Reescribe este titular memoria, alerta y desafío de articulación

Desde el colectivo por los detenidos desaparecidos en la “Operación Colombo” durante la dictadura, advierten que un eventual gobierno de José Antonio Kast podría tensionar las políticas de memoria en Chile y subrayan la necesidad de fortalecer la unidad entre organizaciones de derechos humanos.

Por Esteban Medina

A 50 años de la Operación Colombo, el montaje comunicacional que intentó encubrir la desaparición forzada de 119 militantes del MIR en 1975, los espacios de memoria continúan enfrentando desafíos políticos y culturales. Desde el colectivo relacionado con Los 119 advierten que el próximo gobierno de José Antonio Kast podría implicar menor respaldo institucional por parte del Estado y un clima político menos favorable para el trabajo de preservación de la memoria.En 1975, la dictadura chilena difundió a través de publicaciones extranjeras la versión de

que 119 militantes habrían muerto en enfrentamientos fuera del país. Con el tiempo se acreditó que se trató de una operación de desinformación coordinada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), para encubrir detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas ocurridas en territorio nacional. Medio siglo después, la ausencia de información sobre el destino de muchas de las víctimas mantiene vigente la demanda de justicia.

Para el colectivo, la Operación Colombo fue una estrategia destinada a instalar un relato oficial que negara la existencia de detenidos desaparecidos. En ese sentido, subrayan que el montaje no solo buscó ocultar crímenes, sino también legitimar la represión ante la opinión pública.

En el actual contexto político señalan que la llegada de José Antonio Kast al gobierno genera inquietud debido a sus posturas públicas frente al periodo dictatorial y temas de la actualidad. El futuro Presidente ha reivindicado en distintas ocasiones la figura de Augusto Pinochet. Ha cuestionado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por su actuar durante el Estallido Social, acusándolos de perseguir a Carabineros inocentes. Criticó la Ley Lafkenche, señalando que esta generó problemas jurídicos para proyectos productivos y ha frenado la inversión, debido a que mientras se tramita una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, se paralizan las concesiones y proyectos. Además, el caso de Punta Peuco, en que José Antonio Kast impulsó la idea de revisar las sentencias y casos a los presos que ahí residen por violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Su propósito es liberarlos debido a su edad, diciendo que no era humano tenerlos detenidos ahí, dado el supuesto desgaste físico y mental que tenían los reclusos por su avanzada edad.

Para el colectivo, esas posiciones de Kast permitirían predecir la manera en que el Estado se relacionará con los sitios de memoria, movimientos sociales y los programas orientados a la verdad y justicia.

A su juicio, la preocupación no se reduce a una persona en particular, sino a la persistencia de estructuras políticas y económicas heredadas del periodo dictatorial que, consideran, no han sido transformadas de manera sustancial desde que Pinochet gobernara el país. Desde esa mirada, advierten que las tensiones con organizaciones sociales y territoriales que promueven cambios estructurales se podrían profundizar.

Asimismo, plantean que la memoria no es un ejercicio neutro. Recordar implica revisar responsabilidades históricas y analizar cómo ciertos aspectos del pasado continúan influyendo en el presente. Por ello, estiman que el debate sobre derechos humanos seguirá siendo también una discusión sobre el sentido y los límites de la democracia.

La unidad como tarea pendiente

Junto con esa preocupación externa, desde el colectivo surge una reflexión interna. Reconocen que las organizaciones de derechos humanos y memoria no siempre han logrado niveles suficientes de articulación y coordinación, lo que ha dificultado una acción más cohesionada frente a escenarios políticos complejos.

Existen diferencias generacionales, políticas y valóricas que han fragmentado sus esfuerzos. Sin embargo, sostienen que un contexto adverso podría convertirse en una oportunidad para fortalecer la cooperación entre colectivos que comparten la defensa de verdad y justicia.

Desde su mirada, el desafío actual no es solo enfrentar posibles retrocesos institucionales, sino ampliar la base social que respalda las políticas de memoria. La construcción de una ciudadanía informada y activa aparece como un elemento central para sostener estos procesos en el tiempo.

Finalmente, enfatizan que la memoria no puede depender exclusivamente del gobierno de turno. La entienden como un proceso social permanente, cuya continuidad descansa en la organización y el compromiso de la sociedad civil. En ese marco, sostienen que el debate actual no solo refiere al pasado, sino también a cómo el país decide abordar su historia reciente y proyectar sus principios democráticos hacia el futuro.