Cuando el odio no es un crimen, pero sí causa un daño social.

Un mensaje incitador de violencia hacia personas homosexuales en la página del artista Daslav Vladilo, conocido como DamiVago, fue considerado no delictivo al no estar dirigido a una persona en particular. Este caso ejemplifica un problema más amplio: la falta de regulación legal frente al odio digital y el desafío cultural de defender la dignidad humana.

por Esteban Medina

Lo que inició como una viñeta contra la discriminación terminó revelando una vez más la realidad de nuestra convivencia: la facilidad con que el odio se manifiesta en las redes sociales y la dificultad de las instituciones para abordarlo. El episodio en la página de Facebook de DamiVago plantea no solo un debate legal, sino una interrogante más profunda sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando la violencia digital ya no nos sorprende.

Captura de pantalla: comentario homofóbico registrado en Facebook, cuenta @Damivago.

La opinión de un juez de garantía fue clara al abordar el caso. Desde un enfoque penal, señaló que no se configura un delito porque la amenaza no está dirigida a una persona específica. Argumentó que la ley requiere un destinatario concreto para que se pueda considerar una persecución penal, y en este caso no se cumple dicha condición. La opción más viable era solicitar la eliminación del comentario a la plataforma, no llevar el asunto por la vía penal.

No obstante, para Daslav Vladilo, el impacto va más allá de lo legal. El artista reconoce que el humor crítico siempre provoca reacciones encontradas, pero admite que este mensaje lo “impactó” profundamente. Lo califica como una amenaza casi de muerte. Por ello, se decidió a documentar la evidencia antes de que fuera eliminada.

Vladilo, cuyo trabajo ha explorado el machismo, la discriminación y las dinámicas nocivas en redes sociales, sostiene que estos discursos no son nuevos. Según su perspectiva, siempre ha habido personas con pensamientos “arcaicos”, pero hoy las plataformas digitales amplifican su difusión. Su principal preocupación radica en la creciente confusión entre libertad de expresión y el derecho a agredir, donde se esgrimen expresiones como “es broma” para insultar y amenazar. En sus palabras, no se trata de censurar opiniones, sino de entender que incitar al odio o amenazar no es una manifestación de derechos.

En cuanto a las opciones judiciales, el creador es escéptico. Considera que los procesos suelen ser largos, agotadores y con resultados limitados. A veces, reflexiona, es más efectivo denunciar cuentas para que sean suspendidas o realizar una “funa” que acudir a la justicia. Además, menciona que cualquier persona que se sienta amenazada podría presentar una denuncia, ya que el mensaje fue publicado en un espacio abierto. Sin embargo, siente que a menudo predomina la percepción de que “no pasará nada”, lo que desanima a la gente a actuar legalmente.

Esta sensación de ineficacia institucional, más allá del caso específico, plantea una pregunta más amplia sobre el contexto en que estos discursos circulan y se expanden. Desde una perspectiva más general, el antropólogo social Alejandro Saldías advierte que estos fenómenos no pueden ser analizados sin considerar el clima político y cultural. Con 35 años de experiencia, sostiene que en contextos de polarización, algunos grupos pueden sentirse respaldados simbólicamente para expresar discursos hostiles con mayor intensidad y libertad, aunque no sean promovidos directamente por las autoridades. Al comparar experiencias en Estados Unidos, Brasil y Argentina, señala que los cambios de gobierno suelen coincidir con una mayor visibilidad de sectores radicales de derecha. Más que un fenómeno novedoso, explica, se trata de una percepción de mayor permisividad que desplaza los límites de lo socialmente aceptable.

Foto: grupo neonazi “Frente Nacional Criollo” marchando tras la victoria presidencial de José Antonio Kast, Santiago.

El debate trasciende un caso específico. El periodista Eduardo Fuentes ha denunciado haber recibido mensajes de odio en redes sociales, demostrando que la violencia digital no es un fenómeno aislado ni exclusivo de un ámbito determinado. Se trata de una experiencia cada vez más común en diferentes espacios públicos.

Más allá de la tipificación penal y de leyes desactualizadas, la discusión que surge es más profunda que una mera categoría jurídica. Cuando el odio se convierte en un lenguaje cotidiano, no solo afecta a quienes son su blanco directo: erosiona el tejido social y debilita la democracia. Si la ley establece un límite mínimo, la cultura puede aspirar a algo más profundo: construir una convivencia donde nadie tema ser, amar o expresarse. La defensa de la dignidad humana no es solo un acto jurídico o ideológico; es una condición esencial para la convivencia.