La intensificación del cerco económico, financiero y energético contra Cuba, reafirmada y ampliada por la actual administración estadounidense, está generando una crisis de abastecimiento y apagones masivos que numerosos analistas describen como una hambruna inducida. Después de más de setenta años de embargo, la estrategia parece no solo buscar el aislamiento del gobierno cubano, sino también provocar un colapso estructural del Estado a través del estrangulamiento económico.
Cuba no es una potencia militar ofensiva ni tiene bases militares en otros países. No lleva a cabo despliegues militares en el extranjero ni representa una amenaza convencional para Estados Unidos. Sin embargo, sufre uno de los regímenes de sanciones más prolongados en el sistema internacional actual. Paradójicamente, hay una base militar estadounidense en Cuba: la base naval de Guantánamo, establecida en 1903 mediante un tratado cuya legitimidad ha sido cuestionada repetidamente por La Habana, que sostiene que opera sin el consentimiento soberano del pueblo cubano.
Antecedentes históricos del cerco
El embargo se instauró formalmente en 1962, tras la Revolución Cubana y la alineación de la isla con la Unión Soviética. A lo largo de las décadas, el régimen de sanciones evolucionó de un bloqueo comercial bilateral a un sistema de sanciones extraterritoriales. La Ley Helms-Burton de 1996 codificó el embargo en la legislación federal, limitando la capacidad del Ejecutivo estadounidense para levantarlo sin la intervención del Congreso y permitiendo demandas contra empresas extranjeras que operen en propiedades nacionalizadas tras 1959.
Desde entonces, el embargo ha restringido el comercio, la financiación internacional, el acceso a créditos multilaterales, la transferencia tecnológica y las transacciones en dólares, llevando a Cuba a operar con severas limitaciones en el sistema financiero global y enfrentándose a penalizaciones para bancos y empresas que colaboran con la isla.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante más de tres décadas, la mayoría de los Estados miembros ha votado a favor de resoluciones que demandan el fin del embargo. Aunque estas resoluciones no son vinculantes, representan un consenso internacional crítico frente a la política de EE. UU.
La inclusión en la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo”
Uno de los aspectos más polémicos ha sido la reincorporación de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo. Esta designación impone restricciones financieras adicionales, dificultando el acceso a créditos y aumentando el riesgo para entidades que mantienen relaciones comerciales con la isla. La inclusión no ha sido respaldada por evidencia pública de apoyo sistemático de Cuba a organizaciones terroristas internacionales, generando cuestionamientos sobre su justificación legal.
Cerco energético y crisis eléctrica
La crisis energética se ha convertido en un eje central. Cuba depende en gran medida de la importación de combustibles para mantener su red eléctrica y su transporte. Las sanciones que afectan a las navieras y empresas que suministran petróleo a la isla han reducido significativamente el flujo de combustible.
El sistema eléctrico cubano, con infraestructura envejecida y una capacidad de generación alternativa limitada, enfrenta apagones prolongados y generalizados que afectan hospitales, la refrigeración de alimentos, el suministro de agua y la actividad industrial.
En un contexto de escasez previa, los apagones intensifican la inseguridad alimentaria, ya que la producción agrícola depende del combustible para maquinaria, transporte y sistemas de riego. Las interrupciones energéticas deterioran las cadenas de frío y distribución de productos perecederos.
Escasez crónica y vulnerabilidad estructural
Cuba enfrenta limitaciones estructurales debidas a su modelo económico centralizado, su baja productividad agrícola y su dependencia de importaciones. Sin embargo, el embargo ha exacerbado estas vulnerabilidades al restringir el acceso a mercados, financiamiento y suministros.
La pandemia de COVID-19 impactó severamente el turismo, una de las principales fuentes de divisas del país. La disminución de ingresos en moneda extranjera dificultó la importación de alimentos y medicinas, sumadas a restricciones financieras más severas y obstáculos para el envío de remesas.
La combinación de disminución de ingresos externos, sanciones financieras y cerco energético ha generado un escenario de escasez aguda. Organismos internacionales y observadores independientes han reportado un deterioro en los indicadores de seguridad alimentaria, acceso a medicamentos y las condiciones de vida en general.
El factor político en Washington
La política hacia Cuba no puede entenderse sin considerar el contexto interno estadounidense. El peso político del exilio cubano en Florida, especialmente en Miami, ha influido históricamente en la dirección de la política exterior hacia La Habana. Figuras políticas vinculadas a este electorado han promovido una línea dura mantenida.
La presión para endurecer sanciones responde a una lógica estratégica: forzar cambios políticos en la isla mediante la asfixia económica. La premisa implícita es que el deterioro de las condiciones materiales aumentará el descontento social y precipitará transformaciones internas.
La cuestión central es si este cálculo político considera adecuadamente el costo humano.
Hambruna inducida: debate jurídico y moral
Hablar de «hambruna inducida» es una acusación grave: implica que las medidas económicas están diseñadas o aplicadas con el conocimiento de que generarán privaciones masivas en la población civil.
Las sanciones no bloquean formalmente alimentos ni medicinas. Sin embargo, las limitaciones financieras, el temor de bancos y proveedores a sanciones secundarias, y la restricción de acceso a divisas complican las importaciones esenciales.
En el ámbito del derecho internacional humanitario, el uso del hambre como método de coerción está condenado. Aunque el embargo estadounidense no se sitúa en un conflicto armado clásico, la discusión ética gira en torno a si una política de presión económica prolongada que impacta directamente en el acceso a bienes esenciales puede considerarse consistente con estándares humanitarios contemporáneos.
Base naval de Guantánamo: la paradoja soberana
A pesar de que Washington justifica su política como respuesta a una amenaza o como medio para impulsar cambios políticos, mantiene una base militar en Guantánamo establecida a comienzos del siglo XX bajo un acuerdo que Cuba considera inválido desde 1959. La existencia de esta base simboliza para La Habana una asimetría histórica y contradicciones en el discurso sobre la soberanía.
Conclusión provisional
Cuba enfrenta una crisis económica y energética de profunda gravedad. La combinación de vulnerabilidades internas, la disminución de ingresos externos y el endurecimiento de sanciones ha creado un panorama de escasez extrema.
No se trata de si el gobierno cubano tiene responsabilidades internas en la situación económica; las tiene, como cualquier gobierno. La cuestión fundamental es si una estrategia de presión sostenida durante más de setenta años, intensificada actualmente con medidas financieras y energéticas, constituye un intento deliberado de provocar un colapso estructural.
Si el objetivo es «torcer el brazo» a un Estado mediante el deterioro sistemático de las condiciones de vida de su población, la cuestión deja de ser meramente geopolítica y se torna moral y jurídica. Y esto se evidencia ante los ojos del mundo.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/02/cuba-sitiada-hambruna-inducida-y-planificada-por-washington/
