará la identificación de zonas vulnerables, funciones ecosistémicas y niveles de degradación, con información pública y accesible”, afirma.
A diferencia de normativas anteriores, el proyecto incorpora un enfoque de equidad territorial, proponiendo la formación de cinco comisiones macrozonales compuestas por gobernadores regionales, académicos y representantes de la sociedad civil. Esto permitirá ajustar las medidas de protección a las realidades locales y fortalecer la gobernanza ambiental.
Bellalta también destaca la solidez técnica de esta propuesta, que incluye directrices para la gestión de suelos potencialmente contaminados, ofreciendo así certeza jurídica y ambiental tanto para comunidades como para inversionistas. Además, se proyecta la creación de un Instituto del Suelo en un lapso de cuatro años, lo que podría convertir a Chile en un referente regional en gobernanza ambiental y facilitar el acceso a financiamiento internacional verde.
Finalmente, el desafío mayor de esta ley será conciliar los intereses de los sectores agrícola, forestal y ambiental, asegurando un desarrollo sostenible a largo plazo. Con la presentación de las indicaciones en enero de 2026, el Ejecutivo busca sincronizar los instrumentos de fomento productivo con la resiliencia climática, garantizando que el patrimonio del suelo se conserve y recupere en beneficio de las futuras generaciones.
Con Información de chilelindo.org
