Chile enfrenta una crisis habitacional profunda que ya no puede disfrazarse. Actualmente, el déficit habitacional supera las 760.000 viviendas, mientras que la capacidad real del Estado, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, apenas llega a 260.000 soluciones por ciclo presidencial. Aun si se alcanzaran las metas propuestas, el país seguiría acumulando familias sin hogar. No se trata de una situación temporal, sino de una política mal concebida para gestionar la escasez.
La manifestación más evidente de este fracaso es el aumento continuo de los campamentos. Según TECHO-Chile, hoy existen más de 1.200 campamentos donde residen más de 110.000 familias, prácticamente el doble que hace diez años. Además, hay cientos de miles de familias que viven en condiciones de hacinamiento. Detrás de estas cifras hay historias repetidas: familias que se organizan, postulan, cumplen con los requisitos y pueden esperar diez años o más por una solución que nunca llega. La lista de espera existe, pero avanza a un ritmo que es incompatible con la necesidad y, sobre todo, con la dignidad.
En este contexto, surgen tomas de terrenos y movilizaciones sociales que son rápidamente condenadas desde la comodidad de los políticos y empresarios. Pero la incómoda pregunta sigue sin respuesta: ¿es legítimo exigir esperas de una década para acceder a un derecho básico? Cuando el Estado no responde de manera oportuna y adecuada, el sistema lleva a algunos a «saltar la fila». Esto no es una defensa de la ilegalidad; es un síntoma de una política pública que «mira hacia otro lado» porque ha normalizado la demora.
En Chile, se habla de la vivienda como un derecho, pero la Constitución la considera un beneficio. La Constitución Política de la República de Chile no reconoce explícitamente el derecho a una vivienda digna ni establece obligaciones exigibles al Estado en términos de plazos o estándares. Esto contrasta con los compromisos internacionales que ha asumido Chile, en especial el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce la vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida digno y obliga a los Estados a adoptar medidas progresivas y efectivas. Al no traducir estos compromisos en exigibilidad interna, la espera se normaliza, se amplía la brecha y se perpetúa la desigualdad.
El MINVU suele justificar esta lentitud por el alto costo del suelo, pero esa explicación es incompleta. Chile no cuenta con una política activa contra la especulación inmobiliaria. Miles de hectáreas en los alrededores de las ciudades permanecen “en engorda”, pagando contribuciones agrícolas, mientras se valoran gracias a la expansión de servicios urbanos financiados por el Estado. Es inaceptable que el Estado tolere esta distorsión, subsidiando por omisión al especulador, mientras miles de familias esperan una vivienda durante años.
A esto se suma un urbanismo ausente. Seguimos refiriéndonos a “desastres naturales” cuando ocurren incendios, inundaciones, aluviones o terremotos. No son desastres; son fenómenos naturales que se convierten en tragedias debido a una mala ubicación de las viviendas, a menudo impulsadas por la avaricia inmobiliaria y una regulación débil. Construir en quebradas, zonas inundables o en límites urbano-rurales sin resguardos no es normal ni tampoco es cuestión de mala suerte: es una falta de planificación y también corrupción a nivel local.
Es particularmente preocupante que el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, haya propuesto desregular el territorio para fomentar la construcción y el empleo. El costo de esta desregulación no afecta a las estadísticas a corto plazo, sino a las personas que quedarán expuestas a riesgos evitables. Luego, lamentaremos otra vez “desastres naturales” que, en realidad, fueron desastres anunciados.
Chile no solo necesita más viviendas. Necesita ciudad, regulación del suelo, planificación urbana y un Estado que entienda que sin derechos exigibles no hay política pública, solo una administración del déficit. La escasez de viviendas y la ausencia de urbanismo no son solo un eslogan; es el diagnóstico de una política que ha superado el umbral ético y moral para una convivencia saludable.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/02/minvu-poco-de-vivienda-y-casi-nada-de-urbanismo/
