El doble rasero crediticio del G7 a nivel global

Cuando la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, planteó su inquietud sobre el orden financiero global—¿por qué la flexibilización cuantitativa fue inaceptable para el Sur hasta que el G7 la necesitó?— no hizo una pregunta técnica, sino que lanzó un reto moral a quienes dirigen la economía mundial. Su pregunta resalta la profunda hipocresía que permea nuestro sistema financiero.

En lo que sigue, ofrecemos la traducción de una breve entrevista con Mia Amor Mottley, publicada en YouTube, donde cuestiona las normas dominantes y discute el impacto de esta doble moral. Se interroga por qué la «flexibilización cuantitativa crediticia» no es considerada «recomendable» para aquellas naciones con más necesidades.

7 de enero de 2026, 23:57

«¿Cómo es posible que la flexibilización cuantitativa no sea recomendada a países alrededor del mundo antes de la COVID, pero que, con su llegada, los países del G7 lleven a cabo el mayor ejercicio de flexibilización cuantitativa que se haya visto?
¿Por qué Ghana y otros países africanos deben endeudarse a tasas de interés múltiples veces superiores a las de los países europeos, en un contexto donde las necesidades son mayores y sin una explicación clara?
Pueden hablarme de activos seguros y adornarlo con terminología técnica, pero, al final, la realidad muestra una disparidad fundamental.

Durante décadas, al Sur Global—África, América Latina y gran parte de Asia— se le prohibió usar mecanismos monetarios expansivos. La narrativa fue siempre la misma: prudencia, estabilidad, riesgo. Se impusieron tasas de interés exorbitantes, programas de austeridad severos y una supervisión asfixiante, con la amenaza constante de caos inflacionario y colapso fiscal. Éramos considerados alumnos indisciplinados a quienes se debía imponer un rigor que, al parecer, solo nosotros necesitábamos.

Entonces llegó la COVID-19, y ocurrió el acto más cínico en la historia económica reciente. Al impactar a los metrópolis del G7, el “riesgo” desapareció. De la noche a la mañana, los bancos centrales de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido generaron billones de dólares y euros de la nada, compraron masivamente su propia deuda, inundaron los mercados con liquidez y socializaron pérdidas a nivel global. Y, sorprendentemente, el mundo no se colapsó. La inflación, cuando apareció, fue manejable. El apocalipsis que se nos predecía a nosotros para justificar la austeridad fue simplemente un problema de gestión para ellos.

La pregunta se plantea con urgencia: si este instrumento es seguro y efectivo para los poderosos, ¿por qué se convierte en un crimen cuando lo necesitan otros? Aquí se expone la farsa del «riesgo país». Se nos dice que los altos intereses que asumen Mozambique, Ecuador o Pakistán son el justo precio de su «riesgo». Una categoría técnica y neutral que es, en realidad, engañosa. Pero, al indagar en el destino de esos créditos, nos damos cuenta de que muchos se utilizan para financiar infraestructuras extractivas, puertos estratégicos y redes energéticas que conectan los recursos del Sur con los mercados del Norte. ¿Y quién se beneficia? Principalmente, los consorcios y empresas del G7 y el G20. Los contratos incluyen cláusulas que los protegen. Los flujos de ingresos están garantizados, y los activos quedan bajo control extranjero. El riesgo operativo y político queda completamente externalizado al Estado receptor.

Es decir, el prestamista ya tiene control sobre la infraestructura, asegura su retorno y dicta las condiciones, y aún así, exige un pago adicional por un “riesgo” que en realidad no corre. El riesgo no se elimina; se traslada a los hombros del Estado deudor, su población y su soberanía económica. Es un riesgo invertido: el que asume el deudor es mucho más elevado que el del acreedor.

Este es el núcleo del escándalo: un doble estándar monetario que actúa como un instrumento de control neocolonial.

Mientras el Banco Central Europeo compra deuda de Italia o Grecia para estabilizar los mercados, a Zambia o Sri Lanka se les exige que, para recibir un rescate, desmantelen su sistema de salud pública, vendan sus activos nacionales y relinqueren el control de su política económica a burócratas de Washington o Fráncfort. Unos socializan el riesgo para proteger a sus ciudadanos; otros deben privatizar su soberanía para sobrevivir, mientras financian proyectos que enriquecen a quienes les prestan a un alto costo.

No es solo una disparidad técnica. Es una jerarquía política. Este sistema está diseñado para extraer rentas, asegurar beneficios y disciplinar a los disidentes. El «riesgo país” es la justificación elegante de una arquitectura de saqueo. Un neocolonialismo que no necesita soldados, sino abogados, economistas y contratos de derivados.

Así, la contundente pregunta de Mottley resuena: —¿quién corre realmente con el riesgo y el costo?
Y si la respuesta sincera es que el prestamista no asume ese riesgo, entonces la cuestión más incómoda y necesaria, que debe guiar nuestra indignación y acción, es: —¿por qué seguimos pagando como si lo hiciera?

El silencio que sigue a esta interpelación no es de asombro, sino la confirmación de que el orden financiero global está más basado en la fuerza que en la economía. Y toda ley injusta merece, antes que obediencia, resistencia. La lucha por la justicia financiera no es técnica, sino profundamente política. Y ha comenzado.

Esta lucha ha ido más allá de simples diagnósticos y denuncias. Se está llevando a cabo en el ámbito de la arquitectura financiera alternativa. Las estructuras emergentes, como el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS, fueron creadas para financiar infraestructuras y proyectos de desarrollo sin las condiciones depredadoras del viejo orden, es decir, préstamos que:

• no exigen programas de ajuste y austeridad,
• no obligan a recortes en servicios esenciales,
• no imponen la privatización de activos estratégicos,
• y no incluyen intervención por parte de intereses o inversiones bajo control G7/G20, que suelen asfixiar económicamente a los países o traer despliegues militares o paramilitares.

Estas instituciones representan un desafío político directo, pues no intervienen en la política interna de los países ni imponen posturas en política exterior a conveniencia del prestamista. Son un esfuerzo institucional para reescribir las reglas del juego.

En el Caribe, los esfuerzos de integración y cooperación financiera dentro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) se fundamentan en principios de soberanía y solidaridad, en lugar de en condiciones extractivas. Estas no son meros acrónimos burocráticos; constituyen trincheras en la lucha geopolítica por la justicia económica y la colaboración.

La lucha por la justicia financiera es política, y se libra en los pasillos del Nuevo Banco de Desarrollo, en las cumbres de unidad caribeña y en cada foro donde los históricamente excluidos se están organizando para dejar de pedir permiso y comenzar a construir alternativas.