Revictimización de las víctimas del Estallido Social y el Wallmapu

Una herida abierta en la débil democracia chilena

La reciente absolución del excarabinero Claudio Crespo, autor del disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019, no es un suceso aislado. El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago aplicó retroactivamente la Ley 21.560, conocida como Ley Naín-Retamal. Aunque reconoció que Crespo disparó el proyectil, lo declaró «no punible» bajo la presunción de legítima defensa privilegiada. Este fallo, emitido el 13 de enero de 2026, reabrió una herida nacional y provocó una fractura en el oficialismo chileno, con el Partido Socialista (PS) suspendiendo su participación en la coalición tras las críticas del PC y el FA a dicha ley.

Para víctimas como yo —periodista refugiada en Canadá, asilada por torturas sufridas a manos de Carabineros durante el estallido social, y con lesiones físicas y psicológicas certificadas por el Protocolo de Estambul—, esta ley representa una revictimización institucional. No solo perpetúa la impunidad de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y las represiones en el Wallmapu, sino que solidifica una herencia pinochetista en Carabineros y las Fuerzas Armadas, que han operado históricamente con un tratamiento penal privilegiado, difícil de desafiar.

El contexto del estallido y el Wallmapu: violencia y abusos sistemáticos

El estallido social de octubre de 2019 tuvo un saldo de 464 lesiones oculares graves, miles de detenciones arbitrarias, torturas, y al menos 10.796 denuncias por violencia institucional hasta 2021. Al mismo tiempo, el Wallmapu ha enfrentado décadas de militarización, con estados de excepción prolongados y un uso desproporcionado de la fuerza letal contra comunidades en lucha por sus derechos territoriales.

Carabineros, herederos directos de la represión dictatorial (1973-1990), mantienen una cultura de impunidad profundamente arraigada. Durante la dictadura, muchos torturadores fueron amnistiados o reciclados, y las reformas posteriores no alteraron la doctrina del «enemigo interno». La ley Naín-Retamal refuerza esto, presumiendo la legítima defensa policial en el contexto de las protestas, exigiendo pruebas de “incumplimiento reglamentario” para los apremios ilegítimos y protegiendo las remuneraciones durante las investigaciones.

Revictimización: del silencio legal al trauma reforzado

La revictimización se produce cuando el sistema penal vuelve a causar el trauma inicial mediante omisiones o tratos inapropiados. La ley agrava esta situación:

– Presunción privilegiada:

Se presume que Carabineros/Fuerzas Armadas actúan en legítima defensa al usar fuerza para mantener el «orden público», trasladando la carga probatoria a las víctimas —deben demostrar una agresión grave, a pesar de la evidencia contraria, como ocurrió con Gustavo Gatica (quien participaba en una protesta pacífica, defendido por el cinturón de resistencia de la denominada «primera línea», que contenía los abusos de Carabineros, según diversos informes de derechos humanos).

– Reforma de apremios:

Elimina la agravante de “bajo custodia estatal” y exige “incumplimiento de reglamentos” (un concepto vago), lo que podría reducir penas o absolver, como en el caso de abusos sexuales a internas (una revisión retroactiva rebajó la pena de 3 años a 818 días).

– Retroactividad:

Aplicada a los eventos del estallido y el Wallmapu, absolvió a Crespo a pesar de las pruebas balísticas; esto favorece a 130 carabineros procesados desde 2019.

Para las víctimas de tortura (como yo, con diagnóstico positivo de Estambul), esta ley significa una justicia inalcanzable: protege a los torturadores, reactivando el trauma vivido y el exilio.

El quiebre del oficialismo: una herida política

La absolución de Crespo en el caso Gatica desató una crisis: el Partido Comunista y el Frente Amplio criticaron esta ley como un acto de “impunidad”, lo que llevó al PS a suspender su alianza, acusando una “deslealtad”. Este quiebre expone la división en la izquierda, entre la defensa de derechos humanos y la seguridad pública a cualquier costo. El gobierno de Gabriel Boric, que promovió la ley, ahora enfrenta críticas internas, mientras que el FA minimiza el conflicto tildándolo de “pataleta del PS”, ignorando la gravedad de su impacto en la ciudadanía.

Herencia pinochetista: impunidad perpetua

Carabineros continúa sosteniendo una doctrina contrainsurgente basada en la idea de un supuesto “enemigo interno” que justifica el uso de fuerza letal (en el estallido y el Wallmapu). La Ley Naín-Retamal, junto a otras 70 normativas similares, facilita la militarización de territorios, normalizando el uso de disparos contra la población civil desarmada como justificación de «defensa».

En Chile, el legado de Pinochet permanece: existen pactos de silencio militar y amnistías implícitas. La Ley Naín-Retamal se erige como un retroceso en materia de derechos humanos y responde de forma política a un tema delicado de responsabilidad en cuanto al orden público y a conflictos sociales, mostrando una clara preferencia por el “respaldo irrestricto” a las acciones de Carabineros y Fuerzas Armadas, por encima de la verdad y la justicia.

Gustavo Gatica: un símbolo de revictimización

El Cuarto Tribunal Oral invocó la Ley Naín-Retamal para absolver a Claudio Crespo, pese a confirmar que su escopeta antidisturbios fue la que disparó y causó la ceguera de Gatica. Aunque Crespo siempre lo negó, una práctica común en Carabineros, el razonamiento judicial se basó en el principio de in dubio pro reo —en caso de duda, favorecer al acusado—, pero sesgado a favor del policía por la presunción automática de legítima defensa. El tribunal consideró la participación de Gatica en la protesta como una “agresión” que justificaba el disparo, argumentando que no se probó el “incumplimiento de reglamentos internos” requerido por la reforma a los apremios ilegítimos. Tanto Amnistía Internacional como el Instituto Nacional de Derechos Humanos han afirmado que, sin esta presunción privilegiada y los nuevos requisitos probatorios de la ley, la evidencia balística y el contexto de una manifestación mayormente pacífica habrían permitido una condena por apremios ilegítimos o lesiones graves.

Ruptura del ciclo: hacia la verdad, la reparación y la no repetición

La Ley Naín-Retamal no es simplemente una modificación normativa, sino un mecanismo estructural de revictimización que silencia a las víctimas del estallido social y las represiones en el Wallmapu, mientras perpetúa la herencia pinochetista de impunidad en Carabineros y las Fuerzas Armadas. Al establecer una presunción privilegiada de legítima defensa y endurecer la carga probatoria sobre las víctimas, esta normativa convierte el dolor individual en una derrota colectiva, dificultando el acceso a justicia por torturas, traumas oculares y el uso desproporcionado de la fuerza. El quiebre en el oficialismo —con el PS suspendiendo su alianza frente a las críticas del PC y el FA— refleja no solo un roce político, sino una crisis profunda en la izquierda chilena: una tensión irresuelta entre la agenda de seguridad pública y la necesidad de defender los derechos humanos, un legado del estallido y una transición democrática inconclusa. Como periodista refugiada en Canadá y asilada por torturas infligidas por Carabineros, mi exilio es un testimonio de esta dinámica destructiva. Salí de Chile con pruebas irrefutables, pero la absolución de Crespo en el caso Gatica y leyes como esta me condenan a un retorno imposible, donde la impunidad no solo niega la justicia, sino que amenaza con una repetición. Exijo verdad completa sobre las violaciones sistemáticas; reparaciones efectivas para las víctimas ignoradas; y garantías de no repetición mediante el desmantelamiento de la doctrina contrainsurgente de Carabineros. Chile no alcanzará una democracia plena mientras su aparato represivo siga protegido por herencias y repeticiones del pasado.