Brasil ha vuelto a situar la participación en el corazón del Estado. No solo como un eslogan o un gesto simbólico, sino como parte fundamental de su estructura política. El tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva tiene como objetivo reconstruir los canales que facilitan la intervención de la sociedad en la toma de decisiones públicas, tras años de debilitamiento institucional. Esta iniciativa no es una innovación impulsiva, sino una reactivación consciente de una tradición democrática que surgió con la Constitución de 1988 y se profundizó durante los primeros gobiernos del Partido de los Trabajadores.
La premisa es clara: sin una participación efectiva, no puede haber buena gobernanza. Y sin buena gobernanza, la democracia se vacía de su significado, aunque mantenga sus rituales formales.
Una herencia interrumpida
Durante sus mandatos previos (2003–2010), Lula promovió un modelo de gobernanza que combinaba representación política con deliberación social organizada. La creación de consejos nacionales, conferencias sectoriales y un diálogo continuo con movimientos sociales permitió que millones de personas influyeran en políticas públicas a nivel nacional, abarcando áreas como la seguridad alimentaria, la salud y los derechos humanos.
Sin embargo, este marco fue severamente debilitado tras el impeachment de Dilma Rousseff y casi desmantelado durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Se cerraron consejos, se cancelaron conferencias y se instauró una lógica de poder hostil a la participación, marcando así una profunda ruptura. La llegada de Lula en 2023 no inicia un nuevo período desde cero, sino que da paso a un proceso de reconstrucción democrática.
Reconstruir los lazos entre el Estado y la sociedad
Uno de los primeros actos del nuevo gobierno fue reinstaurar y fortalecer los mecanismos federales de participación social. En 2023, se creó el Consejo de Participación Social y un sistema interministerial diseñado para articular de forma permanente la Presidencia con organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y actores comunitarios.
Estos espacios no son meras audiencias ocasionales; operan bajo una lógica de interlocución estructurada: se establecen agendas periódicas, se da seguimiento a demandas y se articula con ministerios sectoriales. El mensaje es claro: la sociedad no es un actor externo al Estado, sino un componente esencial de su funcionamiento democrático.
Brasil participativo: tecnología al servicio de la deliberación
Una de las innovaciones más importantes del gobierno actual es la plataforma digital Brasil Participativo. A través de este recurso, los ciudadanos han podido participar directamente en la elaboración del Plan Plurianual 2024–2027, que establece las prioridades estratégicas del Estado brasileño.
No se trató de una consulta superficial; miles de propuestas ciudadanas fueron recopiladas y un número significativo se integró efectivamente al plan. Aunque la decisión final recae en el gobierno, existe una conexión clara entre la deliberación pública y la política estatal, un aspecto fundamental para hablar de participación efectiva, no meramente consultiva.
Gobernar con participación, no delegarla
El modelo que Lula promueve actualmente no reproduce el presupuesto participativo municipal de los años noventa, emblemático en ciudades como Porto Alegre. La escala federal dificulta una simple traslación de ese mecanismo. En su lugar, se establece un esquema de participación sectorial y programática: consejos en áreas como salud, educación, derechos humanos, medio ambiente y seguridad alimentaria que influyen en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas.
Este diseño se basa en una premisa central de la buena gobernanza: la participación no sustituye la representación, sino que la corrige, la orienta y la legitima. El Estado mantiene su capacidad de decisión, pero renuncia al monopolio en la definición de prioridades.
Tensiones, límites y realismo político
Es un error idealizar este proceso. La participación bajo Lula no está exenta de tensiones. Movimientos indígenas, organizaciones ambientalistas y colectivos territoriales han señalado faltas en las consultas previas y desacuerdos en proyectos de infraestructura o explotación de recursos. La coexistencia de desarrollo, protección ambiental y derechos colectivos sigue siendo uno de los desafíos más complejos de la gobernanza en Brasil.
Además, estos mecanismos dependen en gran medida de la voluntad política del Ejecutivo y enfrentan resistencia dentro de un Congreso fragmentado y sectores del aparato estatal poco abiertos a la deliberación social. La experiencia histórica también demuestra que estos procesos son reversibles, lo que hace que su reconstrucción adquiera un valor político significativo: resalta que la participación importa, ya que incomoda al poder concentrado.
Buena gobernanza como proceso, no como eslogan
El Brasil de Lula presenta hoy un ejemplo relevante —aunque imperfecto— de cómo se puede construir una buena gobernanza mediante vínculos institucionales entre el Estado y la sociedad. No a través de promesas abstractas de transparencia, sino mediante mecanismos concretos de incidencia, deliberación y corresponsabilidad.
En un contexto global caracterizado por el avance del autoritarismo, la tecnocratización del poder y la desafección ciudadana, la experiencia brasileña recuerda una incómoda verdad para muchas élites: gobernar bien implica compartir el poder. No todo el poder, pero sí lo suficiente para que la democracia deje de ser un ritual vacío y vuelva a ser un proceso vivo.
La buena gobernanza no se decreta, se construye. Y en el Brasil de Lula, esos lazos —frágiles, debatidos, pero reales— han comenzado a activarse nuevamente.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/01/el-brasil-de-lula-lazos-para-la-buena-gobernanza/
