El golpe decisivo al derecho internacional. %

En la madrugada del 3 de enero de 2026, se produce un giro alarmante en el orden internacional. Explosiones en Caracas y otras áreas de Venezuela, junto con el sobrevuelo de aeronaves y ataques a instalaciones militares, han sido calificados por el Estado venezolano como un bombardeo perpetrado por Estados Unidos en su territorio soberano. Más allá de los eufemismos, este hecho equivale al uso directo de la fuerza armada contra un Estado miembro de las Naciones Unidas.

Es fundamental llamar a las cosas por su nombre. No se trata de “operaciones quirúrgicas” ni de “acciones de interdicción”; son bombardeos. Ataques aéreos en un territorio soberano, con consecuencias materiales y simbólicas que no se pueden minimizar sin desvirtuar el derecho internacional. Cuando un Estado poderoso opta por el uso de la fuerza sin un mandato multilateral o sin una situación de legítima defensa inminente comprobada, la Carta de las Naciones Unidas se transforma de un marco vinculante en un mero papel sin valor.

El derecho internacional es claro en este aspecto. El uso de la fuerza está prohibido, salvo en circunstancias específicamente definidas. No hay autorización del Consejo de Seguridad para estos ataques, ni se ha presentado un ataque previo que justifique la legítima defensa. La conclusión es evidente: la soberanía venezolana ha sido violada, así como el principio que ha regido la convivencia entre Estados desde 1945.

Ignorar esta realidad a través de un lenguaje suavizado en la comunicación oficial no la anula. La violencia de un Estado contra otro, con fines políticos y fuera de los marcos legales internacionales, tiene un nombre específico: terrorismo de Estado. No se trata de lo que afirme un gobierno, sino de lo que la práctica jurídica y política define cuando la fuerza se utiliza para coaccionar, intimidar o imponer resultados al margen del derecho.

El efecto de estos bombardeos trasciende las fronteras de Venezuela. Impacta a toda América Latina y, en esencia, al sistema internacional entero. Si un Estado puede bombardear a otro sin repercusiones, el mensaje es devastador: las soberanías dejan de ser garantías y se convierten en concesiones que pueden ser revocadas mediante la fuerza. Hoy le toca a Venezuela; mañana podría ser cualquier país cuyos recursos, territorio o alineamientos resulten incómodos.

Esto plantea una tesis desagradable pero ineludible. Sin una respuesta colectiva firme, el precedente queda establecido. El silencio, la ambigüedad diplomática y las condenas débiles se interpretan como un visto bueno. Esto apertura la puerta a nuevas acciones unilaterales, más bombardeos y una escalada donde la fuerza reemplaza al derecho, normalizando la ley del más fuerte.

La responsabilidad histórica recae en la comunidad internacional. Los organismos multilaterales, las instancias regionales y los Estados que aún valoran el derecho no pueden mirar hacia otro lado. Condenar estos bombardeos no es un gesto ideológico, sino una obligación ética y jurídica. Convocar a instancias de emergencia, exigir explicaciones y activar mecanismos para frenar el uso ilegal de la fuerza no es radicalismo, sino una defensa de un orden internacional mínimo que previene el caos.

La historia es implacable con la cobardía colectiva. Cada agresión que queda impune facilita la siguiente, y el siguiente paso se torna más violento. O se detiene esta tendencia ahora, o se acepta que el mundo entra en una fase donde las soberanías se desmoronan y el derecho internacional se convierte en una ficción conveniente.

Este bombardeo no es solo un ataque contra Venezuela. Es un asalto a la noción misma de que los Estados, sean grandes o pequeños, pueden coexistir bajo normas comunes. Si este principio se desploma, lo que sigue no es seguridad ni estabilidad, sino una espiral de violencia que será imposible de controlar.