La restricción al derecho de retorno de los palestinos.

La censura no siempre proviene de regímenes autoritarios; a veces se instala en el núcleo de las instituciones que dicen combatirla. Cuando una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos impide la publicación de un informe sobre uno de los derechos más fundamentales del pueblo palestino —el derecho a regresar a sus hogares—, no estamos ante un simple desacuerdo técnico, sino ante un acto de cobardía institucional con profundas implicaciones éticas.

La dimisión de Omar Shakir, quien era director regional de Human Rights Watch para Israel y Palestina, no fue un acto impulsivo ni una reacción política desesperada. Fue una manifestación de coherencia profesional ante una decisión que, según su propia declaración y lo reportado por Al Jazeera English, comprometió la integridad del trabajo de la organización. Shakir no señaló un error metodológico ni una discrepancia jurídica válida, sino que denunció la censura de un informe ya revisado y listo para su lanzamiento, que fue paralizado por el temor a las consecuencias políticas de su contenido.

El informe en cuestión trataba sobre el derecho al retorno de los refugiados palestinos que han sido desplazados de sus hogares desde 1948 y en años posteriores. Este derecho está reconocido en el derecho internacional, reiterado en resoluciones de Naciones Unidas, aunque sistemáticamente negado en la práctica. El trabajo del equipo de Human Rights Watch examinaba esta negativa como una posible forma de crimen contra la humanidad, reflejando una política sostenida de exclusión y desplazamiento forzado.

Según lo reconstruido por Al Jazeera, el informe había pasado meses en revisión interna, incluidas evaluaciones legales. No fue detenido por errores factuales ni por fallas jurídicas, sino que, como explicó Shakir en su carta de renuncia, la dirección temía que su publicación fuera vista como una amenaza al carácter judío del Estado de Israel. Es decir, no se cuestionó la validez del derecho mencionado, sino la incomodidad política que su aplicación podría provocar.

Ahí se produce la ruptura ética. Una organización de derechos humanos no debe ajustar sus informes según las sensibilidades estatales o presiones externas, sino aplicar el derecho internacional de manera consistente, en especial cuando las conclusiones resultan incómodas para poderosos actores. Cuando las consideraciones de reputación prevalecen sobre el análisis jurídico, la misión de la organización se ve comprometida.

Omar Shakir lo expresó claramente al manifestar que había perdido la confianza en la integridad del proceso interno y en el compromiso de la organización con una aplicación principiada del derecho. No mencionó conspiraciones, sino hechos: un informe detenido justo antes de su publicación, sin objeciones técnicas formales tras haber superado los filtros habituales. Se refirió a una línea roja cruzada.

La renuncia de su asistente investigadora y el descontento de decenas de empleados dentro de Human Rights Watch enfatizan la gravedad del asunto. No es un conflicto individual, sino una señal institucional alarmante. Cuando una ONG global evita pronunciarse claramente sobre el derecho al retorno palestino por temor a reacciones políticas, lo que se erosiona no solo es su credibilidad en ese caso, sino la confianza en su independencia en el futuro.

Es válido discutir cómo se elaboran los informes, qué lenguaje jurídico se utiliza y cómo se contextualizan históricamente los derechos. Sin embargo, lo que no es aceptable es silenciar un trabajo completo por miedo a cómo será recibido por ciertos lobbies, gobiernos o donantes. Ese silencio no es neutral; siempre favorece al poder establecido.

Defender a Omar Shakir no es un acto personalista, sino una defensa de que el trabajo en derechos humanos exige una ética de la incomodidad, no de la conveniencia. Requiere asumir costos en lugar de evitarlos. Debe decirse lo que el derecho establece, incluso cuando ello signifique enfrentar campañas de desprestigio, presiones políticas o amenazas a la carrera profesional.

El derecho al retorno no es una consigna radical, sino un derecho humano. Tratarlo como un tabú político es aceptar que existen derechos que pueden ser suspendidos indefinidamente cuando resultan incómodos para los poderosos. Esa lógica, en cualquier otro contexto, sería inaceptable, pero en Palestina parece haber sido normalizada.

La cuestión que plantea este episodio no es solo qué sucedió dentro de Human Rights Watch, sino qué ocurre cuando las organizaciones de derechos humanos comienzan a autocensurarse. Si el temor a la reacción política determina qué informes se publican y cuáles se descartan, el sistema global de derechos humanos ingresa en una zona peligrosa.

La renuncia de Omar Shakir pone de relieve esta fisura de manera incómoda. Y su gesto, lejos de debilitar la causa de los derechos humanos, la fortalece. Recuerda algo esencial: sin independencia, valentía y coherencia, la defensa de los derechos se convierte en un discurso vacío. En tiempos de exterminio, desplazamiento forzado y negación sistemática de derechos, la neutralidad no es prudencia; es complicidad.