La crisis en Venezuela se aborda frecuentemente desde una falsa dicotomía: se presenta como una lucha heroica por la democracia o como una violación brutal del derecho internacional por parte de una potencia imperial. Ambas perspectivas comparten una limitación: esquivan la realidad del poder. Lo que sucedió en Venezuela no fue un acto improvisado ni una decisión unilateral, sino un acuerdo político meticulosamente negociado, donde ambas partes intercambiaron petróleo por poder.
La operación de Estados Unidos que llevó al arresto de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores —involucrando más de 150 aeronaves en el espacio aéreo venezolano, bombardeos selectivos y un número reducido de víctimas— se entiende mejor bajo una premisa incómoda: existió un pacto entre EE. UU. y autoridades del propio régimen. Una operación de tal magnitud requiere precisión que solo se logra con acuerdos previos entre actores clave del chavismo.
A pesar de las amenazas de Maduro, las Fuerzas Armadas venezolanas no ofrecieron resistencia. Ninguna defensa fue activada, ni hubo movilización militar. La seguridad inmediata de Maduro estaba mayoritariamente compuesta por personal cubano, lo cual refuerza el hecho de que él carecía de confianza en su entorno político y en sus propias fuerzas armadas, un dato que es clave para entender la situación.
Si la idea de un “secuestro” presidencial fuese verdadera, se esperaría una respuesta militar y política adecuada. Sin embargo, no ocurrió: Diosdado Cabello no movilizó bases políticas ni Vladimir Padrino López activó tropas. Delcy Rodríguez, actuando como vicepresidenta, emitió un discurso de condena que no reflejó el tono de una líder cuya soberanía nacional ha sido violentada.
Nada fue disruptivo o desesperado; todo fue contenido. Delcy Rodríguez, no solo vicepresidenta sino también figura clave en la economía y el petróleo venezolano, estaba en una posición para establecer un acuerdo de mutuo beneficio. Esto es especialmente relevante considerando que el principal interés del presidente Donald Trump ha sido declarado sin ambigüedades: el petróleo. Se menciona que estas conversaciones pudieron haber contado con la mediación de Qatar, un actor frecuente en negociaciones que involucran energía y geopolítica.
En este contexto, la izquierda se encuentra atrapada en la cómoda narrativa del imperialismo. Aunque denuncia con razón la violación del derecho internacional, ignora la responsabilidad activa de las élites autoritarias locales, que han comprendido que el ciclo de Maduro terminó con el desconocimiento de los resultados electorales de 2024.
El debate público gira en torno al riesgo que esta operación implica para el orden internacional. Si bien es una pregunta válida, es incompleta. El verdadero peligro radica en la normalización de pactos opacos que se presentan como acciones unilaterales, en las que se intercambia el acceso a recursos esenciales para el desarrollo económico de las potencias, mientras los actores internos mantienen su poder y acceso a recursos estratégicos, sin consideración por el derecho internacional ni la dignidad humana.
Este modelo se ha observado en muchos países africanos durante sus procesos de descolonización y persiste aún hoy. Lo sorprendente es cómo este patrón no se ha reconocido con claridad en América Latina.
Con la evidencia frente a nosotros, negar lo sucedido resulta revelador: fue un trueque de petróleo por poder.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/01/cambalache-petroleo-por-poder/
