Reescribe este titular siguen pasando bala contra la juventud trabajadora y popular

Durante el cambio de mando presidencial en La Moneda de este 11 de marzo, se verificaron múltiples protestas sociales en Santiago, Concepción, Valparaíso y Temuco. Contra la delegación estadounidense, el colonialismo belicista norteamericano y sus aliados, los derechos sociales inexistentes, la ejecución de leyes de abierta coacción arbitraria sobre los estudiantes secundarios, la impunidad represiva a discreción de las policías o ley de gatillo fácil. Protestas contra del nuevo administrador de La Moneda, el extremista José Antonio Kast,  además diversas demandas como las de la comunidad trans.

En un contexto internacional signado por la pavorosa cristalización de las condiciones para una conflagración mundial, donde la única duda que cabe es si será nuclear o no. Sumados los efectos de la crisis climática, la intensificación de la desigualdad social como nunca antes en la historia, la revolución cibernética aliada con la industria armamentista y el disciplinamiento social, la proliferación de Estados policiales, el cuestionamiento terminal de la democracia capitalista, el estancamiento de inversiones productivas, la nueva crisis del petróleo en ciernes, entre otras manifestaciones propias del agotamiento del régimen del lucro.

El sistema político y las protestas

La presidencia de Kast en Chile se presenta como el continuismo de las gerencias gubernamentales, desde el término formal de la dictadura civil militar en 1990.

Con una importante participación de «los hijos de la revuelta social de 2019», en Santiago jóvenes estudiantes y trabajadores fueron los protagonistas de la jornada de protestas, concentradas entre la Biblioteca Nacional de la Alameda y la Plaza de la Dignidad, con la estatua del General Baquedano (criminal de guerra) repuesta como último y extraño gesto de Gabriel Boric.

Mientras tanto Kast, desde una de las ventanas de La Moneda, hacía un discurso anodino sobre cómo estima acabar con la delincuencia y destrabar la inversión (¿olvidó que Chile es importador de petróleo y su precio se dispara a diario, incrementando la inflación y los precios de todo?). La policía militarizada, blindada por la «legítima defensa privilegiada», no sólo reprimió las protestas con carros lanza aguas y bombas lacrimógenas, sino que, irrespetando la estatura honorífica de la investidura del nuevo mandatario, disparó balas de metal y de goma al cuerpo de los jóvenes, dejando varios heridos, e incluso usó sus armas de servicio en el sector de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. No fueron pocas las personas detenidas.

El sistema político institucional del país se divide en dos sectores, en buena medida, como reproducciones leales de los bloque estadounidenses: Boric del partido Demócrata y Kast del Republicano. Así, van turnándose.

El impacto económico

Como en gran parte del mundo, el impacto económico de la guerra es mucho mayor en Asia Occidental, en los países dependientes y primario-exportadores como Chile. El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se justifica en gran medida por el cobre, así como la balanza de pagos por el intercambio comercial con China (alrededor de un 35%). De modo que si el gobierno de Trump solicita a su camarada Kast que ponga fin a cualquier relación económica con China, sin duda una facción del capital en el país podría restarle soporte político a José Antonio y/o simplemente migrar sus capitales.

En la misma línea de preocupación, Kast se ha quejado por el déficit estructural con que la administración anterior empobreció las arcas fiscales. En los últimos días de la administración Boric, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) emitió un informe donde afirma que por tercer año consecutivo, el presupuesto fiscal presentó un déficit en su balance estructural (regla de política fiscal que dirige el gasto público sobre la base de ingresos a largo plazo -cobre y PIB tendencial- y no en ingresos coyunturales).

El 2025 cerró con un saldo negativo equivalente al 3,6% del PIB, superando el 1,1% proyectado. El CFA indicó que el gobierno excedió el acuerdo marco de la Ley de Presupuesto, considerando que el 2025 no fue un periodo con eventos extraordinarios. El «desvío» estructural comporta la falta de credibilidad del país en cuanto a sus compromisos en materia de regla fiscal.

Otro dato adicional, el 2025 la deuda pública se mantuvo en un 41,7% respecto del PIB, al igual que 2024, con una tendencia a incrementarse hacia un 45%, guarismo que dirime la calificación de confiabilidad del país para orientar a las empresas inversionistas, independientemente de su procedencia.

En este sentido, el CFA opinó que persisten los déficits estructurales, la baja de los activos del Tesoro Público, y el incremento del pago de los intereses de la deuda pública. El informe comunicó que el año pasado el gobierno central tuvo ingresos equivalentes tan sólo a un 2% del PIB, a causa de un menor monto de los impuestos y rentas de propiedad. Según el CFA, el recorte y ajuste presupuestario (de por sí violento y que daña las carteras sociales y a los empleados fiscales) «fue menor al necesario para sostener la regla fiscal». El reporte del CFA (fundado en la ortodoxia liberal) se usa como referencia dentro del ámbito técnico, pero no explora las causas profundas que explican la situación económica del Estado.

Dentro de los parámetros establecidos por el régimen del capital, tanto en el país como en gran parte del mundo, existe un estancamiento de la inversión productiva privada y pública. O sea, la creación de nuevo valor real, de riquezas que no existían antes, sufre un lapso de paralización relativa debido a crisis de arrastre y a los conflictos bélicos en curso. Ante la incertidumbre, el gran empresariado busca refugio en la especulación bursátil e instrumentos financieros ligados a las enormes corporaciones cibernéticas y de IA. Sin embargo, de acuerdo a economistas de diversas escuelas, estas se encuentran sobrevaloradas a causa de que no se han incorporado con la velocidad prometida a las diversas industrias existentes, lo que abre la posibilidad cierta de una burbuja en el sector. Mismo ocurre con la inversión en el (casi) saturado sector inmobiliario y en la economía B (narcotráfico, trata de personas, comercio sexual infantil, tráfico de órganos, apuestas virtuales), que lava sus utilidades en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos. En tanto, los Estados centrales del mundo están destacando cada vez más recursos en una nueva carrera armamentista.

El balance y lo que viene

El gobierno de Boric incumplió sus más importantes promesas de campaña, entre otras cosas, debido a la no aprobación de la (tímida) reforma tributaria, desde donde saldrían los recursos para costear reformas de beneficio social. Como no fue así, debió tomar deuda pública para salvar a las Administradoras privadas de Fondos de Pensiones (AFP) e Instituciones privadas de Salud Previsional (Isapres), subsidiar empresariado directa e indirectamente (por ejemplo, pagando parte de las planillas de sueldo de algunas industrias como las salmoneras), mantener la Pensión Garantizada Universal (PGU) y otros bonos focalizados, no desfinanciar todavía más la salud, la educación públicas y la vivienda social (recientemente recortada presupuestariamente a la mitad),

Vale recordar que la suma de la deuda pública todavía es mucho menor que la deuda de la empresa privada y los hogares (la más abultada de América Latina). En total, la deuda supera el 100% del PIB. O sea, el conjunto de la sociedad chilena ya gastó los recursos equivalentes a todo un año económico.

El gobierno de Kast ha declarado que los ajustes persistirán. En su programa habla de ahorrarle al Estado 6 mil millones de dólares en 4 años. Ello significa myor precarización laboral del sector público, destrucción de empleo y de cargos, no movilidad funcionaria, empobrecimiento de las condiciones de empleo e infraestructura, polifuncionalidad, fragmentación de las organizaciones gremiales, etc. En otras palabras, ejecutar una reducción absoluta y relativa de las remuneraciones de los empleados públicos.

Lo mismo ocurre en el sector privado. Con el objetivo de volver a obtener las tasas de beneficio previas a la pandemia, están aplicando las mismas políticas del Estado. Podría decirse que, a diferencia de ayer, el sector privado de la economía dicta las políticas fiscales (independientemente de la administración de La Moneda), y el sueldo mínimo cada vez más se acerca al sueldo máximo.

Sacando cuentas, la gente no se alimenta de desfiles militares y es posible que al inquilino de La Moneda le toque una crisis económica de proporciones y tenga que tragarse gajo a gajo los cítricos del Patio de los Naranjos.