En un contexto de intimidación sistemática y complicidad institucional, la decisión conjunta de la Vrije Universiteit Brussel, la Universidad de Amberes y la Universidad de Gante de otorgar un doctorado honoris causa a Francesca Albanese trasciende lo académico. Es una declaración de principios. Una afirmación ética. Sobre todo, es una defensa de la independencia intelectual en un entorno global donde expresar la verdad se ha vuelto arriesgado.
Por primera vez en su historia, estas tres universidades flamencas, reconocidas en Europa por su investigación en derecho internacional y ciencias sociales, se reunirán en una ceremonia solemne el 2 de abril en Amberes para entregar este honroso reconocimiento a una jurista que ha demostrado, con notable coherencia, los valores que representan: rigor, honestidad, valentía y compromiso con el bien público. Este reconocimiento no es una simple formalidad; representa una comunidad académica de alto nivel que se expresa de manera unificada.
Francesca Albanese es una abogada internacional de vasta trayectoria en derechos humanos. Antes de asumir en 2022 como Relatora Especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, trabajó más de diez años como asesora jurídica y experta en varios mecanismos de la ONU, enfocándose en derecho internacional humanitario, protección de civiles y desplazamiento forzado. Su mandato fue renovado en 2025, lo que subraya la calidad técnica y la independencia con la que ha enfrentado una función sujeta a presiones políticas.
Las universidades han emitido comunicados que enfatizan el “compromiso excepcional de Francesca Albanese con la defensa de los derechos humanos” y su capacidad para ejercer su mandato “con independencia y rigor jurídico en contextos polarizados”. Esto no es un elogio vacío, sino una descripción precisa de una carrera fundamentada en la evidencia y la responsabilidad.
Desde la Vrije Universiteit Brussel, su rector ha afirmado que la universidad no es un espacio neutral frente a la injusticia, sino un lugar donde el pensamiento crítico debe permanecer libre de presiones externas. La Universidad de Amberes ha manifestado que este reconocimiento refleja una convicción compartida: la academia tiene una responsabilidad social ineludible cuando el derecho internacional es constantemente violado. La Universidad de Gante ha subrayado que honrar a Albanese es también honrar el principio de que la investigación jurídica no puede ser sometida a presiones o intereses políticos transitorios.
Este último aspecto es crucial. Desde el anuncio del doctorado, se ha desatado una ofensiva de descrédito por parte de grupos sionistas que actúan como lobbies políticos, no como entidades académicas. No se trata de comunidades religiosas ni de identidades culturales, sino de estructuras organizadas que buscan silenciar y desacreditar a quienes documentan las violaciones de derechos humanos del Estado de Israel y las características coloniales del proyecto sionista actual.
El patrón es conocido: tergiversación de declaraciones, acusaciones infundadas, presión mediática, y amenazas a instituciones. Sin embargo, todo esto no ha sido suficiente para hacer que tres importantes universidades retrocedan; han reiterado su decisión con claridad, destacando la diferencia entre el trabajo intelectual riguroso y las tácticas de intimidación.
Detrás de esta disputa hay una realidad concreta y dolorosa. Los informes que Francesca Albanese ha presentado ante la ONU son de los más severos y fundamentados sobre la devastación en Gaza. Señala que, al contabilizar no solo las muertes directas por ataques, sino también las muertes indirectas causadas por el hambre, el colapso sanitario y la destrucción de infraestructuras, el número real de palestinos fallecidos podría alcanzar, al menos, las 680.000 personas, la mayoría civiles, incluidos niños, mujeres y ancianos.
Esta cifra no es retórica. Es el resultado de aplicar estándares jurídicos y epidemiológicos utilizados históricamente para evaluar mortalidad en contextos de catástrofes. Y es, además, una cifra conservadora. Albanese ha mencionado que la imposibilidad de contabilizar con precisión los muertos, debido a cuerpos bajo escombros y hospitales destruidos, es parte del crimen mismo. El genocidio no solo mata; también borra.
Ante esta realidad, la reacción de las organizaciones sionistas que intentan desacreditar este reconocimiento académico no es una defensa de la ética ni de la memoria histórica. Es una respuesta de un aparato político expuesto y cuestionado ante la evidencia. Es la violencia simbólica de aquellos que no pueden refutar los hechos y eligen atacar a quienes los señalan.
La respuesta de las universidades belgas es, por ello, profundamente significativa. No están premiando una opinión, sino reconociendo una trayectoria profesional dedicada al derecho y a la defensa de los principios más fundamentales de la legalidad internacional. Están afirmando, sin ambigüedades, que la academia no se somete a la intimidación política ni al chantaje moral. Están recordando que el conocimiento no debe subordinarse al poder cuando este actúa de manera ilegal.
Francesca Albanese no es una figura pasajera ni una provocadora ocasional; es una jurista de sólida trayectoria que ha asumido el costo de decir lo que muchos callan. Por esto mismo, hoy es atacada y hoy es honrada.
Ni todo el dinero ni toda la influencia pueden silenciar una voz honesta. Mucho menos apagar su luz. Cuando la inteligencia se ejerce con ética y la universidad se aferra a su propósito, la verdad siempre encontrará un espacio donde sostenerse.
Y esta vez, lo hace gracias a una comunidad académica del más alto nivel que ha decidido no mirar hacia otro lado.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2026/01/francesca-albanese-y-la-dignidad-de-la-inteligencia-cuando-la-universidad-se-niega-a-arrodillarse/
