El ex presidente Sebastián Piñera denunció a quienes, al conocer las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la dictadura de Pinochet y no oponerse ni reconocer esos crímenes, acusándolos de ser “cómplices pasivos” de estos actos, que están completamente documentados por los tribunales de justicia.
Esto explica la existencia de personas que apoyan el indulto a los prisioneros de Punta Peuco, donde están recluidos algunos de los agentes más oscuros de la DINA y la CNI, como Miguel Krassnoff Marchensko, condenado a más de mil años de prisión por homicidios, torturas, desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad.
La detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 puso de manifiesto la postura de políticos y empresarios de derecha que defendieron al dictador y exigieron su regreso al país, alegando que debía ser juzgado aquí ante las acusaciones en su contra. Muchos de estos cómplices pasivos fueron expuestos ante la opinión pública, aunque otros siguen intentando eludir su responsabilidad por los horrores sufridos por la población chilena.
En las últimas elecciones, los principales candidatos de la derecha habían sido activos partidarios del pinochetismo e incluso se jactaban de su amistad con quienes cumplen penas de prisión perpetua. Aunque no todos estuvieron directamente implicados en los crímenes, no pueden eludir su complicidad con los autores intelectuales y materiales de estas atrocidades.
A pesar de esto, el electorado nacional los respaldó con una significativa victoria en las elecciones presidenciales, posicionando a José Antonio Kast para asumir el gobierno. Este resultado debe avergonzar a la centroizquierda, ya que, frente a los pressing problemas del país, los ciudadanos ignoraron la inclinación extrema de estos candidatos. Esto no implica que los chilenos hayan olvidado los trágicos diecisiete años bajo la dictadura.
Por otro lado, se evidencian los acuerdos y omisiones de la clase política respecto a la continuidad de la Constitución de 1980 y la preservación del modelo económico social legado por el régimen de facto. Desde que se aceptó la condición de senador vitalicio de Pinochet, la política chilena ha estado marcada por una inusual connivencia, que terminó en la elección de un presidente con vínculos con el antiguo régimen autoritario.
Está claro que la ciudadanía ha optado por la derecha más radical. A punto de iniciar un gobierno de emergencia, se busca cautivar a la población y extender las orientaciones ideológicas de Kast más allá de su período presidencial de cuatro años.
A pesar de que durante la campaña electoral se mencionaron indultos y excarcelaciones para varios agentes represivos, es evidente que esto podría repercutir negativamente en los intereses de la derecha. Liberar a quienes, según el derecho internacional, cometieron crímenes de lesa humanidad, sería un escándalo y muy probablemente altamente repudiado a nivel global. De hecho, podría favorecer a la futura oposición si Kast cometiera la imprudencia de liberar a tales individuos.
Al contrario, sería beneficioso para la política nacional que la Justicia cerrara finalmente los procesos pendientes sobre Derechos Humanos, que los condenados cumplieran efectivamente sus penas y que los chilenos se despojaran de cualquier venda en los ojos, condenando el terror vivido y promoviendo un reconocimiento público de la complicidad existente.
No tiene sentido que las nuevas generaciones lleven el peso colectivo de las acciones de sus antepasados y no se atrevan a condenar la brutal represión dictatorial. Esto podría fomentar una crítica autocrítica y sincera desde la izquierda y entre aquellos que, en oposición a Salvador Allende, fomentaron el golpe de Estado y la descomposición democrática.
Esperamos poder cerrar esta amarga etapa de nuestra historia sin impunidad ni olvido, a pesar de los intentos de algunos por hacerlo.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/01/pinochet-murio-pero-se-quedo/
