La penalización de la conciencia ecológica
Hay un aspecto profundamente enfermo en nuestra democracia cuando quienes luchan por preservar la vida son llevados a juicio, mientras quienes ponen en peligro el futuro operan con total impunidad, protegidos por leyes injustas, indultos arbitrarios y complicidades silenciosas.
El 17 de marzo de 2026, Jorge Riechmann, filósofo, científico, poeta y autor con una vasta trayectoria en justicia social y ecológica, enfrentará su primer juicio penal junto a otros dos compañeros. No por actos de violencia, ni por corrupción, ni abuso de poder; sino por defender la vida, llamar la atención sobre la crisis climática y ejercer, de manera pacífica, su derecho y deber de proteger nuestro planeta.
Los hechos se remontan al 7 de octubre de 2019, cuando cerca de trescientas personas, miembros de la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion Spain, llevaron a cabo una acción de desobediencia civil pacífica en Nuevos Ministerios, Madrid. Su propósito era claro: confrontar a un poder político inactivo, denunciar la inacción climática y exigir rendición de cuentas ante una emergencia científica evidente.
El resultado refleja el verdadero estado de nuestras libertades: 180 personas identificadas, varias detenidas, y hoy, años después, procesos penales que resurgen como una espada de Damocles sobre quienes se niegan a guardar silencio.
Es incomprensible y profundamente indignante que en un país que se considera democrático y progresista persistan normas destinadas a restringir libertades, penalizar la protesta y amedrentar a la ciudadanía organizada, a través de un código penal y una legislación que dificultan el derecho a la protesta. El mensaje es claro: protestar incomoda, pensar molesta, defender la Tierra estorba.
Cuando en algunos lugares asesinan cuerpos, en otros matan palabras
En América Latina y en muchas otras partes del mundo, se asesina a quienes defienden la tierra, los ríos y los bosques. Las cifras de activistas asesinados se acumulan en informes internacionales que apenas logran convertirse en titulares.
En España, por fortuna, no se suelen cometer asesinatos físicos. Pero hay un ataque contra la voz, a través de demandas, juicios, sanciones y procesos penales interminables que causan desgaste psicológico y económico. Se persigue hasta que la voz se extingue por agotamiento, miedo o ruina. Es una forma más sutil, pero igualmente real de violencia. Un ejemplo es la demanda del Zoo de Madrid contra el Proyecto Gran Simio por denunciar el uso de delfines, con heridas visibles, en espectáculos circenses. Afortunadamente, la justicia, tras un largo proceso que llegó hasta el Supremo, desestimó la demanda y condenó al Zoo a cubrir los gastos de los tres juicios realizados. El Proyecto Gran Simio logró resistir, pero otros no han tenido la misma suerte.
Jorge Riechmann es un símbolo de esta situación. Representa a una sociedad que castiga a quienes alertan sobre el abismo mientras protege a quienes lo agravan. Es un ejemplo de cómo los defensores de la paz, del medio ambiente y de la justicia intergeneracional son considerados un problema de orden público.
Mientras tanto, los corruptos son indultados, los delitos económicos se diluyen, y las responsabilidades políticas desaparecen, mientras las puertas giratorias siguen operando con normalidad. Esta discrepancia es una vergüenza para nuestra democracia.
Imagen de Jorge Riechmann
Un llamamiento urgente a la conciencia colectiva
Hago un llamado claro y directo:
A la sociedad civil, para que no normalice lo inaceptable y repudie el acoso penal contra quienes buscan proteger la vida.
A jueces y fiscales, para que recuerden que la justicia no solo significa seguir la legalidad, sino también actuar con ética, y que absuelvan a Jorge y sus compañeros.
A políticos —tanto de izquierda como de derecha— que aún creen en la democracia, les insto a entender lo siguiente:
No se puede juzgar penalmente a quienes claman por un mundo más justo para todos. El derecho a un medio ambiente sano debe ser reconocido, protegido y garantizado, no reprimido. Defender la Tierra no es un delito, es una responsabilidad moral. Si hoy se persigue a quienes luchan por el clima, mañana no habrá nadie que defienda nada. El derecho a un medio ambiente protegido está consagrado en la constitución española, y sin embargo, se está violando.
Porque en el silencio hay complicidad
La penalización de la protesta pacífica y el juicio a activistas como Jorge Riechmann son una herida abierta en el corazón de la democracia.
Mientras exista esta injusticia y se acallen las voces que piden vida, futuro y dignidad, la verdadera vergüenza recaerá no sobre los activistas, sino sobre un sistema político que ha decidido mirar hacia otro lado.
Esto debe cambiar. Y debe cambiar de inmediato.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/02/cuando-defender-la-tierra-se-convierte-en-delito/
