En 2026, Human Rights Watch emitió una de las advertencias más serias sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. No se trató solo de una crítica puntual, sino de un diagnóstico estructural que indica que el país se encuentra en la peor crisis de derechos humanos del siglo XXI. Esta afirmación se basa en patrones verificables de erosión institucional, debilitamiento del Estado de derecho y la normalización de prácticas que contradicen los estándares internacionales que Estados Unidos ha ayudado a establecer históricamente.
Estas preocupaciones se detallan en el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch, así como en declaraciones de su director ejecutivo, Philippe Bolopion, quien ha calificado al gobierno estadounidense actual como abiertamente hostil a los derechos humanos. Este tipo de lenguaje es poco común en los informes sobre democracias occidentales, lo que resalta la gravedad de la situación política e institucional en el país.
La crisis, según la organización, no solo se manifiesta en violaciones directas de derechos civiles, sino que también representa un proceso más profundo de erosión de los mecanismos democráticos. Elementos básicos como la independencia judicial, la separación de poderes, la libertad de prensa y la autonomía académica están bajo presión sistemática, ya sea a través de decisiones administrativas, reformas legales extensas o discursos que deslegitiman a los organismos encargados de supervisar al poder ejecutivo.
Este retroceso no se presenta como un quiebre repentino, sino como una acumulación gradual de medidas que, en conjunto, alteran el funcionamiento de una democracia constitucional. Human Rights Watch advierte que esta dirección recuerda profundamente a los procesos observados en países que han caído en formas de autoritarismo electoral o iliberalismo institucional.
Uno de los aspectos centrales del informe es el uso de políticas de seguridad interna y control migratorio como herramientas para erosionar derechos. Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que implican detenciones masivas, deportaciones rápidas y prácticas que vulneran el debido proceso, afectan desproporcionadamente a migrantes, solicitantes de asilo y comunidades racializadas. La utilización de leyes obsoletas, como el Alien Enemies Act, para justificar medidas excepcionales es vista por la organización como incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por Estados Unidos.
El informe también destaca el creciente uso de fuerzas federales en contextos civiles, incluidos protestas, con tácticas que Human Rights Watch considera desproporcionadas y, en algunos casos, letales. Se documentan muertes, detenciones arbitrarias y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, lo que configura un panorama donde la seguridad se prioriza sobre los derechos fundamentales.
La crisis tiene, además, una dimensión internacional. Human Rights Watch señala que el retroceso de Estados Unidos en los mecanismos multilaterales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o la Corte Penal Internacional, ha debilitado considerablemente la arquitectura global de protección. La aplicación selectiva del discurso de derechos humanos en la política exterior, que condena abusos en naciones adversarias mientras minimiza o ignora los de aliados, contribuye a la deslegitimación del sistema internacional basado en normas.
Este contexto agrava problemas estructurales que anteceden al actual gobierno, pero que se han intensificado en años recientes. La discriminación racial sistémica, la violencia policial, las restricciones al acceso al voto y la desigualdad en la justicia siguen afectando de manera desproporcionada a comunidades afroamericanas, indígenas y latinas. Human Rights Watch advierte que, en lugar de abordar estas fallas históricas, las políticas recientes tienden a reforzarlas o a usarlas con fines políticos.
Desde una perspectiva comparativa, la organización coloca la crisis de Estados Unidos dentro de una tendencia global de retroceso democrático, aunque subraya que el caso estadounidense tiene un impacto cualitativamente distinto debido a su peso político, jurídico y simbólico. Cuando una potencia que durante décadas se presentó como defensora del orden liberal internacional deteriora internamente sus propios estándares, el efecto sobre otros gobiernos es inmediato. Prácticas que antes eran difíciles de justificar se normalizan bajo el pretexto de soberanía o seguridad nacional.
En este contexto, Human Rights Watch ha instado a formar alianzas entre democracias que se comprometan efectivamente con los derechos humanos, capaces de contrarrestar la degradación normativa impulsada tanto por regímenes autoritarios como por democracias en retroceso. Este llamado implícitamente reconoce que Estados Unidos ya no puede ser asumido automáticamente como uno de los pilares de ese sistema.
La conclusión del informe es clara: la situación actual no es una anomalía pasajera ni un exceso que puede corregirse sin repercusiones. Se trata de una crisis profunda que cuestiona la continuidad del modelo democrático estadounidense como se concibió tras la Segunda Guerra Mundial. Para Human Rights Watch, sin reformas estructurales, restauración de contrapesos institucionales y un sincero retorno al marco del derecho internacional, Estados Unidos corre el riesgo de consolidar una regresión cuyos efectos se sentirán más allá de sus fronteras.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/02/la-peor-crisis-de-derechos-humanos-en-estados-unidos-en-lo-que-va-de-este-siglo/
