Los incendios en la Patagonia Argentina han tomado un giro devastador en el primer mes de 2026, arrasando miles de hectáreas en la provincia de Chubut y en otras regiones cordilleranas. Comunidades enteras están sufriendo la devastación de sus tierras, bosques nativos y hogares.
La respuesta del estado ha recibido duras críticas por su lentitud, falta de anticipación y recursos inadecuados, tanto por parte de las comunidades afectadas como de organizaciones sociales y ambientales. Habitantes locales, brigadistas voluntarios y vecinos han tenido que organizarse por su cuenta para combatir las llamas ante la evidente ausencia de políticas públicas efectivas.
En lugar de asumir responsabilidades, las autoridades provinciales y nacionales han recurrido a discursos que involucran a comunidades mapuches en los incendios, sin ofrecer pruebas concretas. Esto ha generado un fuerte debate, ya que expertos judiciales han indicado que no hay evidencia clara que vincule a estas comunidades con los incendios, e incluso fiscales han desmentido públicamente dichas acusaciones.
Esta criminalización parece una estrategia para desviar la atención de la inacción estatal en la prevención y el combate de incendios, sustituyendo el diálogo político por narrativas polarizantes que alimentan el racismo y el miedo.
Las comunidades Mapuche-Tehuelche afirman estar siendo objeto de un proceso de estigmatización, exclusión y desplazamiento territorial, llegando a decir que “nos están desalojando a punta de fuego”.
Las voces mapuches quedan silenciadas, a pesar de que son los guardianes ancestrales de estos territorios, habiendo protegido estos bosques por generaciones. Su conocimiento tradicional y sabiduría ecológica son cruciales para enfrentar y prevenir estas catástrofes, pero su rol no es considerado en las políticas públicas ni por parte del gobierno ni del sistema judicial, que a menudo permanece en silencio ante sus reclamos.
No se trata solamente de un desastre ambiental, sino de una crisis política, social y cultural que refleja la fragilidad de nuestros bosques frente a intereses económicos y la crisis climática. Es una muestra de la incapacidad del Estado para proteger el vida y el territorio, y de la urgente necesidad de escuchar a las voces indígenas. Además, es una justicia que debería ser independiente, pero que con frecuencia se convierte en protectora del poder y silenciosa ante los pueblos originarios.
Hay una violencia que no siempre se manifiesta de manera explosiva. Es una violencia lenta, calculada y persistente: la violencia del desprecio. Esta violencia ha sido ejercitada durante siglos contra los pueblos preexistentes, quienes han estado en estas tierras mucho antes de que se trazaran fronteras, gobiernos o banderas. Hoy, en la Patagonia, esta violencia se muestra de forma brutal, envuelta en humo y cenizas.
Imagen Pedro Pozas Terrados -IA
Cuando el Estado fracasa y los gobernantes actúan con negligencia, buscan un culpable débil al que señalar. Lamentablemente, el dedo acusador suele dirigirse hacia los pueblos indígenas, responsables de los incendios, del atraso y del caos, cuando en realidad son las primeras víctimas. Se les convierte en chivos expiatorios para encubrir la irresponsabilidad de quienes gobiernan sin escrúpulos.
El desprecio hacia los pueblos mapuches no es un asunto nuevo, sino que es estructural. Se les niega la palabra, la escucha y la dignidad. No se les garantiza el acceso a lo más básico que debería asegurar cualquier Estado democrático: agua, salud, educación y una vida digna. Comunidades enteras viven sin agua potable, mientras se les impide construir pozos o sistemas de canalización que les permitan acceder a lo elemental. En este contexto, el agua se convierte en una herramienta de dominación, una arma silenciosa que mantiene a los pueblos secuestrados en su propia tierra.
Esta estrategia tiene un propósito: mantener a las comunidades divididas, empobrecidas y exhaustas, para evitar que se unan y reclamen. Se busca enfrentarles, dividirles y asfixiarles lentamente, mientras por otro lado avanzan intereses urbanísticos y extractivos. La tierra arrasada deja de ser bosque y vida, y se convierte en una oportunidad de negocio. El fuego no solo destruye árboles, también arrasa derechos, memorias y futuros.
Lo más alarmante es que esta violencia cuenta con la complicidad, cuando no con el silencio, de instituciones que deberían proteger. Una justicia que mira hacia otro lado deja de ser justicia. Las asociaciones jurídicas que no se involucran, organismos que callan, y administraciones que criminalizan al débil mientras protegen al fuerte, crean una normalidad en la que los pueblos originarios son vistos como una molestia, un obstáculo en su propia casa.
Imagen Pedro Pozas Terrados – IA
El verdadero valor de una sociedad se mide por cómo trata a quienes tienen menos poder. Una nación que no respeta la sabiduría de los pueblos indígenas y no protege sus tierras y cultura es una nación moralmente empobrecida. Porque en esa sabiduría ancestral reside un profundo conocimiento del territorio, del agua y del bosque, esencial para el equilibrio con la naturaleza. Despreciarla no solo es injusto sino también suicida.
Escuchar a los pueblos mapuches y a otras comunidades no es un acto de caridad, sino un deber ético. Respetar sus derechos no es una concesión, es una obligación. Defender sus tierras es defender la vida. Porque donde hoy arden los bosques y se culpa a los inocentes, mañana arderá la conciencia de una sociedad que permitió que el desprecio desplazara a la justicia.
Cuando eso sucede, ya no se trata solo de los pueblos indígenas. Se trata de quiénes somos y del tipo de humanidad que estamos dispuestos a ser.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/02/el-fuego-como-arma-para-el-desalojo/
