Las víctimas siempre son las que pierden. No es simplemente una consigna ni una exageración retórica, es la regularidad con la que opera un sistema cuando los abusos involucran a personas influyentes mientras que quienes denuncian son aquellos que están fuera del poder: menores, campesinos, pescadores artesanales, pequeños inversionistas, trabajadores o simplemente ciudadanos desprovistos de redes y protección.
Los ejemplos son recurrentes y muestran una crudeza casi obscena: abusos sexuales a niños y jóvenes ocultados durante años por redes eclesiásticas o políticas; injusticias donde la vida de un campesino tiene menos valor que el apellido del culpable; fraudes financieros que dejan a miles de pequeños ahorradores en la ruina, mientras los responsables negocian defensas privilegiadas y soluciones “institucionales”. Cambian los nombres y los países, pero el patrón se mantiene: el sistema protege a los suyos.
Entonces surge la incómoda interrogante: ¿por qué rara vez caen verdaderamente los poderosos? ¿Por qué el escándalo no se traduce en justicia? Porque el escándalo no representa justicia. Es simplemente visibilidad, ruido mediático y una indignación pasajera. Puede causar incomodidad, pero no derrumba estructuras. La justicia, en cambio, requiere algo mucho más complejo: decisión institucional, voluntad política y tribunales listos para ejercer su poder.
Para que un poderoso enfrente consecuencias no basta con la sospecha ni el clamor social. Se necesitan pruebas contundentes y, fundamentalmente, la voluntad de utilizarlas. Esa voluntad no surge de manera espontánea, aparece solo cuando hay una masa crítica de opinión pública, líderes de opinión y autoridades en posiciones de poder dispuestas a actuar. La dificultad radica en que estas fuerzas rara vez coinciden. Los denunciantes terminan agotándose, mientras el sistema cuenta con tiempo, recursos y una defensa corporativa sólida: “hoy por ti, mañana por mí”.
En este contexto, resulta alarmante —y escandaloso— que el Congreso se haya negado de manera sistemática a facilitar el levantamiento del secreto bancario. No es un simple tecnicismo ni una cuestión jurídica menor. Está ampliamente demostrado que rastrear el dinero es una de las herramientas más efectivas para combatir la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, al momento de dotar al Estado de esa capacidad, surge un bloqueo total. ¿Por qué? Porque levantar el secreto bancario no afecta a los delincuentes comunes, sino que amenaza al poder real. Y esa es una frontera que muchos no están dispuestos a cruzar.
Por ello, los casos de corrupción o tráfico de influencias en la cúspide del Poder Judicial generan un daño profundo. No solo por el impacto en causas específicas, sino porque minan la confianza en la última barrera que debería proteger a los vulnerables. Sin tribunales serios, honestos y transparentes, no hay Estado de Derecho, solo una gestión del poder.
Durante años nos llenamos de orgullo por tener instituciones sólidas. “Dejemos que las instituciones funcionen”, se decía. Ahora, dos décadas después, la realidad es dura: muchas de estas instituciones no funcionan, o lo hacen solo para unos pocos. La corrupción ya no es solamente un problema de víctimas individuales; es toda una sociedad vulnerada en su derecho a acceder a las riquezas que produce.
Son víctimas invisibles de un sistema de salud desfinanciado por miles de licencias falsas, usuarios de un transporte público deteriorado por el impago masivo de tarifas, ciudadanos que incluso celebran la eliminación de multas por no pagar peajes. Esta laxitud proviene de arriba y se filtra hacia abajo.
Cuando las instituciones fallan, las víctimas siempre son las que pierden. El problema no es solo ético o moral, es estructural. Y mientras no se aborde de esta forma, la injusticia seguirá siendo la norma y la indignación, un espectáculo ocasional.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/02/siempre-pierden-las-victimas/
