No todos compartimos la misma visión de país. Algunos sueñan con un lugar donde haya trabajo digno, remuneraciones justas, salud y educación gratuitas y de calidad para todos. Otros, en cambio, anhelan un país para los ricos, elegante y sin “desfavorecidos” a su alrededor, donde puedan acumular riquezas en un sistema privado que beneficie a los capitalistas. Este es el país que han sostenido, tanto bajo la dictadura como en su legado posterior.
El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y deben actuar con fraternidad. Sin embargo, esta igualdad no se refleja en la realidad, y la fraternidad también se rompe en la práctica. Personalmente, no siento fraternidad hacia la derecha, lo que me lleva a transgredir diariamente el primer artículo de la Declaración, y parece que esto no tiene consecuencias para mí ni para ellos.
No todos los derechos humanos son iguales. Violentar la fraternidad del primer artículo no es lo mismo que infringir el artículo 5, que prohíbe la tortura y el trato inhumano, cruel y degradante, como lo hizo el régimen de Pinochet, al que defiende el señor Kast. En un gobierno del pueblo, tal defensa será rechazada no como una nueva dictadura, sino como una defensa de la decencia mínima que debe prevalecer en cualquier sociedad.
La verdadera democracia radica en que las leyes y constituciones representen a las grandes mayorías. Si la mayoría está compuesta por los más pobres y desposeídos, conocidos comúnmente como el pueblo, debemos aceptar que es su voz la que debe guiar al país. Los ricos forman una minoría y no tienen derecho a imponer sus intereses sobre los demás. ¿Conocen algún país donde haya más millonarios que pobres? No lo creo.
Las constituciones no transforman realidades. Solo quienes realmente detentan el poder, es decir, quienes poseen el capital, los medios de comunicación y el respaldo de las fuerzas armadas, pueden cambiar la vida de las personas, no el presidente electo.
Salvador Allende no provenía del pueblo en el sentido estricto, su familia era de clase media alta, pero él se identificaba con la gente más vulnerable. Para nosotros siempre fue el compañero presidente. Desde la dictadura, ningún presidente ha sido compañero; siempre han buscado consensos con la clase capitalista.
Michelle Bachelet ha señalado: “La única forma de lograr un mejor futuro para nuestro país es recuperando nuestra capacidad de alcanzar acuerdos transversales en muchos ámbitos.” Por su parte, Gabriel Boric ha comentado que “El país lo hacemos todos y todas…”
Sin embargo, esos consensos suelen beneficiar a los poderosos. Lo que debe prevalecer es que las minorías se sometan a las decisiones de la mayoría, aceptando vivir en el país que el pueblo construya. Un entorno donde gobierne la ciudadanía, no los capitalistas, es esencial, y eso posibilitaría acceso a educación pública gratuita, donde todos los niños convivan en igualdad, tal como pretende la Declaración Universal.
¿Y de dónde saldrá el financiamiento para todo esto? Principalmente, de las riquezas que genera el cobre y el litio, como está implementando Bolivia, además de las ganancias de industrial públicas. Incluso sería posible anular las concesiones mineras, que son inconstitucionales, para mejorar la situación del país.
En resumen, aunque no todos somos iguales y nunca lo seremos, en una verdadera democracia no debería existir tantas diferencias que resulten irritantes. Alcanzar un estado donde todos puedan vivir dignamente es posible, y el crecimiento del país beneficiará a todos sus habitantes.
¡Vamos, que sí se puede o más bien, sí se podrá!
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/02/no-hay-pais-de-todos/