La Constitución y la Realidad Social en Chile
La primera frase del artículo 1 de la Constitución Política de Chile establece que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Este principio democrático subraya que no hay grupos privilegiados en nuestra convivencia nacional, y nos sitúa a todos en igualdad ante la ley. Su importancia radica en que, gracias a este enunciado, se reconoce que todos nacemos bajo las mismas condiciones fundamentales, resaltando la particularidad de la condición humana.
Sin embargo, este principio se convierte en «letra muerta» al confrontarse con la realidad de nuestra vida social. No se necesita acudir a estudios académicos: basta con observar nuestro entorno para entender cómo realmente vivimos. Aquellos de nosotros que hemos crecido en un país desgarrado y segregado rápidamente nos damos cuenta de que no elegimos nuestro lugar en la sociedad, sino que estamos marcados por diferencias preexistentes que nos imponen una asimetría como norma. Aunque esto no es una determinación absoluta, sí genera complejas diferencias estructurales que son difíciles de superar.
La realidad judicial que enfrentamos también contradice esa bienintencionada afirmación constitucional. Esto no es solo una percepción subjetiva; se encuentra respaldado por sentencias, informes policiales y procesos penales que demuestran un patrón sistemático de aplicación selectiva de la justicia. Cuando la justicia se aplica de manera desigual, deja de ser justicia y se convierte en una herramienta de discriminación y abuso de poder. En tales circunstancias, la democracia se diluye, transformándose en una autocracia disfrazada.
Tomemos dos ejemplos representativos del controvertido “Caso Convenios”, que ha acaparado la atención pública en los últimos años. Por un lado, la “arista ProCultura”, donde el psiquiatra Alberto Larraín fue formalizado por fraude al Fisco. Este individuo, cofundador de una entidad que recibió más de 1.600 millones de pesos del Gobierno Regional Metropolitano sin licitación ni acreditación clara, quedó en libertad con una medida de arraigo nacional. El juez denegó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, argumentando que no representaba un peligro para la sociedad. Aquí no se cuestiona su derecho a la presunción de inocencia, sino el abismal contraste con otros casos similares que han recibido un tratamiento judicial mucho más severo.
La aplicación de medidas parece adaptarse al inculpado, donde no se juzga igual a una persona cualquiera que a alguien con un estatus privilegiado, historia o conexiones. En mi experiencia personal con la “arista Los Lagos” del mismo Caso Convenios, fui formalizado por cargos que posteriormente se obligaron a retirar debido a falsedades. Pasé 18 meses en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Puerto Montt, a pesar de que la investigación reveló la incapacidad de sostener las acusaciones en mi contra.
Mi liberación fue posible solo después de declarar judicialmente. En esa ocasión, la Fiscalía se opuso a mi libertad argumentando que, por ser mapuche, había un «riesgo de fuga» hacia otra comunidad. Se me exigió una caución de 10 millones de pesos, que mis seres queridos lograron reunir con gran esfuerzo. La acusación se debilitó y quedó claro que nunca recibí fondos públicos, lo que hacía injustificado mi encarcelamiento.
El contraste es evidente: mientras una persona cercana al poder recibe un tratamiento indulgente, otra, de origen mapuche y sin recursos, enfrenta medidas severas sin pruebas concluyentes. Este doble estándar no es nuevo y se puede observar en la “Operación Huracán”, donde exfuncionarios de Carabineros fueron condenados por falsificación de documentos y obstrucción a la justicia, tras haber implantado pruebas falsas para justificar detenciones.
A día de hoy, el presidente de la República aún no ha asumido responsabilidades por estos actos. Las irregularidades en mi caso también incluyen la manipulación de pruebas y la discriminación basada en mi origen, lo cual contradice la normativa que prohíbe la discriminación racial.
Esto va más allá de injusticias individuales; es una práctica sistemática que refleja un Estado que niega la equidad, aplicando la ley según el apellido. Los que pertenecen al “círculo de confianza” disfrutan de un trato privilegiado, mientras que los mapuche, los pobres, los inmigrantes y las minorías enfrentan un sistema hostil.
El presidente Boric ha afirmado que existe igualdad ante la ley en Chile, pero un sistema corrupto desde sus entrañas no puede prometer una justicia real. Para establecer un sistema justo y digno, se necesita una dirección política basada en principios éticos, jueces íntegros y fiscales libres de influencias externas. Bajo tales condiciones, el “amigo” del presidente Boric, Alberto Larraín, estaría enfrentando prisión preventiva.
Los recientes acontecimientos relacionados con las sanciones a los altos tribunales de la República deben instarnos a reflexionar sobre la vulnerabilidad del sistema de justicia. La demanda por una justicia auténtica es urgente y requiere romper con la legalidad hegemónica que ha sido un instrumento de opresión, buscando un pluralismo jurídico en el que el derecho se convierta en un camino hacia la libertad.
Chile no puede seguir ignorando lo que la realidad evidencia. Es tiempo de reconocer esta incomodidad y exigir reformas profundas que eliminen los privilegios ocultos que aún imperan en nuestra sociedad.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/02/los-privilegios-que-desnudan-al-estado-chileno-en-el-caso-convenios/
