Memoria, reparación y reconciliación en honor a las 18 víctimas de la masacre de Juliaca.

Memoria y resistencia. El 9 de enero, Perú conmemoró a los 18 fallecidos en la masacre de Juliaca, Puno, que tuvo lugar hace tres años, durante los primeros días del gobierno de la ex presidenta Dina Boluarte Zegarra. En este trágico evento, perdieron la vida 17 civiles y un oficial de policía; días más tarde, un adolescente de 15 años, quien había sido herido inicialmente, también falleció. Tras tres años de indagaciones, Tomás Aladino Galvez, actual Fiscal Interino de la Nación, decidió desactivar el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas de Protestas Sociales (EFICAVIP), dando un giro a las investigaciones y regresando al punto de partida. ¿Acaso se busca la impunidad?

Lima: Conferencia de los familiares de las víctimas

El pasado jueves 8, en Lima, varios colectivos y organizaciones de familiares de las víctimas llevaron a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles y Afines del Perú (FNTTP) para manifestar su rechazo a la desactivación del EFICAVIP y exigir su restitución.

“Estamos aquí para denunciar la política de impunidad que aplica el actual gobierno, ya que con la desactivación del EFICAVIP se retrasan las investigaciones para localizar a los responsables”, expresó Milagros Maguiña, representante de los familiares de las víctimas.

Maguiña destacó que esta política de impunidad tiene como objetivo proteger un sistema liberal en lugar de buscar justicia. “Esto crea un precedente alarmante: el Estado puede reprimir sin consecuencia, alegando que las masacres son ‘errores’. Por eso estamos aquí, para hacer un llamado firme contra la normalización de la impunidad”.

“Es responsabilidad de la prensa alternativa denunciar y visibilizar esta política estatal que busca la impunidad para sí misma. Las familias de las víctimas no se rendirán, su exigencia seguirá en las calles y en los tribunales; la muerte de un hijo del pueblo nunca se olvida”, añadió.

Milagros Samillán, familiar de una de las víctimas, relató: “Hemos resistido tres años pidiendo justicia; hayan cambiado siete veces a los fiscales en Juliaca, hemos enfrentado reprogramaciones, suspensiones de audiencias, y stigma cuando nos preguntan, ‘¿tu hermano sabía manejar armas?’… ¿qué pasará ahora con nuestros casos?”.

Plantón frente al Palacio de Justicia

El 9 de enero, diversos grupos de la sociedad civil se reunieron en el frontis del Palacio de Justicia para realizar un “Plantón por 3 años sin justicia” en honor a las víctimas de la masacre de Juliaca. Se colocaron 18 ataúdes simbólicos frente a la sede del Estado, mientras efectivos policiales resguardaban la zona.

“El fiscal Tomás Aladino Galvez no solo desactivó un equipo especial; ha desactivado EFICOP, ha eliminado el Equipo Especial Lavajato (que investigaba una extensa red de corrupción internacional como Odebrecht), y también al equipo que indagaba sobre los policías responsables de la muerte de nuestros hermanos en el sur y en Lima, donde hubo cientos de heridos”, expresaron indignados los presentes.

Es importante mencionar que, antes de la desactivación de los equipos de fiscales, 20 de los 50 casos contaban con investigaciones avanzadas que podían identificar a los responsables. Sin embargo, la decisión del fiscal interino representa un retroceso que desarticula los equipos de investigación, asignando nuevos fiscales y trasladando ciertos casos a diferentes regiones. Además, con la reciente reforma, los casos de las víctimas de protestas sociales se clasificarán en el «área de investigación del terrorismo», lo que estigmatiza a las víctimas de estas protestas. “Esto implica que cualquier ciudadano que salga a manifestar en búsqueda de justicia será considerado un terrorista. Y eso es lo que ha hecho este gobierno repetidamente. Estamos indignados con nuestras autoridades”, afirmaron los manifestantes.

Manifestaciones en Juliaca y otras ciudades del sur

En Juliaca, los familiares de las víctimas participaron en varias actividades simbólicas, especialmente en los lugares donde ocurrieron los hechos, como el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac, donde se colocaron réplicas de féretros. También realizaron marchas a través de la ciudad.

Además, se llevó a cabo una misa en honor a los mártires del 9 de enero, donde estuvo presente Delia Espinoza, la fiscal de la Nación inhabilitada, quien acompañó a las familias en “manifestaciones pacíficas que buscan encontrar a los responsables de estos hechos”.

“Con el equipo EFICAVIP habíamos avanzado en la fase de investigaciones preliminares, lo cual es crucial para pasar a las investigaciones preparatorias. Se había trabajado para que los casos avanzaran, especialmente aquellos que presentaban pruebas… porque los que no las tienen, lamentablemente serán archivados”.

Las protestas también se llevaron a cabo en Ayacucho y Andahuaylas, desde donde se anunció la intención de viajar a Lima para continuar exigiendo justicia para sus seres queridos.