Cuerpos desaparecidos

Israel y el uso de municiones de alta temperatura: Denuncia de Al Jazeera y sus implicaciones en el derecho internacional

Una investigación de Al Jazeera, publicada el 10 de febrero de 2026, afirma que al menos 2.842 palestinos en Gaza no dejaron restos recuperables tras los ataques israelíes, más allá de mínimas trazas biológicas. Este fenómeno se atribuye al uso de municiones de extremadamente alta temperatura, incluidas bombas de fabricación estadounidense. Si estos hallazgos son corroborados por peritajes independientes, el debate pasará de ser retórico a ser jurídico: implicaciones del uso de armas en áreas civiles densamente pobladas, posible destrucción de evidencia y la responsabilidad de los Estados que suministran estos armamentos.

La denuncia principal

La investigación, que se basa en informes de Defensa Civil en Gaza y testimonios de personal médico y familiares, reporta 2.842 casos documentados desde octubre de 2023 en los que personas reconocidas por sus familiares como presentes en el ataque no pudieron ser recuperadas como cuerpos íntegros. Este conteo se realiza comparando el número de individuos que estaban en un edificio con el número de cadáveres recuperados. En estos casos, solo se hallaron pequeñas salpicaduras de sangre o mínimos fragmentos de tejido.

El término “evaporados” se utiliza periodísticamente para describir la ausencia de restos recuperables, aunque no se trata de una conclusión física confirmada de manera individual en un laboratorio. No obstante, el fenómeno es concreto: la falta de cuerpos tras un ataque aéreo o bombardeo.

Las municiones implicadas

El reportaje menciona municiones estadounidenses usadas por Israel en Gaza, como la MK-84, una bomba de 2.000 libras con tritonal, diseñada para generar explosiones de alta temperatura; la BLU-109, una bomba antibúnker con alto poder de penetración; y la GBU-39, una bomba guiada con precisión.

Se postula que la combinación de temperaturas extremas, sobrepresión y combustión en espacios cerrados puede causar tal destrucción del tejido humano que imposibilite la recuperación de cuerpos reconocibles. Desde un punto técnico, las armas térmicas y los explosivos con componentes de aluminio pueden alcanzar temperaturas superiores a varios miles de grados Celsius en microsegundos, y en espacios confinados, la sobrepresión incrementa el daño. Esto puede resultar en fragmentación extrema, carbonización y dispersión de restos microscópicos entre los escombros.

Lo que debe demostrarse

Para que una denuncia se convierta en una imputación penal internacional, se requieren elementos específicos: identificación de fragmentos con cadena de custodia verificable, peritajes independientes que determinen el tipo de explosivo, análisis térmico correlacionado con la ausencia de restos, georreferenciación precisa de cada incidente y reconstrucción de la escena; así como pruebas de conocimiento de los mandos sobre el entorno civil al autorizar el ataque.

La falta de un cuerpo no niega el delito, pero exige otro tipo de evidencias: cráteres, análisis de residuos, imágenes satelitales, registros militares y testimonios presenciales.

La posibilidad de verificación forense independiente enfrenta un obstáculo considerable. Como ha señalado la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, Israel no ha garantizado acceso total y efectivo a mecanismos internacionales de investigación. Las severas restricciones en el movimiento y el control territorial han impedido la realización de peritajes independientes en los lugares señalados. Esta limitación no es solo logística; afecta directamente la preservación de la evidencia y la posibilidad de establecer responsabilidades penales individuales.

Marco jurídico aplicable

El derecho internacional humanitario no prohíbe automáticamente el uso de armas termobáricas o de alta temperatura; la ilegalidad depende de cómo se utilicen.

Cuatro principios son esenciales: distinción, que prohíbe atacar directamente a civiles; proporcionalidad, que impide ataques que causen daño civil excesivo en relación con la ventaja militar; precauciones en el ataque, que requieren medidas para evitar daño civil; y prohibición de armas indiscriminadas en contextos sin objetivos militares claros.

Si se usaron municiones de alta temperatura en áreas como escuelas o zonas densamente pobladas, el análisis jurídico se enfocará en si el ataque cumplió con los principios de distinción y proporcionalidad, considerando las características del arma y el entorno.

Responsabilidad de Israel

La responsabilidad recae principalmente en el Estado que lleva a cabo el ataque. Es relevante la cadena de mando: quien ordena, planifica, autoriza y ejecuta.

En el derecho penal internacional, la responsabilidad se extiende a autores directos; superiores jerárquicos bajo la doctrina de responsabilidad de mando si sabían o debían saber de la posible comisión de crímenes y no tomaron medidas para prevenirlos; y funcionarios involucrados en la planificación de ataques a civiles.

Si se comprueba un patrón de uso de municiones de alta temperatura en áreas civiles sin justificación militar, esto podría encuadrarse como crímenes de guerra.

Responsabilidad de los Estados proveedores

Un aspecto que trasciende Gaza es la cadena de suministro. Estados Unidos es el principal proveedor de armamento a Israel, y las municiones en cuestión son de su fabricación.

Bajo el derecho internacional consuetudinario, un Estado puede ser responsable si proporciona asistencia significativa y conoce las circunstancias del hecho ilícito, contribuyendo así a su comisión. Además, bajo el Tratado sobre el Comercio de Armas, se debe evaluar el riesgo de que las armas se utilicen para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario. La cuestión crucial no es si EE.UU. fabricó el armamento, sino si, con conocimiento de su uso en áreas civiles densamente pobladas, continuó suministrando armamento sin una evaluación adecuada de los riesgos.

Normalización y erosión del umbral

El aspecto más preocupante de la denuncia no es solo la potencia térmica de las municiones, sino la posibilidad de que la desaparición total de cuerpos se vuelva una estadística manejable.

Cuando miles de personas desaparecen sin restos recuperables y el debate público se limita a analizar calibres y tipos de bombas, hay un desplazamiento moral.

La normalización se produce en tres fases: primero, se acepta el daño masivo como inevitable en la guerra urbana; segundo, se discute la legalidad de los ataques en abstracto, desconectada de las víctimas; y tercero, la ausencia de restos se convierte en un problema logístico, y no un escándalo jurídico.

Si la investigación de Al Jazeera es validada por peritajes independientes, no se tratará solo de un análisis técnico sobre municiones térmicas. Será sobre la posible consolidación de un patrón de ataques que busca borrar físicamente a las víctimas civiles.

En tal escenario, la discusión no se centrará en la legalidad de un tipo de arma, sino en si el sistema internacional está dispuesto a aceptar que miles de cuerpos puedan desaparecer sin consecuencias penales claras para quienes lo perpetran y quienes los suministran.

El derecho internacional humanitario fue establecido para impedir que la guerra se convierta en aniquilación sin rastro. Si el rastro se borra y la responsabilidad también, no es solo la legalidad de un arma lo que se erosiona, sino la misma estructura que pretendía contener la barbarie.