La reciente captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por parte de fuerzas armadas y policiales de Estados Unidos, ha cuestionado un principio fundamental del orden internacional: la soberanía estatal. Esto también plantea una interrogante más compleja y urgente: ¿quién establece el orden mundial hoy, cuando el poder político empieza a ser dominado por estructuras criminales transnacionales, y el propio Estado liberal actúa en función de los intereses de estos grupos criminales?
La ilegitimidad del gobierno de Maduro ha sido puesta a prueba no solo en las urnas, donde la ciudadanía ha mostrado su descontento hacia un gobierno que no proporciona seguridad ni crecimiento económico, sino que también persigue a la oposición, encarcela a periodistas y restringe las libertades de asociación, reunión, elección, información y opinión. Además, ha sido señalado por la justicia de Estados Unidos como líder de una red transnacional de narcotráfico, cuyos efectos han afectado a millones de personas en América y Europa, mientras sus cómplices chantajean y amenazan a comunidades enteras.
No estamos ante un dilema abstracto. En el siglo XXI, hemos visto la ascensión de líderes y regímenes cuya permanencia no depende de su legitimidad democrática, sino de financiamiento casi ilimitado proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de armas. Estas economías corruptas no solo socavan instituciones, sino que compran lealtades políticas y someten a pueblos enteros, controlando fuerzas armadas y de seguridad de los propios Estados. Forman asociaciones multinacionales con fines geopolíticos que fortalecen su poder político-militar, actuando con independencia de otros grupos que compiten por la hegemonía en diversas regiones.
Ante esta situación, la comunidad internacional se muestra impotente. Combatir un crimen organizado que actúa sin límites, mientras que las fuerzas que se rigen por el derecho deben cumplir con leyes que protegen a los individuos, otorga al delito una ventaja significativa. Esta ventaja se amplifica cuando el crimen se infiltra en el poder, corrompiendo el Estado y haciéndolo operar según sus intereses, gracias a las inmensas riquezas que genera.
En esta nueva realidad, la ONU, creada tras la Segunda Guerra Mundial como guardiana del orden y la paz, ha demostrado su incapacidad para actuar frente a un Estado miembro que se convierte en un Estado criminal. El derecho de veto, las alianzas geopolíticas y el temor de establecer precedentes han paralizado respuestas efectivas. La historia indica que la ONU puede gestionar crisis, pero resulta difícil imponer el orden cuando el desorden beneficia a los grupos de poder dominantes.
Si entonces no es el organismo multilateral el que puede hacer cumplir el derecho en las relaciones internacionales, la pregunta es: ¿quién lo hará? ¿Las grandes potencias actuando de forma unilateral?
Potencias como Estados Unidos, China, Rusia o Europa como «poderes puros» no son soluciones elegantes. Además, esto implica una convergencia mínima entre los actores de poder para implementar acciones contra dictadores y líderes rebeldes, prolongando indefinidamente las soluciones a las rupturas democráticas y la pérdida de derechos en diferentes países.
Desde la Realpolitik, las acciones individuales de las potencias en sus áreas de influencia pueden ser la única respuesta disponible para establecer vínculos transnacionales con ciertas garantías de juego limpio y cumplimiento. La historia ha mostrado que cuando los partidos políticos pierden influencia y el crimen toma control del Estado, las salidas institucionales se vuelven inciertas y difíciles. Las elecciones dejan de ser herramientas de democracia y se convierten en amenazas para quienes controlan el poder, lo que hemos visto en el caso de Venezuela.
En este contexto, la negativa del presidente chileno a la captura de Maduro y su advertencia de que «hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier país», señala el peligro de que una potencia actúe arbitrariamente gracias a su poder militar. Esta visión, aunque simplista, no refleja la complejidad de la decisión de Estados Unidos ni su impacto interno e internacional, ni considera el sufrimiento del pueblo venezolano, parte del cual vive en Chile, afectado por un régimen que ha elegido el poder como mecanismo de opresión.
No se trata de justificar intervenciones sin control, sino de reconocer que la criminalización del poder político es un fenómeno extendido, no aislado, que ha surgido con la modernidad y requiere nuevas formas de abordar el poder, en lugar de simplemente aplicar viejos enfoques ideológicos.
¿Tiene Estados Unidos, o cualquier potencia, el derecho a capturar un líder en otro país? El derecho internacional ofrece respuestas ambiguas. Formalmente, no. Pero, históricamente, ha habido excepciones. Chile tiene antecedentes, e Israel ha perseguido criminales de guerra en Europa y terroristas árabes. La cuestión no es solo jurídica, sino moral y política: ¿es aceptable que un líder acusado de dirigir redes criminales goce de inmunidad solo por su cargo político?
Más inquietante es que un presidente acusado de narcotráfico pueda corromper a líderes políticos y gobiernos en varias regiones, financiar la violencia y desconocer derrotas electorales sin que su población tenga herramientas para defender su voluntad.
Chile, por su historia, sabe que la política exterior no siempre sigue principios éticos ni estrictas normas legales. Quienes exigen tales estándares sin considerar el contexto probablemente no han tenido influencia política o provienen de ámbitos académicos o filosóficos. Nadie debería pretender ignorancia en un sistema internacional donde el poder—ya sea legítimo o criminal—actúa sin dar lugar a vacíos.
La conclusión puede ser incómoda, pero es inevitable: frente al poder brutal del crimen organizado transnacional, no hay respuestas legales eficaces, ni a nivel nacional ni internacional. Cuando la voluntad de un pueblo es aplastada por la violencia del crimen institucionalizado, solamente un contrapoder igualmente fuerte puede restablecer condiciones mínimas de libertad y democracia, como lo han hecho históricamente los países democráticos ante el totalitarismo.
Esta no es una defensa del unilateralismo o del poder militar indiscriminado, sino un reconocimiento de una realidad peligrosa para los ciudadanos decentes en una democracia: el mundo y la política aún no han desarrollado un mecanismo legítimo y eficaz para enfrentar a Estados que han sido capturados por el crimen. Hasta que esto ocurra, el dilema no es entre legalidad perfecta e ilegalidad absoluta, sino entre actuar de manera imperfecta o resignarse a que la ley del narcotráfico, el crimen organizado y el totalitarismo se conviertan en el nuevo orden mundial. (NP)
Con Información de www.nuevopoder.cl
