El año 2026 marcará un punto crucial para Perú. El 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales, y el 4 de octubre, las Elecciones Regionales y Municipales. Hasta diciembre de 2025, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró a 36 candidatos a la presidencia. Sin embargo, la ciudadanía, cansada de la situación actual, se manifiesta en las calles y redes sociales con campañas como #PorEstosNo, mientras las reglas electorales siguen favoreciendo a los mismos actores políticos de siempre.
Por: Melissa Rubio.
En las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, los ciudadanos elegirán al Presidente de la República, a los vicepresidentes y renovarán el Congreso bicameral, que consta de 60 senadores y 130 diputados. Asimismo, se votará por los representantes al Parlamento Andino. Este proceso no es trivial, ya que definirá la dirección política del país durante los próximos años, en un contexto de desconfianza y descrédito institucional.
Unos meses después, el 4 de octubre de 2026, se llevarán a cabo las Elecciones Regionales y Municipales. Se elegirán gobernadores regionales, alcaldes y regidores en todo el país. Este proceso es de gran envergadura: miles de cargos locales y regionales que afectan directamente la vida diaria de la población, pero que a menudo están sujetos a redes políticas clientelistas o partidarias ya establecidas.
Sistema que obstaculiza la renovación política
A pesar de que la ley electoral se presenta como un garante de orden y participación, con voto obligatorio y procedimientos estandarizados, en la práctica se convierte en un sistema que obstaculiza la renovación política. Las barreras para la inscripción, la valla electoral y el riesgo de perder la personería jurídica impactan principalmente a los movimientos nuevos, mientras que los partidos tradicionales como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Acción Popular y Avanza País continúan disfrutando de ventajas estructurales. No es sorprendente que muchos de ellos sean denunciados en la campaña #PorEstosNo, como símbolos de un poder cíclico.
Además, las normas han sido ajustadas por quienes actualmente están en el poder para asegurar su permanencia. La reelección inmediata de congresistas, que se restableció en 2024, fortaleció a quienes ya ocupan cargos, ampliando la brecha para los nuevos postulantes. Así, mientras se incrementa el número de candidaturas, la competencia real sigue concentrándose en unos pocos actores que cuentan con recursos, visibilidad y control institucional.
¿Voto obligatorio, nulo o en blanco?
En este contexto, el voto obligatorio no siempre contribuye a fortalecer la democracia. Cuando la oferta política se percibe como corrupta, fragmentada o lejana, el voto en blanco, nulo y las campañas de castigo electoral se convierten en formas de protesta. Esto no es apatía: es una señal de alerta ante un sistema que falla al reflejar el sentir de la ciudadanía. Sin embargo, el voto de protesta debe ser utilizado con cautela, ya que puede tener efectos no deseados al beneficiar a candidatos no deseables.
Desde una perspectiva humanista, el desafío no se limita a organizar elecciones masivas, sino a asegurar que estas sean legítimas, transparentes y abiertas a nuevas alternativas. Si las reglas no se reforman y la política sigue resguardada, el riesgo es claro: elecciones con cifras récord de participación formal, pero con una profunda crisis de confianza. El año 2026 no debería ser simplemente un calendario electoral, sino una oportunidad para restaurar el verdadero sentido del acto de elegir.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/01/elecciones-2026-eleccion-real-o-reciclaje-del-poder/
