La Contraloría Regional de Valparaíso ha dado a conocer un informe de auditoría que pone de relieve serias deficiencias en la gestión de los fondos destinados a la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024. Este análisis expone pagos inadecuados, precios inflacionados y una alarmante falta de trazabilidad en la utilización de recursos públicos por parte de las delegaciones presidenciales y los municipios en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Como resultado, se han ordenado investigaciones administrativas y se han remitido los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para indagar posibles delitos.
DETALLES DE LOS HALLAZGOS POR INSTITUCIÓN
| ENTIDAD | MONTO / IRREGULARIDAD DETECTADA | ACCIÓN ADOPTADA |
| Delegación Presidencial | $586 millones en pagos sin respaldo y abusos en contratos directos. | Sumario y remisión al Ministerio Público/CDE. |
| Dirección Regional de Arquitectura | $434 millones en pagos indebidos por demoliciones no ejecutadas o parciales. | Medidas disciplinarias y correctivas. |
| Sector El Olivar | $782 millones en pagos no justificados y adjudicaciones infladas. | Investigación por falta de evidencia. |
| Municipalidad de Quilpué | Gastos no apropiados (cocinillas sin certificación) y problemas en las entregas. | Instrucción de medidas correctivas. |
| Municipalidad de Viña del Mar | Falta de trazabilidad en donaciones y violaciones a las normativas de compra. | Fortalecimiento del control interno. |
EFECTO EN LA RECONSTRUCCIÓN Y CONTROL INTERNO
El informe destaca que las debilidades en el control interno no solo perjudicaron el patrimonio fiscal, sino que también afectaron la efectividad de la ayuda a los damnificados. En el área de El Olivar y otras zonas dañadas, se identificaron fallas en la gestión de proyectos de reconstrucción, coincidiendo con las críticas de la comunidad en relación a la lentitud del proceso, que según analistas externos, apenas muestra un avance del 10% dos años después de la tragedia.
La Contraloría General de la República ha enfatizado que las situaciones de desastre no eximen a las instituciones del cumplimiento estricto de la normativa de compras públicas. De hecho, la discrecionalidad permitida durante el estado de emergencia exige una mayor rigurosidad en la documentación para garantizar que los fondos lleguen efectivamente a las familias afectadas y no se desperdicien en ineficiencias administrativas o actos de corrupción.
SUBSECRETARIO RAMOS
El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se pronunció este martes sobre los recientes informes de la Contraloría General de la República que han revelado importantes irregularidades en la gestión de fondos destinados a la emergencia del megaincendio de 2024 en Valparaíso. La autoridad destacó que el Gobierno ha permanecido dispuesto a entregar todos los antecedentes requeridos por el organismo fiscalizador y recordó que la Delegación Presidencial Regional ha confirmado su colaboración plena durante el proceso de auditoría.
En cuanto a las acciones legales y administrativas, Ramos informó que se están llevando a cabo diversos sumarios internos para determinar las responsabilidades en los servicios implicados. Adicionalmente, confirmó que todos los antecedentes detectados por la Contraloría han sido enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que se inicien las investigaciones judiciales pertinentes sobre el uso de estos recursos públicos.
Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar una autocrítica en relación a los fallos en el control de gastos, el subsecretario manifestó que las catástrofes generan una presión alta tanto a nivel institucional como ciudadano, pero hizo un llamado a actuar con responsabilidad. Ramos lamentó que, en su opinión, las emergencias se estén utilizando últimamente como un instrumento para la confrontación política entre distintos sectores, por lo que instó a la unidad entre autoridades nacionales y regionales para responder eficazmente a la población.
Finalmente, el subsecretario se abstuvo de profundizar en los detalles específicos de las auditorías, señalando que la forma en que se comunican estos análisis es una competencia exclusiva de la Contraloría. Concluyó que lo importante en esta situación es permitir que las instituciones operen de manera independiente, asegurando que el Ejecutivo estará disponible para colaborar en lo que sea necesario para que se apliquen las sanciones correspondientes y se aclare la situación. (NP-Gemini-Emol-Bio Bio)
Con Información de www.nuevopoder.cl
